Cuando en 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se anunció que se requeriría la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para el próximo censo, organizaciones de la sociedad civil como Fundación Vía Libre alertaron que aquello implicaba vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, entre otras cosas. Ante el revuelo, las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) decidieron que la cuestión la resolviera la gestión siguiente. Con Marco Lavagna al frente, se sostuvo esa decisión. Y los cuestionamientos volvieron a emerger con la confirmación del censo –bimodal y con DNI- para el próximo 18 de mayo.

Tal como habían anticipado en cartas al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a Lavagna, la Fundación Vía Libre confirmó a Tiempo que formalizará la denuncia judicial por este tema el primero de febrero, apenas concluya la feria judicial. “Ya tenemos armado un recurso, una medida cautelar para solicitar la suspensión del censo hasta tanto estén dadas las garantías de intimidad de las personas”, dijo Beatriz Busaniche, referente de esa organización.

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“Hay muchos elementos para cuestionar. Lo más grave es que se está conformando una base de datos que supone la integración de datos sensibles. Se avanza sobre el derecho a la intimidad de las personas sin que se cumplan los presupuestos mínimos de la ley de protección de datos. Hay un riesgo severo para los derechos sobre datos personales, que tienen rango constitucional en Argentina”, advirtió la especialista. Y señaló que además la medida “subvierte el objetivo del propio censo, que es tener información estadística. Se cambia la calidad del censo, de un censo informativo a una base de datos con una cantidad enorme de información personal, nominada, y que puede suponer no solo una merma en la calidad censal -porque la gente se va a negar a entregar cierta información- sino que supone un riesgo también porque constituye una base de datos muy seductora en términos de ataques. Nutrida, detallada y por lo tanto muy valiosa para el mercado de datos”.

Busaniche recordó que hubo ataques virtuales a organismos como el Renaper y Migraciones, así como a la Policía Federal, que dan cuenta de “un montón de problemas de seguridad de información” por parte del Estado argentino.

“El resguardo de la información se garantizará mediante un estricto protocolo de seguridad informático que almacenará los datos recolectados en los servicios de ARSAT, con los números de identidad de las personas encriptados”, dijeron fuentes gubernamentales a Infobae en torno a este asunto. Para la referente de Vía Libre, se trata de algo “meramente declarativo. Es voluntarismo puro y duro. No tenemos ninguna claridad sobre las medidas de protección. Y si creás un riesgo de tal magnitud para los derechos de la ciudadanía, tenés que justificarlo, no pedir que la ciudadanía dé un salto de fe”.

En ese sentido, contó que cuando desde su Fundación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantuvieron una reunión con el Indec por este tema, las preguntas de los dos especialistas en seguridad de la información que los acompañaron no obtuvieron respuestas. “Tienen un documento de 90 páginas con políticas de seguridad de la información, pero no quiere decir que esté efectivamente implementada y que no haya grietas de seguridad o un empleado infiel”.

Al respecto, recordó que “el procesamiento de los datos lo va a hacer una empresa privada. Los formularios en papel con los datos los va a digitalizar un privado, ya está la licitación. ¿Quién pone el control sobre la seguridad de la información de esa empresa? Hay una doble puerta de ataque”.

La denuncia apunta al mismo tiempo al carácter bimodal del censo, porque para completar los datos de forma virtual no se puede evadir el paso de consignar el DNI. “El e-Censo supone sí o sí la integración del DNI. En el presencial podés no decirlo. Pero no es que esté la opción legal, porque va a decir ‘ignorado’ y se supone que uno no puede mentir”, aclaró.

“Lamentamos que se haya dado continuidad a esta política diseñada en la gestión anterior. Evidentemente no ven la gravedad del problema”, concluyó Busaniche. Una vez que se presente la denuncia, el primero de febrero, “se va a publicar de forma abierta para que la gente pueda apropiársela y presentarla”.