A una semana de la aprobación de la “Ley Farmacity” que ofrece grandes beneficios económicos a empresas privadas que quieran instalarse en los barrios populares de la Ciudad, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, comenzó con el ofrecimiento de terrenos de las villas, actuando de manera semejante a una inmobiliaria.

Casi en las sombras, a espaldas de los vecinos y vecinas de la Ciudad y sólo con invitaciones VIP a diferentes empresas, el ejecutivo porteño dio inicio con su ambicioso plan en los barrios más postergados: “la subsecretaria de gestión de políticas productivas lo invita a participar de la recorrida por los barrios populares con la finalidad de conocer en terreno las posibilidades de desarrollo urbano y de negocios que ofrece el distrito social y la integración de los barrios populares”, detalla cada una de las invitaciones. La primera recorrida por los barrios populares fue este jueves y estuvieron presentes, la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore y el titular de la cartera de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti.

El tour empresarial se realizó por la villa 31, el Barrio Rodrigo Bueno, y el playón de Chacarita y hasta contó con un almuerzo ejecutivo para los empresarios que asistieron. “Nos desayunamos con esta invitación de la ministra Migliore que ayer citó a empresas a recorrer los barrios para ver en qué terrenos se van a asentar sus negocios. Nosotros y nosotras desde las villas no queremos estas empresas, sino que se fomenten los negocios barriales que permita a los microemprendedores poder trabajar en nuestros barrios”, señala a Tiempo Silvana Olivera, vecina de la Villa 31 e integrante de la Mesa de Urbanización del Barrio Padre Mugica. “Ellos vienen con estas grandes empresas a quebrar los negocios barriales, hace poco nos pusieron un Supermercado Diarco y ocasionó que muchos negocios locales cerraran. Están haciendo una gentrificación encubierta”.

El Barrio Padre Mugica fue siempre codiciado por el macrismo. Sus tierras son enormes porciones de lotes en una de las zonas más caras de la Ciudad; y además resultan estratégicas, en el medio de los dos grandes corredores de perfil urbano privado que impulsa el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre Costanera Norte con el Distrito Joven y Costa Salguero, y luego el sur, con Puerto Madero, el futuro Barrio IRSA y su conexión con La Boca. Por eso, vecinos, vecinas y comerciantes de la ex Villa 31 encendieron las alarmas ante lo que consideran una nueva embestida disfrazada de “desarrollo económico” en barrios populares, con la ley aprobada el último jueves que incentiva la radicación de grandes empresas a cambio de beneficios impositivos. Y en el caso de la 31, lo harán sobre tierras que aún están en conflicto con Nación por la entrega repentina que realizó Mauricio Macri a CABA cuando fue presidente. Mientras tanto, el proceso de urbanización (dictaminado por ley) arrastra estancamiento y subejecuciones.

La “Ley Farmacity”, aprobada el jueves de la semana pasada, otorga eximiciones de Ingresos Brutos de hasta el 80% a las grandes empresas que se instalen en alguno de los cuatro barrios populares que tienen leyes de urbanización (la ex villa 31, la 20, la Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita). El primero en adquirir una licitación para ubicarse en un par de estos barrios, fue Farmacity, la firma cuyo titular durante años fue Mario Quintana, ex funcionario del gabinete nacional de Mauricio Macri. La Ley no especifica ningún apoyo para el fortalecimiento de las actividades económicas que ya se realizan en los barrios populares, “negándoles incluso la posibilidad de inscribirse al registro previsto por la ley”. La norma estipula únicamente un cupo del 30% de trabajadores de estos barrios en las empresas que se instalen, aunque no es obligatorio. Solo contratarán gente ‘local’ si existen los “perfiles” requeridos por las empresas. Tampoco habrá capacitaciones.

Competencia desigual de las grandes empresas por las tierras

 “El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con llamativa celeridad un proyecto que favorece a empresas externas a los barrios y genera una competencia desigual entre esas empresas, favorecidas por las políticas públicas, y trabajadores y trabajadoras de la economía popular de esos barrios que, sin apoyo gubernamental, intentarán sostener sus actividades económicas”, apuntó la multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y al hábitat HABITAR.

“El proyecto no pone límites ni establece formas de control alguno a la enajenación de la posesión del suelo, los monopolios, el aumento del costo de los alquileres y del costo de vida en los barrios populares –añaden desde HABITAR–, por lo que en el mediano plazo se generarán desplazamientos de población que no podrá sostener la reproducción de su vida, tanto por el encarecimiento de viviendas, alquileres y consumos, como por la destrucción de sus puestos de trabajo, todo en abierta contradicción con las leyes de reurbanización que tienen como objeto la radicación definitiva de las y los habitantes y el desarrollo de sus actividades económicas”, concluyó.