El 30 de noviembre es la fecha tope. Si no se trata hasta entonces, el proyecto para modificar la Ley de Agrotóxicos (formalmente llamada de Productos Fitosanitarios) y alejar las fumigaciones de zonas habitadas, casas y escuelas en Santa Fe volverá a perder estado parlamentario. Por sexta vez. “Lo venimos pidiendo desde hace años. Pero esta vez ni siquiera pasó de la primera comisión”, lamentaron desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos, que participó de una reunión con la Comisión Bicameral donde sólo encontraron una respuesta “vacía”.

“Lo venimos pidiendo hace años, pero este año tuvo un par de agravantes. No pasó de la primera comisión; generalmente avanza y se traba en otras o llega a recinto y se traba en el Senado. Esta vez el proyecto ni siquiera salió de la Comisión de Ambiente. Siempre trabado por intereses económicos, es lo que vemos. No solo no avanza a nivel provincial sino que las comunas, los municipios, no respetan ni siquiera la vieja ley de 500 metros de distancia para las fumigaciones”, advirtió Sergio Gorosito, miembro de la Multisectorial.

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Vecino de Pueblo Andino, Gorosito sufrió durante años fumigaciones “a 30 metros de casa”. Recién este año, por una ordenanza local, se alejaron a 100 metros. Mucho menos de lo que pide el proyecto de ley estancado en el Congreso provincial, que exige 1500 metros de resguardo para las fumigaciones terrestres, prohíbe las aéreas y plantea otras cuestiones como que los bidones usados para cargar agrotóxicos solo puedan ser reutilizados para el mismo fin. “También pedimos sanciones más severas para quien incumple y que los menores no manipulen agrotóxicos: en algunos lugares los hacen lavar los bidones antes de tirar o reutilizar”.

“La reforma a la ley de agrotóxicos provincial no es un reclamo de libre disponibilidad para los representantes políticos del parlamento santafesino. Están literalmente obligados por la constitución nacional y los tratados de derechos humanos y ambientales, a actualizar la normativa vigente a los fines de que guarde congruencia no solo con las disposiciones legales vigentes sino también con las recomendaciones e informes de situación de Comités Consultivos, Relatorias de la ONU o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Ambientales, que realizan no solo una feroz y fundada crítica al modelo agroindustrial hegemónico, sino que además insisten con la implementación urgente de un sistema de producción de alimentos soberanos bajo el discurso, saberes y prácticas vinculadas a la agroecología”, remarcó Rafael Colombo, co-fundador de Capibara-Naturaleza, Derecho y Sociedad, integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas y quien participó en la reunión como abogado de Paren de Fumigarnos. “De lo que se trata –añadió- es de garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, al disfrute del nivel más alto posible de salud, la protección especial de los niños, niñas y adolescentes y el respeto y protección del ambiente y los derechos de la naturaleza”.

En la reunión con legisladores, además de presentar estudios científicos que dan cuenta del efecto nocivo de los agrotóxicos sobre la salud y el ambiente, vecinos y vecinas de los pueblos fumigados pudieron contar cómo sufren el tema en carne propia. Gustavo, por caso, vive en Álvarez y contó que padece de Linfoma no Hodgkin, una enfermedad íntimamente ligada al uso de los agrotóxicos: “Desde el 2011 esta enfermedad se manifestó más agresiva hasta el punto en que tuvo que realizarse un autotrasplante de medula ósea entre otros tratamientos. Coincide con el tiempo en que se dieron mayor cantidad de fumigaciones en la zona en donde vive”, contó Gorosito. Norma, de Cañada Gómez, dio cuenta de las diversas patologías que sufre, entre ellas “deformidad de rostro cada vez que fumigan”. Durante muchos años estuvo expuesta a fumigaciones a 15 metros de su casa, que luego se ampliaron a 150, sin que las dolencias disminuyeran.

“La respuesta fue general, muy vacía, como para conformarnos. Que están interesados en que la vieja ley se reforme, que hay que seguir conversando. Pero estamos a menos de dos meses de que pierda estado parlamentario. Antes de invitarnos se reunieron con el Inta, con el Senasa, con la cámara que produce agroquímicos y el gremio de productores. No sé qué más quieren seguir conversando, está claro que no tienen buenas intenciones”, concluyó Gorosito. Alertó que allí “los casos de cáncer han aumentado en estos años, y los abortos espontáneos. Pero hay mucha gente que no se anima a denunciar, a ponerse en contra del campo, porque en los pueblos cuando te ponés en contra de algo la persecución política se hace pesada”.

Carlos Manessi, también referente de Paren de Fumigarnos, remarcó que “desde 2010 venimos tratando de modificar la ley, que está totalmente desactualizada porque fue dictada en un momento donde no existía la soja por ejemplo. No contempla la agricultura como hoy la conocemos”. La Ley Provincial 11273, de hecho, fue sancionada en 1995. “Lo que pensamos es que definitivamente va a perder estado parlamentario. Por sexta vez”, lamentó. Aunque guarda alguna expectativa de la mano de la visibilización y la concientización. “Es un tema transversal en la sociedad. En muchos pueblos apoyan hasta las iglesias, hemos conseguido que los agrotóxicos sean vistos como venemos que impactan en la salud de las personas. Hoy en Santa Fe mucha gente sabe que son nocivos para la salud, cosa que hace seis o siete años era imposible”. Recordó, además, los fallos judiciales de 2009 en San Jorge y de 2020 en Sastre que ordenaron alejar las fumigaciones de los pueblos.

“Nuestra campaña comenzó el 27 de septiembre de 2006, el Día de la Conciencia Ambiental. Desde ese momento venimos bregando para que cambie esta situación. Llegamos a la conclusión de que la única manera iba a ser modificar las leyes vigentes, que permiten que fumiguen frente a las casas en los pueblos –dijo Manessi-. Primero, necesitamos la ley. Después, hacerla cumplir”.