“Ya se vacunaron a todos los residentes en el Sur provincial”, anunció el gobierno de Mendoza el 29 de abril, mediante un comunicado. Poco más de un mes después un brote de contagios de coronavirus sacudió al geriátrico San Luis Gonzaga, en Monte Comán. Murieron 15 ancianos que, según se supo luego, no estaban vacunados. El dueño es un ex sacerdote antivacunas imputado en una causa caratulada como homicidio culposo, junto a una médica y una responsable de enfermería. Desde la oposición apuntan contra las responsabilidades políticas por desentenderse del control de la inoculación de ancianas y ancianos internados en residencias.

La investigación judicial está a cargo del fiscal de instrucción de San Rafael, Javier Giaroli. En un primer momento la causa estaba caratulada como averiguación de causales de muerte, pero “existiendo la posibilidad de que se haya incumplido el protocolo de covid en geriátricos, se cambió a homicidio culposo”, explicó el funcionario a Tiempo. “Varios aspectos llaman la atención: 15 personas muertas en 10 días, no vacunadas cuando hacía varios meses que habían sido inoculados los ancianos, y luego del primer caso las 14 muertes ocurren en el lugar. Ahí está el tema de la violación del protocolo, que establece la internación obligatoria para casos confirmados o sospechosos en personas de riesgo”, dijo Giaroli.

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El ex sacerdote a cargo del hogar es Fernando Yáñez, quien ya estuvo en la mira de la Justicia tras una denuncia por abuso de menores, en un hogar que llevaba el mismo nombre que la residencia para mayores. Yáñez fue absuelto en 2019, luego de que el denunciante no corroborara sus dichos. Tras las muertes en el geriátrico, se abstuvo de declarar. Pero tanto en diálogo con la prensa como durante inspecciones realizadas por organismos en el hogar manifestó su postura antivacunas.

“Es una persona muy verborrágica y ya solicitamos audios y videos a los medios donde manifiesta en una entrevista que no se vacunó. Nadie estaba vacunado, ni él ni el personal. Él manifestó que no cree en la vacuna. No se descarta que todo haya ocurrido en un contexto de postura antivacunas, por postura religiosa o filosófica”, señaló el fiscal.

Cristina Lattanzio, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Mendoza y de la agrupación Jubilados y Pensionados Autoconvocados local contó que visitó el lugar como parte del Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura. “En la investigación ocular le preguntamos si estaba vacunado. Dijo que no. Que era antivacunas porque algunos amigos habían muerto, sacó una nota sobre el caso de Mauro Viale”, recordó.

Lattanzio contó que “quedan seis sobrevivientes, algunos sin familia, y el caso salió a la luz a partir de una entrevista que le hicieron a una señora ya en su casa, de más de 80 años, que cuenta toda la historia de lo que pasó y dice que al hijo lo llamaron para firmar el consentimiento de la vacuna tres veces, pero nunca la vacunaron”. La mujer se llama Simona Cruz Hermida y habló con Canal 6; su hijo confirmó la firma de la documentación. Uno de los argumentos que dio la residencia fue que cuando llegaron las vacunas contra el coronavirus recién habían recibido la de la gripe, por eso no las aplicaron. Pero los tiempos desmienten esa versión.

Responsables políticos

Desde la APDH local, Lattanzio apuntó además sobre el manejo oficial de las vacunas a residentes en el distrito. “En el sur de Mendoza fue muy desprolijo. Se entregó a los lugares privados y adentro había que arreglarse. Esto trajo por ejemplo que el dueño de tres geriátricos empiece a vacunar amigos y conocidos; a él le hicieron un allanamiento en la casa y estuvo detenido. Pero a través de la APDH lo que decimos es que es una cadena de negligencias”, cuestionó, y contó que se envió un petitorio sobre el tema al Ministerio de Salud, junto con la Liga de los Derechos Humanos, sin respuesta.

“El doctor Abel Freidemberg, encargado de la coordinación en el sur de Mendoza se lavó las manos diciendo que la vacuna no era obligatoria. Ya vulneraron derechos de las personas adultas, y de quienes ya de por sí son vulnerables. Algunos no están en condiciones de elegir. Alguien debió haber tomado la responsabilidad de vacunar a estos adultos mayores”, remarcó Lattanzio.

El concejal peronista Nadir Yasuff también apuntó contra Freidemberg, candidato en la lista oficialista del Frente Cambia Mendoza. “Presenté un pedido de informe en el Concejo. Ayer insistimos a través de nuestros legisladores en la audiencia que dio la ministra de Salud en la Legislatura. El gobierno responsabiliza a los médicos y enfermeros y propietarios y avanzó la judicialización, pero queremos apuntar la responsabilidad en quienes debían controlar la vacunación en los geriátricos”, resaltó.

“Hoy está todo direccionado al personal y propietario. El padre Yáñez goza de no muy buena reputación por casos anteriores con la justicia y era un blanco fácil para incriminar, para distraer la investigación en términos de opinión pública. Lo que sostenemos y denunciamos y pedimos explicaciones es que es un acto de responsabilidad de Abel Freidemberg, del ministerio de Salud en zona sur, que hoy es candidato a senador sin ningún costo político por los escándalos en torno a la vacunación, que fueron producto de la desidia”, lanzó el concejal. Cuestionó la decisión de la Provincia de “delegar o tercerziar en los propietarios de los geriátricos la responsabilidad de la vacunación de los residentes, sin control alguno. Pasaban la planilla los propietarios y no había una devolución o un control de qué había pasado con esas vacunas”.

A nivel judicial por el momento se secuestraron historias clínicas, dispositivos electrónicos de Yáñez y documentación del geriátrico, mientras se les toma declaración a los residentes que sobrevivieron al brote. Si bien el fiscal no descartó que las pesquisas puedan avanzar hacia otras áreas, opinó que “hay un cuestionamiento político con respecto al sistema que se adoptó en san Rafael para dar las vacunas en geriátricos. Se hizo como se hace con la antigripal, entrega a demanda a médicos y enfermeros de cada residencia. Por el momento no tiene relación de causalidad con las muertes, más allá de que tal vez haya sido una decisión poco feliz”.