El gobierno ha logrado el objetivo de convertir a las audiencias públicas en una mera formalidad. Tal es así, que las empresas se dan el lujo de no dejar en claro cuál es el aumento que requieren.

Las organizaciones sociales y las cámaras empresarias, con cierta resignación, van a luchar como don Quijote contra los molinos de viento porque saben que el gobierno dará luz verde a cualquier propuesta de las empresas, como ya lo hizo antes. Las experiencias recientes en el interior del país indican que ese es el rumbo.

«Más allá de los cuadros técnicos que ofrecieron, no podemos llegar exactamente a saber cuál será la incidencia del aumento en la tarifa», indicó a Tiempo Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC). El miércoles 7 de diciembre, a las 9, en el Salón de Usos Múltiples Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina, se llevará a cabo la Audiencia Pública para desarrollar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Metrogas y Gas Natural Ban, que determinará el aumento en la boleta del gas que deberán pagar los consumidores. En ese marco, las empresas deben adelantar a los expositores cuál es su propuesta, la cual no queda clara para las organizaciones de defensa al consumidor ni para los representantes de pymes.

Marcelo Fernández, titular de Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), dijo a Tiempo: «No estamos de acuerdo. Si bien no dicen específicamente cuánto es el aumento que quieren, el cuadro que armaron es demasiado pesado para las pymes». En el mismo sentido, expresó: «Veremos si podemos lograr que haya tarifas diferenciales para las pymes porque este tipo de aumentos, que ya son muchos y en todos los servicios, las condena al cierre.» Para Fernández, el gobierno «cumple con los pasos legales que le exigió la Corte Suprema y es muy difícil que den el brazo a torcer. Pero la última vez pudimos lograr el tope de 400%», se esperanzó.

Boada, en tanto, aseguró que otra suba de esta índole es «un despropósito. Hay dos aumentos por semestre. Ya se estableció que el precio del gas en boca de pozo tiene dos aumentos por año; ahora, quieren implementar dos más. Es un combo explosivo», aseguró y agregó: «Tampoco han realizado estudios sobre cuál es la incidencia en los bolsillos de los consumidores. Hay un montón de sectores afectados como pymes, clubes de barrio, comedores, merenderos. ¿Qué va a pasar en mayo o junio? ¿Qué va a pasar con los aumentos en los demás servicios?»

El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, fue al hueso: «Seguimos viendo que Enargas está en manos de las empresas, que tampoco hacen propuestas claras. Están al borde de ser una asociación ilícita porque quien debe controlar al otro tiene los mismos intereses». Bassano le dijo a este diario que las organizaciones están «muy desilusionadas. Las empresas no fundamentan los argumentos. Es muy grave». Además, advirtió que «la estructura del servicio, como ocurre en todo el mundo, debe correr por cuenta del Estado y la están cargando sobre los consumidores». Finalmente, resumió: «Las facturas serán impagables. Estarán, con todos los aumentos previstos, en el orden del 1000 y 1200% de aumento.»

Esta semana, además se realizan audiencias públicas de la misma índole para el Norte, el Centro y el Sur del país. La primera fue el viernes último, en Bahía Blanca, para determinar el RTI de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, además de la de Transportadora de Gas del Sur, que también incide a la tarifa bonaerense. Las quejas partieron desde la Patagonia, donde los reclamos se basaban en la lejanía del lugar de realización de la audiencia pública (AP), lo cual contribuyó a la escasa participación de la población, lo cual atenta contra el espíritu mismo de la audiencia. En el norte, donde la AP se realizará el martes, periodistas locales advirtieron que los inscriptos no superan la decena. Esto responde a la poca iniciativa del gobierno de lograr masividad en estas audiencias y a la resignación de los eventuales participantes de poder lograr incidencia real en la resolución final del gobierno, ya que las AP no son vinculantes.«

A mediados de diciembre se realizará la audiencia por el tarifazo eléctrico

Una semana después de las audiencias públicas por la tarifa del gas en el tramo de distribución y transporte, se realizarán las relativas a las boletas de la luz. El miércoles 14 de diciembre se llevarán a cabo en todo el país las audiencias acerca del tratamiento de la redeterminación de los precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista y su evolución para los próximos años; y la propuesta tarifaria presentada por las empresas de transporte eléctrico para el próximo período quinquenal.

Serán en total siete audiencias en todo el país, divididas por regiones. Las expectativas no son las mejores, ya que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, avisó que habrá cortes de luz en el verano pese a los nuevos y gruesos ingresos de las empresas a partir de los nuevos cuadros tarifarios. «Las políticas energéticas no son de un día para el otro. Necesitamos una mirada de largo plazo. Vamos trabajando para ir mejorando la situación. Hay que entender de dónde venimos y hacia dónde vamos», explicó.

Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó a Tiempo que las empresas energéticas se vieron beneficiadas en tres puntos clave: «La primera es la escandalosa condonación de deudas, que casi alcanza los 20 mil millones de pesos. La segunda es el tarifazo desmedido. La tercera fue hace poco y pasó desapercibida: el gobierno emitió una resolución que acepta una futura baja de calidad en el servicio, por la supuesta imposibilidad de invertir que tuvieron; es decir, van a permitir más cortes, sin resarcimiento a los usuarios. Creo que las empresas no podrían pedir nada más.» «