En enero del 2020 existían 12.190.000 trabajadores registrados en la Argentina. En el mismo mes de 2021, a pesar del decreto de prohibición de despidos y la doble indemnización, el número había caído a 11.906.400. Son casi 284 mil puestos de trabajo registrado menos en solo un año y 381 milmenos con relación a los 12.287.300 que se registraban en diciembre de 2017 cuando se alcanzó el pico de empleos formales.
Sin embargo, la cifra de enero indica una cantidad de 157 mil puestos más que los que estaban activos en mayo de 2020 cuando más se sintió el impacto de la pandemia y las medidas de aislamiento en el mercado de trabajo.
Es esa una de las principales preocupaciones que manifiestan los sindicatos: que la incipiente reactivación se vea interrumpida por la segunda ola y, nuevamente, comience una fase descendente del empleo. Lo mismo con relación a los salarios toda vez quela mediana del salario en enero se incrementó un 30,5% cuando la suba de los precios interanual llegó al 38,2% consolidando, en el sector registrado, una pérdida del poder adquisitivo del 5,8%.
Pero además, las preocupaciones alcanzan también el aspecto sanitario. Gremios docentes reclaman la suspensión de la presencialidad. Se trata del sindicato docente enrolado en la CGT, UDOCBA, la FEB y el sindicato porteño Ademys que parará el miércoles junto con las seccionales opositoras del SUTEBA por ese reclamo y para que se garanticen los recursos educativos básicos para la virtualidad. El gremio docente mayoritario, CTERA, solicitó una reunión con Salud y Educación para evaluar esa posibilidad.
Los gremios de la salud agrupados en FeSProSa aseguran que ya se contagiaron más de 80 mil trabajadores y, por eso, presentaron una carta con la firma de 300 organizaciones y referentes del sector que, junto con Nora Cortiñas, reclaman el cese de la exportación de la vacuna Astrazeneca para su envasado en el país. En el mismo sentido presentaron un proyecto de ley los diputados del FIT-U.
El gobierno, sin embargo, publicó el viernes una resolución que va en un sentido inverso. Allí se habilita a las empresas a convocar a los trabajadores de más de 60 años que ya hayan recibido una dosis de cualquiera de las vacunas.
El secretario adjunto de la CGT y titular del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró a Tiempo que ante la segunda ola “en principio, vamos a poner el hombro y colaborar”.
Para el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, “la principal preocupación es la afectación que puede significar para la recuperación del empleo y el poder adquisitivo”. Sobre el salario, Rodríguez señaló que “hasta ahora no hay indicios para postergar lo salarial. El gobierno ha sido claro con que cerrarán por encima de la inflación. Tomamos esa promesa”.
Con relación a la reciente resolución, el dirigente de la CGT señaló que “la experiencia está indicando que los lugares de trabajo no son lugar de contagio masivo. Se producen en las reuniones sociales y en la circulación”. Como se han ratificado las restricciones en el transporte para los no esenciales las empresas deberían disponer los mecanismos para garantizar su movilidad. Sobre el punto, Andrés Rodríguez señaló que “cada sindicato en acuerdo lógico con las empresas determinará la contención para los afectados”.
Hugo Yasky señaló que “tienen que declarar al Covid como enfermedad profesional. Las vacunas son efectivas pero vamos a analizarlo con nuestros especialistas. Hay jóvenes que no tienen trabajo y se podría evitar que vayan los mayores. La resolución es incongruente con ese espíritu”.
Según datos oficiales, se acumulan 260 mil casos de Covid cubiertos por las ART que implican un reconocimiento de que el contagio se produjo en el lugar de trabajo o “in itinere”.
La Coordinadora Sindical Clasista realizó un plenario virtual este sábado con más de mil dirigentes, delegados y activistas. Una de sus principales dirigentes, la secretaria general del Suteba La Matanza, Romina Del Plá explicó que “votamos reclamar diez medidas de emergencia que incluyen la derogación de la ley de patentes, la centralización del sistema de salud, la suspensión de las clases presenciales y el otorgamiento de instrumentos para la educación virtual, protocolos y testeos masivos en los lugares de trabajo bajo control de los trabajadores, cumplimiento de la ley de teletrabajo y el transporte garantizado por las patronales. Además de garantizar el respeto al salario, la elevación del mínimo al nivel de la canasta básica financiados a partir del no pago de la deuda externa ilegítima y la aplicación de un verdadero impuesto a las grandes fortunas”.
Por último, una de las preocupaciones que plantea la segunda ola está asociada con las condiciones de quienes teletrabajen. Es que el 1° de abril comenzó a regir la ley 27.555 aunque varias patronales interpretaron la norma oficial publicada días antes para intentar eludir las obligaciones que dispone. Con todo, para el titular de UPCN, “la ley de teletrabajo remite a cada convenio colectivo para su implementación y será en ese seno donde se tiene discutir entre la representación empleadora y la del trabajo”.
Yasky, por su parte, opinó que “es como todas las leyes que conquistamos los trabajadores. Hace falta mucho esfuerzo para que caiga en el papel y después hay que redoblar esfuerzos para hacerla realidad. Ninguna ley que favorece a los trabajadores se aplica automáticamente. Pero la tienen que cumplir”, concluyó.
El Consejo del Salario a fines de abril
Uno de los reclamos de la masiva movilización de organizaciones piqueteras de la semana última estaba orientado a la reapertura del Consejo del Salario. Es que, al igual que la jubilación mínima y el salario inicial docente, los montos de los beneficios derivados de los programas sociales dependientes de la cartera laboral se actualizan en función de la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil.
A diferencia del año 2020, cuya convocatoria se dilató hasta octubre cuando en general se reúne a mediados de julio, este año el gobierno decidió convocarlo para los últimos días de abril. Tal como informaron a las organizaciones sociales movilizadas el pasado jueves y ratificaron a Tiempo, la cita se realizará entre el 26 y 27 de abril.
El adelantamiento del debate se da en momentos en que se produjo una pérdida sensible del poder adquisitivo de ese haber que hoy, valuado en $21.600, representa apenas el 37% del valor de la Canasta Básica Total que mide el nivel de pobreza cuando en enero de 2017 representaba el 60% de ese valor.
