Argentina se prende fuego. Nueve provincias ya registraron incendios forestales y solo en el Delta del Paraná y Córdoba, las zonas más afectadas por las llamas, más de 230 mil hectáreas de monte y bosque fueron convertidas en un piso de cenizas. Si bien este año coincidió con una bajante histórica del río Paraná y una época de poca lluvia –julio fue el sexto mes más seco en 100 años–, la quema intencional de pastizales, principalmente para emprendimientos ganaderos e inmobiliarios, provocó este desastre ambiental en medio de una crisis sanitaria por la pandemia mundial de Covid-19.
Según el reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), al jueves 27 de agosto Catamarca, La Rioja, Santa fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Salta y Misiones se encontraban afectadas con incendios. El mismo informe destacó que el Gobierno nacional desplegó a esos territorios recursos humanos (agentes de Policía Federal, Prefectura Naval y Brigadistas) y materiales (aviones y vehículos hidrantes), incluso, el propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, viajó a Córdoba, sobrevoló las zonas arrasadas y visitó el centro de operaciones instalado en Cosquín.
“Las consecuencias son terribles. Esto es un ecocidio”, reflexionó después en una entrevista con El Destape Radio. “Más del 90% de los incendios tienen intencionalidad. Estamos apagando fuegos permanentemente, pero a los tres o cuatro días los vuelven a encender. La Justicia tiene que detener a los responsables de las quemas». En ese sentido, el SNMF precisó que «el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas» y entre los principales motivos destacó «la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras».
Solo en Córdoba, la superficie afectada por el fuego supera las 40 mil hectáreas. Desde hace 15 días los bomberos y brigadistas combaten los focos que, al comienzo, se concentraron en el departamento de Ischilín hasta que se desplazaron a la zona del Valle de Punilla, comprometiendo las localidades de las Sierras Chicas, como La Calera y Villa Allende.
En el Delta del Paraná el panorama también es desolador. De acuerdo al relevamiento del SNMF, casi 199 mil hectáreas fueron incendiadas, destruyendo kilómetros cuadrados de humedales que, entre otros beneficios, previenen inundaciones, potabilizan el agua y ayudan a mitigar el efecto de las sequías.
“Este es un año extremadamente seco, pero más allá de los ciclos naturales, estas sequías están potenciadas por el avance del cambio climático. En este contexto, los eventos extremos como las propias sequías, las inundaciones o los huracanes en el Golfo de México, son cada vez más duraderos e intensos. Este es el panorama general para entender porque, no solo la Argentina, sino el continente entero se está prendiendo fuego”, explica Leonel Mingo, coordinador de Campañas de Greenpeace.
“Sumado a lo anterior –continúa– hay una mano humana nefasta; en primer lugar, emprendimientos ganaderos, y después inmobiliarios, que destruyen miles de hectáreas de bosque nativo. Eso es lo que está pasando en el Delta y en Córdoba en este preciso momento”.
Mingo destaca que los incendios intencionales no son algo nuevo y que se repiten año tras año por una simple razón: no se castiga a los responsables.
“El Delta se prende fuego hace 10 años, solo que en el 2020 fue más intenso por la sequía y el cambio climático. Esto pasa porque nuestros recursos naturales están a la buena de dios. Más allá de que algunas provincias están sacando regulaciones, destruir humedales hoy no es ilegal. Por eso la necesidad urgente de una ley que los proteja”.
Una estrategia macabra
Los incendios en Córdoba tienen un acumulado histórico que invita al espanto: la provincia ya desmontó 12 millones de hectáreas y, según los cálculos más optimistas, solo un 3% de bosque nativo original queda todavía en píe, culpa de la voracidad del desarrollo agropecuario e inmobiliario.
“Hoy (por el jueves) es el quinto día seguido que me asomo al balcón y veo fuego en las sierras. El lunes era pavoroso ver la altura de las llamaradas, el humo, la desesperación de la gente porque todo lo que está ardiendo es irrecuperable”, se lamenta Ángela Alessio, integrante de Mendiolaza Viva, una organización civil nacida de la resistencia de los vecinos ante el avance de los proyectos privados en la zona.
“Las Sierras Chicas –explica– es uno de los pocos reductos de bosque nativo que quedan en Córdoba y eso despierta mucho interés inmobiliario, lo que causa la situación dramática que estamos viviendo. El deterioro provocado por un incendio modifica el uso del suelo y eso posibilita la especulación de estos emprendimientos. Esa estrategia de quemar, de arrasar para después convertir esas tierras en proyectos privados es muy común y está consensuada con funcionarios municipales y provinciales”.
Desde Greenpeace advierten que “las multas no son suficientes para desalentar incendios intencionales y desmontes ilegales” y destacan que los responsables “casi nunca son obligados a reforestar”. La organización ecologista considera necesario que esas prácticas “se cataloguen como delito penal” al tiempo que exigen a los gobiernos que establezcan “políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes. Ante la actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad es urgente avanzar hacia un plan de Deforestación Cero”.
Martín Vázquez es brigadista forestal. Varias noches de las últimas dos semanas las pasó en zonas de difícil acceso y llenas de quebradas, combatiendo incendios de hasta 10 kilómetros de frente. Si hay alguien a quien hay que escuchar es a él: “Lo que sucede en Córdoba y en todo el país –dice– no es nuevo; siempre hay una época de sequía. Lo que ocurre este año es una combinación del clima perfecto para un incendio y el mal uso del fuego. Por un lado, está la gente que quema los campos para la pastura de los animales y, por otro, los intereses inmobiliarios. Es algo sistemático y coordinado. Prende fuego uno y prenden fuego todos”.
Vázquez admite que le dolió enterarse de que el gobierno provincial había declarado la emergencia agropecuaria porque, según él, demuestra el poco interés de los políticos en el cuidado del ambiente.
“Casi el cien por ciento de lo que se quemó era bosque nativo, es decir, zonas rojas que no podían desmontar. Pero cuando se quema, la zona deja de ser roja. Es una estrategia macabra y perfecta. Un magnate con el dinero suficiente puede arrasar el bosque y dejarnos a todos sin naturaleza”, y agrega, casi como un ruego: “esta realidad la cambiamos entre todos, tenemos que juntarnos y ´pechar´ para adelante, no podemos dejar que se sigan incendiando las sierras porque estamos quemando el colchón de semillas para nuestro futuro”.
