La certeza de que los planes heterodoxos no movían la rueda y que se acercaba un escenario de default, porque en algún momento los especuladores iban a dejar de prestarle plata a la Argentina sin importar lo que ésta estuviera dispuesta a pagar de tasa de interés, llevó al ministro de Economía, Domingo Cavallo, a pedir el auxilio del Fondo Monetario. Desde mediados de abril de 2001, una misión argentina se instaló en Washington, con Daniel Marx a la cabeza, entonces secretario de Finanzas y viceministro en los hechos. De allí, el ministro volvió con poco más de U$S 2.800 millones, el compromiso de aplicar el ajuste del blindaje (de fines del año 2000) además de un nuevo ajuste que se sumaba al anterior y, lo más importante, la propuesta de aplicar el megacanje.

Idea de David Mulford, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y en ese momento presidente del Credit Suisse First Boston, apuntaba a canjear los títulos de deuda que vencían en los siguientes cinco años por otros nuevos, con nuevos plazos de vencimiento. Ello despejaría la situación financiera. La Argentina tenía vencimientos de deuda por $ 19.676 millones durante 2001, $ 16.537 millones en 2002, $ 16.328 en 2003, $ 14.599 millones en 2004 y $ 5765 millones en 2005. La suma era de $ 85.767 millones en los siguientes cinco años.

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Al cumplirse un mes desde la asunción de Cavallo en el Palacio de Hacienda, el balance indicaba que, en el último año, los depósitos habían bajado en $ 3000 millones y las reservas en U$S 2500 millones, según los datos de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a los bancos extranjeros. La sangría no se había detenido.

A pesar de la urgencia, el resultado del megacanje fue magro visto desde las necesidades del gobierno. Rescató títulos por U$S 27.022 millones, redujo el pago de compromisos para el periodo 2001-2005 por U$S 13.670 millones y extendió la vida promedio de la deuda en 3,7 años. Ello se hizo a cambio de un incremento de la deuda en U$S 2210 millones y un aumento en el pago de intereses después de 2005 y por los siguientes 25 años equivalentes a U$S 52.171 millones a fines de junio de 2001, cuando se firmó el megacanje.

Los autores del megacanje, Mulford, Cavallo, Federico Sturzenegger y Daniel Marx, además de otros funcionarios de Cavallo de esa época, tuvieron algunos contratiempos judiciales por esta ruinosa operación. Los argentinos fueron acusados de realizar negociaciones incompatibles con la función pública para beneficiar a siete bancos intermediarios que, además de cobrar U$S 150 millones por su participación en el canje, incluyeron sus propios bonos en la operación. Lógicamente, el banco de Mulford –el Credit Suisse First Boston- también fue de la partida. Para la fiscal del caso, Fabiana León, se trató de un salvataje «doloso» de las carteras de los bancos.

A Mulford se lo intentó extraditar aunque sin forzar la diplomacia con EE.UU. hasta que un juez decidió dar por prescripto el caso. Cavallo fue el único juzgado, en 2014, y fue absuelto. Esa sentencia fue ratificada por la Cámara dos años después. El resto fue absuelto sin juicio.

Déficit cero

Una semana después de cerrado el megacanje, el riesgo país volvió a subir y bordeó los 900 puntos. El consenso de los analistas era que la operación no había sido lo suficientemente profunda como para aliviar realmente las finanzas nacionales. Dos semanas después del megacanje, el nuevo bono Global 2008, emitido para la ocasión, había perdido el 22% de su valor y cotizaba a poco más de 77 por cada U$S 100 nominales.

Cavallo seguía improvisando. Anunció un tipo de cambio diferencial para las exportaciones que, en los hechos, significaba la devaluación del peso en un 7%. Así fue leída la medida por el FMI y los especuladores, los que respondieron con una nueva venta masiva de títulos argentinos. Sobre fin de mes, el riesgo país había vuelto a los 1000 puntos, donde se encontraba en marzo, cuando se fue el entonces ministro José Luis Machinea en medio de una corrida furiosa contra el peso y se fugaron poco más de U$S 5000 millones, el récord del todo el año.

Apurado por el FMI y el capital financiero, Cavallo anunció en julio un nuevo ajuste: el déficit cero. Básicamente, significaba que el gasto público se limitaría a lo que se recaudara efectivamente; el objetivo era que la deuda pública dejara de crecer. Con esa excusa se presentó una reducción de salarios de estatales y de jubilaciones desde agosto (ambos a partir de un cierto nivel). Pero los tiempos apremiaban. A mediados de julio el riesgo país ya estaba en los 1600 puntos y las calificadoras de riesgo bajaban la nota de la deuda por la cada vez más evidente incapacidad del gobierno para asegurar el pago de la deuda.

Anunciado en los primeros días de julio, el proyecto de ley ingresó en Diputados el 20 y fue votado enseguida. El Senado lo sancionó a fin de mes.

Con el déficit cero en la mano, Cavallo arrancó una nueva negociación con el FMI, en la que vendría a ser la cuarta corrección al acuerdo original de marzo de 2000. Tras dos largas semanas de negociaciones acordó con el Fondo la entrega de U$S 5000 millones para el Banco Central y otros U$S 1000 millones para el Tesoro, además de U$S 3000 millones como garantía para encarar un nuevo canje de deuda inmediato. El detalle era que el grueso del dinero no iría a garantizar el pago de deuda sino a asegurar la fuga de capitales: esos U$S 4000 millones que fueron al BCRA pasaron, sin pausa, a los bancos a medida que las empresas retiraban los depósitos y los transformaban en dólares. Para que se tenga una magnitud de la fuga, solo entre agosto y septiembre salieron del país U$S 3600 millones, de los que dos tercios correspondió a operaciones de empresas, según un estudio de Pablo Manzanelli y Mariano Barrera entre otros autores, publicado por el CefidAr en abril de 2015. Esta no sería la última vez que el FMI entregaba fondos a un gobierno de Argentina para facilitar la fuga de capitales.

Con el déficit cero y los nuevos fondos del FMI, el gobierno encaró el nuevo canje de deuda. Pero septiembre se complicó cuando el 11 de ese mes se produjeron los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. Durante varios días se paralizaron las operaciones financieras y el interés de Estados Unidos giró bruscamente hacia Medio Oriente y el control de la sociedad civil en su propio territorio.

Con el crédito voluntario del exterior cortado, la caja de conversión de la convertibilidad dejó de funcionar porque era claro que con el nivel de fuga de capitales, en algún momento habría que poner un límite a la salida de dólares. Los reclamos para salir del uno a uno comenzaron a escucharse con fuerza fuera de la Argentina. Joseph Stiglitz, flamante premio Nobel de Economía, llamó abiertamente a abandonarla. Más sorprendentes fueron los comentarios del Tesoro de Estados Unidos en el sentido de que las prioridades serían Brasil y Turquía, dos países donde los cracks financieros estaban a la vuelta de la esquina. La Argentina no figuraba en la lista de rescatados y eso ya indicaba cuál sería su final.