La Secretaría de Empleo, denominación a la que quedó reducido el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, suspendió para el mes de noviembre los Programas de empleo EPT (Entrenamiento para el Trabajo), PIL (Programa de Inserción Laboral), Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Promover. La medida fue denunciada por trabajadores de esa cartera nucleados en la agrupación Violeta, Verde y Blanca de ATE, quienes destacaron que la decisión gubernamental fue comunicada de manera informal a los  jefes de las Agencias Territoriales dependientes de la Secretaría de empleo en todo el país, mediante el envío de un mensaje de WhatsApp a sus funcionarios a cargo, apenas un día antes de que los proyectos se pusieran en marcha.

El motivo de la suspensión es que la Secretaría de Empleo ya no dispone de fondos suficientes para solventar los gastos. Los trabajadores del área denunciaron que el presupuesto asignado fue destinado a otros fines, lo que profundizará la dificultad por incorporar trabajadores y trabajadoras desocupados al mercado laboral. En la misma situación se encuentran los proyectos previstos que comiencen en diciembre, lo cual provoca que los equipos técnicos a cargo de las prestaciones se encuentren desempeñando sus tareas en total incertidumbre.

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La suspensión afecta a 3500 participantes, en su mayoría jóvenes a quienes las Agencias Territoriales de todo el país habían seleccionado para realizar entrenamientos o insertarse en empresas.

La medida es parte del marcado recorte presupuestario que se aplica en el organismo desde el mes de junio, que hasta ese momento tenía asignado una partida por un monto cercano a los 18 millones de pesos. Sin embargo, a partir del segundo semestre del año la orden fue no aprobar ningún proyecto “porque había presupuesto cero”, según detalla el comunicado del gremio, que agrega que la “tarea de informar la medida” debió ser asumida por empleados de la ex cartera de Trabajo que estaban a cargo de la gestión e implementación de los programas de empleo, sin siquiera “contar con una disposición oficial de las autoridades responsables que los proyectos presentados no podrán comenzar”.