La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) fue fundada en el año 2006 mediante la Ley N° 26.168 con el objetivo de desarrollar el saneamiento de la Cuenca. A raíz de varios  reclamos de los vecinos que viven en las inmediaciones, el 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de La Nación dictó un fallo histórico, conocido como la Causa Mendoza, donde le exigió a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, al Estado Nacional, y a la provincia que sanearan la Cuenca Matanza Riachuelo, que atraviesa la zona bonaerense y gran parte del distrito porteño. La zona correspondiente a la Ciudad es catalogada el principal foco de contaminación ambiental que tiene todo el distrito.

Según un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), desde el año 2013 en el Poder Ejecutivo del gobierno porteño, existía la Unidad de Proyectos Especiales de la Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) que tenía como único objetivo articular y coordinar las actividades, acciones y proyectos relativos a la Cuenca entre las diversas áreas de gobierno, con ACUMAR. El auditor porteño, Lisandro Teszkiewicz, indicó a Tiempo que “la gestión de Larreta disolvió ese organismo que tenía que encargarse de sanear del principal foco de contaminación ambiental, y cuando desde la Auditoría revisamos los números, advertimos que más de la mitad del presupuesto que tenía que ser destinado al saneamiento, Larreta lo utilizó en otras cosas”. A finales de 2019 el jefe de gobierno porteño disolvió la UPE y sus funciones se dividieron en dos áreas, la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas –SSAIYPM- y la Dirección General de Políticas y Estrategias Metropolitanas –DGPEM-.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

La Corte ordenó que la Ciudad debía invertir en el saneamiento y atención y control de la salud de los habitantes del lugar, alrededor de 8.500 millones de pesos. El relevamiento realizado asegura que en 2019, la SSAIYPM presentó a ACUMAR una propuesta de inversión de esa cifra $8.499.201.165 de los cuales el organismo aprobó $ 5.277.240.586. En el informe de la auditoría se constató que se habían incluido acciones no estaban relacionadas con el saneamiento que representan el 54,58% de la inversión. En concreto de los casi 8.500 millones de pesos que debían ser utilizados para sanear el Riachuelo del lado de CABA, ´sólo le aprobaron 5.277 millones y la gestión de Larreta apenas utilizó $2.300.096.922, que representa el 27% del total.

“Lo más grave es que suspendieron los controles de los niveles de plomo en sangre de los habitantes de la cuenca que es uno de los temas principales que ordena la Corte en la Causa Mendoza”, agrega Teszkiewicz. El auditor señaló que “hasta 2019 se venían haciendo esos controles, el propio Macri cuando era Jefe de Gobierno lo hizo, Larreta lo realizó en su primera gestión de gobierno y en 2019 lo dejó de hacer”. Cabe destacar la exposición al plomo puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva.

Entre otros datos relevados por la Auditoría, las cuestiones del Saneamiento del Riachuelo no sólo perdieron su nombre, sino que quedaron fusionadas con otras problemáticas del Área Metropolitana y la articulación, y no con los 14 municipios pertenecientes a la Cuenca, sino con los 40 municipios que integran el AMBA, dejando de ser el objetivo principal de un área específica del Gobierno porteño.

Otra de las prioridades ordenadas en la Causa Judicial son los plazos de cumplimiento del convenio, avanzando en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, y respecto a eso ni los gobiernos de Macri, cuando era jefe de gobierno de CABA, ni Rodríguez Larreta después, cumplieron con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Datos que se reflejan en las cifras aportadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a la Auditoría: del total de 2527 familias que viven en la zona más contaminada de la Ciudad se encuentran 1029 para ser relocalizadas. En ese sentido también el informe es contundente: a más de 10 años del Convenio Marco, todavía faltan reubicar a miles de familias que siguen expuesta a la máxima contaminación ambiental.

Sobre el final del relevamiento la Auditoría concluye que “los plazos comprometidos se encuentran vencidos. El objetivo no debería ser, simplemente, mostrar un mayor monto de inversión incorporando obras y servicios que no están relacionados con las prioridades del saneamiento de la Cuenca, mientras se siguen retrasando las obras de relocalización de las personas que siguen viviendo en ambientes altamente contaminados. El objetivo, debería ser, concentrar los recursos para cumplir con la planificación y los tiempos de las contrataciones realizadas de manera de optimizar los fondos disponibles en el Presupuesto para el saneamiento”. La eliminación de los organismos consignados a la limpieza y el saneamiento del Riachuelo; la suspensión de los controles de salud en los habitantes que viven en las áreas contaminadas; y el poco dinero destinado respecto al monto original ordenado por la Corte; dejan en evidencia que la “Ciudad Verde” que propone el jefe de Gobierno de la Ciudad, muestra que es simplemente otro artilugio mediático.