El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ registró durante 2020 152 crímenes de odio en todo el país. Crímenes en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. El 84% afectó a mujeres trans -travestis, transexuales y transgéneros-. De los crímenes contabilizados, el 57% (86) corresponden a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural.

El Observatorio, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT, presentó la semana pasada su Informe Anual sobre 2020 y concluyó que “la situación de extrema vulnerabilidad de las personas trans, de la que dan cuenta estos números, se profundizó con la pandemia”.

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En ese sentido, explicaron: “Entendemos que, en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialmente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas”.

Además, advirtieron que los datos relevados “no son exactos -ya que incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por el CeDoSTALC- y únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”.

De todos los crímenes de odio registrados, el 57% fueron asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% correspondieron a lesiones al derecho a la integridad física: violencia física que no terminó en muerte. Entre los casos fatales hubo 14 asesinatos -10 a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; 5 suicidios y 67 muertes por abandono y/o ausencia estatal histórica y estructural. Todas ellas, de mujeres trans.

“Lo más trascendental (que muestra el informe) es que la gran mayoría de las muertes y violencias tiene que ver con compañeras trans y la gran mayoría tiene que ver con ausencia del Estado. De ahí que impulsamos la Ley Integral Trans”, planteó Matías de Volder, vicepresidente de la Federación, en diálogo con Tiempo. Y agregó: “El cupo laboral salió, pero es una respuesta que les sirve a pocas. Para trabajar en el Estado tiene que tener secundario completo y muchas en todo el país ni siquiera terminaron la primaria. Las compañeras trans que lograron sostenerse en sus familias, la mayoría terminó sus estudios, pero eso es de las pocas que siguen en el seno familiar. La ley de cupo laboral que salió es para una población súper acotada, con cierta edad, con determinada formación. Nuestra experiencia en los cupos a nivel provincial y local es que son muy pocas las compañeras que logran acceder”, señaló, y dio el caso de Rosario –donde se desempeña-; el cupo laboral estatal está vigente desde 2016 e ingresaron desde entonces 15 personas, cinco de ellas la semana pasada.

Además, teniendo en cuenta que el promedio de vida de esta población es de alrededor de 40 años, De Volder (director del Centro Residencial Vivienda Acompañada, coordinador de Unidos Todos Asociación Civil y educador de la Dirección de Juventudes de Rosario)  remarcó que la iniciativa de una legislación integral –presentada ya en el Congreso, pero no en vías de ser tratada- contempla recursos para las distintas etapas: formación para las más chicas, inclusión laboral para la mediana edad y algún tipo de pensión para las mayores. “La población trans en el país es muy pequeña (se estima en nueve mil personas, según quienes hicieron el cambio de DNI en todo el país). El Estado podría tener una acción más concreta; alcanzar a la totalidad de la población trans con una política integral no sería imposible para el Estado”.

El relevamiento mostró que el porcentaje más alto -34,21%- de crímenes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, con el 14,47%, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre los sitios donde ocurrieron, el porcentaje más alto sucedió en la vía pública (55% de los casos). “En general durante la pandemia hubo un crecimiento importante de la violencia policial, en nuestro informe el 11 por ciento de las situaciones tienen que ver con esto y más de la mitad se da en la calle”, alertó el referente.