Capacitar, tender redes, visibilizar, incluir. Desde los gobiernos municipales, con acciones y medidas simples y de implementación rápida, es posible contribuir a la protección de los derechos de las personas mayores LGBTI+. Un documento compila recomendaciones en ese sentido: fue elaborado tras la última encuesta a la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM) desde la biblioteca popular Crisálida de género, diversidad afectivo sexual y derechos humanos y Matria, instituto sobre cuestiones de género y Central – Espacio de Ideas; con el aporte de Córdoba Diversa.
Las recomendaciones “obedecen a la necesidad de dar respuesta a fenómenos de carácter global en las sociedades contemporáneas, pero que en los municipios y comunas se están visibilizando de manera muy significativa”, plantea el documento. Y señala que muchas personas menores de 30 años migran a las grandes ciudades, quedando las mayores en municipios y comunas del interior, al tiempo que muchas personas mayores LGBTI+ eligen esos espacios para residir en la vejez. “Si bien no podemos hablar de un colectivo de personas mayores LGBTI relevante cuantitativamente, están en un proceso de generación de redes y reclaman participar desde un rol más activo en la vida pública y la gobernanza de municipios y comunas. Buscan contribuir a una manera de hacer política, más relacional y cooperativa. En definitiva, ser partícipes activos en su integración de pleno derecho en la toma de decisiones sociales, de salud, comunicacionales y políticas”.
En función de ello, el documento insta en principio a “sensibilizar a trabajadores/as del municipio, a los equipos técnicos, y proveedores de servicios sobre las necesidades de las personas mayores LGBTI+”, revisando programas y servicios existentes para la inclusión de personas mayores LGBTI+. Entre otras cosas, se remarca que “es necesaria la efectiva aplicación de la Ley Micaela” y la “creación de protocolos integrales de actuación para garantizar los derechos y la protección de las personas mayores LGBTI+ en situación de vulnerabilidad, en particular para asegurar los procedimientos que permitan realizar las denuncias y recibir asistencia inmediata”.
El material apunta también a la importancia reforzar las políticas de seguridad alimentaria y gestionar el acceso a subsidios, así como de garantizar espacios libres de violencias y discriminación en hogares de día y noche para personas LGBT en situación de calle. También se propone brindar servicios especializados que contemplen asesorías jurídicas, sociales y de acceso a salud mental, junto a acciones que promuevan la inclusión educativa y laboral. Así como impulsar y abordar iniciativas de ordenanzas presentadas por las propias personas mayores LGBTI+.
Para definir e implementar este tipo de medidas, el documento señala la necesidad de realizar un relevamiento de las personas mayores LGBTI+ que viven en el municipio y de reforzar la articulación de los gobiernos provinciales y municipales con las organizaciones que asisten en los barrios, así como impulsar la creación de Mesas Locales de Diversidad. También se remarca específicamente la importancia de “garantizar una organización social de las tareas de cuidado que evite que recaigan sólo sobre las mujeres y que fortalezca el carácter colectivo de la responsabilidad de cuidar a personas mayores LGBTI+”.
En cuanto a los institutos de formación profesional gerontológica, se propone brindar capacitaciones específicas sobre diversidad sexual e identidades de género en esos espacios. En materia de visibilización y acceso a la información, se promueve reforzar las medidas de difusión sobre los servicios de asistencia y protección para las personas LGBTI y la difusión de información clara “que permita desmontar mitos y prejuicios en relación a la orientación sexual e identidad de género. Los mensajes que se emitan de manera institucional deben ser claros y sencillos, esto es fundamental para su eficacia”.
Por último, el documento convoca a “avanzar en programas de alfabetización digital y de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs)” y promueve la vinculación de mayores con ellas, así como la realización de un seguimiento actualizado de las residencias para personas mayores que funcionen en el municipio, contemplando el desarrollo de dispositivos para tener en cuenta la opinión de residentes y/o familiares sobre estos desarrollos.
“Muchas de las propuestas organizativas de inclusión de personas mayores LGBTI+ descritos a lo largo de este documento no requieren financiamiento adicional ni implican nuevos recursos. A menudo se trata de una simple cuestión de garantizar que los programas existentes pueden ser inclusivos para LGBTI+, haciendo que los servicios sean más eficiente al atender a las comunidades y colectivos más necesitados”, concluye el material elaborado por Matria y Crisálida.
