Los docentes universitarios acaban de sellar un nuevo acuerdo para elevar la paritaria desde el 35% que habían firmado en mayo hasta un 47%. El nuevo acuerdo surge del adelantamiento de la cláusula de revisión para el mes de agosto y es el resultado de una nueva negociación que se extendió por el lapso de un mes.

Al acuerdo inicial se añadió una suba del 6% para los salarios del mes de septiembre, un 2% en octubre (que se suman al 5%  ya acordado) y un 4% adicional en enero. La suba durante el año paritario alcanzará entonces el 47% e incluye una nueva mesa de seguimiento para la segunda quincena de diciembre. Además se elevó el bono por conectividad desde los $1000 actuales hasta los $2.000 a partir del mes de octubre y hasta el mes de marzo de 2022.

La CONADU conducida por Carlos De Feo suscribió el acuerdo a partir de una aprobación por “amplia mayoría” de los sindicatos de base. Se trata de la federación enrolada en la CTA de los Trabajadores y con una mayor afinidad al gobierno nacional.

Distinto fue el escenario en la CONADU Histórica liderada por Claudia Baigorria e integrada a la CTA Autónoma en la que conviven sindicatos liderados por el oficialismo de esa central y otros en manos de la izquierda clasista. Allí la aprobación no resultó fácil porque, en gran número, las asambleas de base de los distintos sindicatos que la integran rechazaron la propuesta.

El Congreso de la entidad votó el viernes la aprobación del acuerdo pero con un ajustado resultado en el que la aceptación de la propuesta recogió el voto de 48 congresales contra 44 que insistieron en rechazar la propuesta por insuficiente.

Es que, en realidad, más allá de que el 47% de aumento se ubica hoy entre los mejores acuerdos salariales que se hayan firmado, implica un nuevo retroceso si se toman en cuenta las proyecciones de inflación para el período así como los guarismos interanuales que ya superan el 50%. Pero además se produce en un gremio que arrastra un sensible retroceso del salario real.

De hecho, si se tomara el denominado cargo testigo de Ayudante de Primera con dedicación semi exclusiva, desde diciembre de 2016 a agosto de 2021, la pérdida del poder adquisitivo acumula un 27%. Es que, mientras la inflación acumulada en el período llega hasta el 397%, el salario bruto de esa categoría pasó de los $10.493 en diciembre de 2016 hasta los $38.272 en la actualidad en una suba que llegó hasta el 265% y que se plasmó en un retroceso del poder adquisitivo de ese 27%.

De julio de 2020 al mismo mes de este año la suba del salario testigo acumuló apenas un 24% consolidando en apenas un año una caída del salario real del 17%.

Un hecho particular que aportó para que ese retroceso se produjera fue el desconocimiento por parte del actual gobierno del acuerdo paritario que habían firmado las federaciones en 2019 con el gobierno anterior y que incluía una actualización automática por inflación en marzo de 2020. En ese momento la suba que debió ser del 14,6% terminó siendo del 9,7%.