El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elaboró un documento con observaciones a los proyectos de decretos de integridad presentados por la Oficina Anticorrupción (OA), luego del escándalo del correo y la concesión de rutas aéreas, donde Mauricio Macri y varios funcionarios fueron imputados, y que cuestionaron severamente la transparencia de los contratos que el Estado firma con la familia del Presidente.

Para el organismo, “el conflicto de interés se extienden más allá de la compra y contratación de bienes y servicios sino que también se origina a raíz de vínculos laborales y económicos pasados”. El proyecto de decreto de integridad sobre juicios aplica en casos de parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor con el Presidente y/o el Vicepresidente. Establece que, en estos casos, el Estado será representado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que deberá publicar en su web el listado de causas en las que aplica este decreto y el estado de las mismas.

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Previo a cualquier toma de decisión que ponga fin al juicio, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá informar a la OA, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Comisión Mixta de Cuentas del Congreso de la Nación, a la vez que anualmente deberá enviar al Poder Legislativo un informe detallado sobre la aplicación de este decreto.

Sin embargo, uno de los principales problemas de la iniciativa, según el documento, “consiste en que se están excluyendo ciertos vínculos que pueden generar conflictos de intereses”.

“En el supuesto de contrataciones de bienes y servicios –afirma–, el Estado y la sociedad deben poder identificar con facilidad si los funcionarios públicos y los empresarios han tenido conexiones laborales en el pasado. El cese del vínculo laboral no significa de modo alguno el cese de la relación y la influencia personal, como indican ampliamente distintas disciplinas de las ciencias sociales”. Del mismo modo, deberían incluirse los vínculos basados en la pertenencia de varias empresas a un mismo grupo económico.

“Se necesita un cambio de fondo, que en vez de un decreto se discuta una Ley de Ética Pública con la participación de todos los bloques políticos. Una ley tendría más fuerza y legitimidad”, señaló a Tiempo, Agustín Carrara, director ejecutivo de CIPCE. Para él, el conflicto de intereses se ve mejor reflejado en el caso de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) porque “se los trata igual que a un empleado cualquiera”.

El documento explica que “se trata de profesionales que provienen del sector privado y que han asesorado y prestado funciones a personas y empresas investigadas –e incluso sancionadas– por lavado de activos. “Ahora deben definir cómo será el control, supervisión y sanciones que se ejercerán sobre esos mismos sujetos para los que han trabajado previamente”.

Pero no todas son críticas. Carrara destaca como positivo la eliminación del anexo reservado de las declaraciones juradas patrimoniales. “Venimos desde hace mucho tiempo con un sistema donde, por ejemplo, la Corte Suprema se resiste a pasar las declaraciones de los jueces a un organismo del Ejecutivo, porque dicen que así estarían avanzando sobre la justicia, pero no debe ser muy difícil encontrar la forma para que todas las personas puedan acceder a la declaración jurada de cualquier funcionario y de cualquier Poder porque es un principio de transparencia básico. No se les está pidiendo datos sensibles, no se le pide que informen donde vive el hijo, sino datos básicos como cuantos inmuebles tienen”, afirmó Carrara.