A 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, su familia, representada en la causa por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, está a la espera de que la justicia resuelva el pedido de detención de los cuatro policías implicados en el caso y de la solicitud de la recusación del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Mientras, los allegados del chico de 22 años permanecen expectantes respecto a los rastrillajes en las cercanías de la localidad de Mayor Buratovich que pudieran dar con algún dato clave.

En los últimos rastrillajes, llevados adelante en campos ubicados a la altura del kilómetro 780 de la ruta nacional 3, participaron integrantes de la Policía Federal, del Gabinete Científico Pericial y de la Prefectura, siendo clave la intervención de la División Canes y la presencia del adiestrador Marcos Herrero, aportado por la familia de Facundo, cuyos perros dieron con restos óseos quemados que serán sometidos a peritaje.

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Para tal fin, la fiscalía federal solicitó la colaboración de los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), “especializado en casos de desapariciones complejas, para cooperar con los profesionales y recursos técnicos que pudieran ser de utilidad en la investigación”, según se informó en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Esta semana se supo que los peritajes realizados sobre los móviles policiales y un vehículo que habían sido previamente secuestrados dieron como resultado que no registraban manchas hemáticas.

Más allá de los esfuerzos del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, la querella pidió su apartamiento. En el pedido formal ante la jueza María Gabriela Marrón, los abogados Aparicio y Peretto denuncian una “asociación ilícita” entre integrantes de la justicia bonaerense, la federal y agentes de la policía provincial con cierto sector del periodismo con el presunto fin de desviar la investigación.

La querella mencionó además el episodio en el que fiscal federal el 5 de agosto pasado desautorizó al perito de parte, Marcos Herrero, a participar de un rastrillaje en la zona en la que se encontró ropa, una mochila, zapatillas y un jarro de Boca Juniors a medio enterrar, además de huesos que luego se determinaron que no pertenecían a un ser humano.

“Generando gastos, esfuerzos y dolores inmensos para esta madre (Cristina), teniéndola por horas parada al costado de la ruta”, advirtieron los letrados, quienes subrayaron la falta de comunicación con la fiscalía, a la que le achacan tener una actitud “dolosa” y de “malicia reiterada” para con la querella.

De la misma manera, denostaron el pedido de detención formulado por el fiscal por considerarlo “condenado de antemano al fracaso. No vamos a perder el tiempo en analizar el deplorable y escueto escrito”, esgrimieron. Santiago Ulpiano Martínez había solicitado la detención e indagatoria de los sospechosos a partir del análisis de uno de los celulares secuestrados, pero la jueza Marrón consideró que sería una medida prematura.

En tanto, la querella presentó su propio pedido de detención esta semana para tres efectivos de Mayor Buratovich y uno de Teniente Origone, al tiempo que le imputa la comisión de diferentes delitos a once personas más.

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A 100 días de aquel 30 de abril cuando Facundo fue visto por última vez en Pedro Luro, se sabe muy poco de su destino: ese día emprendió un viaje a dedo hacia Bahía Blanca, donde lo esperaba su ex novia, pero a poco de andar sobre la Ruta 3 fue demorado en un retén policial y llevado a la comisaría Mayor Buratovich, donde lo habrían liberado a las pocas horas. Para la familia, la Bonaerense lo volvió a levantar y algo pasó. Cristina Castro recibió un llamado teléfónico de Facundo donde le dijo que no volvería a verlo más. Un pequeño amuleto que le había regalado su abuela y lo acompañaba siempre, fue encontrado esta semana en una inspección en el destacamento policial de Teniente Orione.

Intervención de la CIDH

A principios de julio, la Comisión Provincial por la Memoria se presentó como querellante en la causa al detectar inconsistencias en las declaraciones de los policías y, sobre todo, tras detectar que los investigadores judiciales no se estaban teniendo en cuenta los dichos de al menos tres testigos que habían asegurado haber visto a Facundo subir a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Además, el organismo estableció que el joven era desde hacía unos años víctima de hostigamiento policial.

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Tras presentar una serie de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo internacional ordenó al Estado argentino adoptar “todas las acciones necesarias para proteger la vida e integridad personal” de Facundo.

En ese marco, la CIDH valoró las intervenciones de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de la Provincia para reclamar que la policía bonaerense sea apartada de la investigación.

El pedido nacional

El 30 de julio, a tres meses de la desaparición de Facundo, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifestaron la preocupación por el hecho. “La desaparición de Facundo Astudillo Castro ocurrió (el pasado 30 de abril) en un contexto de graves casos de violencia institucional que se registraron en el país durante los meses de cuarentena”, expresa el comunicado emitido en ese momento. 

“Tal como esta Secretaría ha dejado en claro en sus respuestas a los organismos internacionales, el proceso de búsqueda y el desarrollo de la investigación judicial deben abordar en detalle cada una de las posibles hipótesis que puedan dar con su localización y determinar todas las responsabilidades que correspondan”, se sostiene sobre el joven, en cuyo caso se investiga si está involucrada la policía bonaerense. Por eso, se insiste que “como ha reclamado la familia de Facundo”, se debe “investigar con seriedad la posibilidad de que estemos ante una desaparición forzada”.

Además, de “la actuación coordinada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, se ha requerido el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se han puesto a disposición de la familia, el Programa de Protección a testigos, el acompañamiento psicosocial del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ‘Dr. Fernando Ulloa’, y todo otro apoyo que se pudiera necesitar para la búsqueda e investigación”.