El dato ya no sorprende, pero refuerza las alarmas que se encienden desde las comunidades. El distrito de General Belgrano – en el centro este de la provincia de Buenos Aires, a 162 kilómetros de CABA- presentó los resultados del estudio sobre plaguicidas en su agua, aire y suelo, donde se detectó la presencia de 34 de los 51 plaguicidas estudiados, con por lo menos tres de estas sustancias en cada muestra analizada. El informe se realizó por impulso de la Asociación Civil Convocatoria Ambiental General Belgrano, conformada por vecinos y vecinas que tras intentar sin éxito que el estudio lo propiciara el Municipio se ocuparon de reunir los fondos para costearlo. Como viene pasando en otros puntos del mapa, con Lobos y Pergamino como casos pioneros.

“La muestra que más cantidad de principios activos presentó fue una muestra de agua subterránea de pozo de un domicilio particular del casco urbano de General Belgrano, con un total de 21 moléculas determinadas”, indica el informe, presentado el jueves último en el Concejo Deliberante local. “El glifosato y su principal producto de degradación, el metabolito AMPA, fueron los compuestos que se presentaron en mayor concentración, respecto al total de las muestras”, señala el documento. “En términos de frecuencia de detección de plaguicidas, el DEET (repelente de insectos) fue el principio activo más identificado, estando presente en el 92% de las muestras”.

“Los resultados arrojaron algo preocupante. En todas las muestras hay por lo menos tres compuestos químicos de los que buscamos. En algunas muestras de agua, hasta 21. Se sigue comprobando que los compuestos no quedan en los campos sino que se movilizan a las ciudades, a lo urbano y periurbano. Están en todos lados”, concluye Máximo Fourcade, de Convocatoria Ambiental. Desde ese espacio ahora impulsan una nueva colecta, para mandar a analizar un muestreo de agrotóxicos en orina humana.

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Lobos marcó el camino que hoy sigue General Belgrano

La preocupación de vecinos y vecinas de General Belgrano ante las fumigaciones por agrotóxicos es de larga data. Hace una década se logró la aprobación de una ordenanza para regular los metros de distancia desde las fumigaciones hasta los ámbitos urbanos y las escuelas rurales. Pero nunca se terminó de reglamentar. Con el paso del tiempo y la falta de respuestas, la organización ambientalista local comenzó a cobrar fuerza.

“El año pasado vemos el antecedente de Lobos, que larga el estudio y los resultados y enciende la alarma. Todos sabíamos, pero ellos lo confirman con el monitoreo y empezamos a pensar en hacerlo acá. Lo primero que hicimos fue mandar una carta al Municipio dirigida al intendente para que hicieran ellos el estudio, como Estado. Esa carta nunca tuvo respuesta –relata Fourcade- A fines del año pasado empezamos a pensar alternativas para hacerlo por nuestro lado y formas de juntar la plata”.

Además de colectas por Instagram, ‘cafecitos’ (formas virtuales de recaudación) y aportes de las y los miembros de la organización, el grueso del dinero necesario para analizar las muestras de suelo, agua y vegetales (para medir la presencia de las sustancias en el aire) provino de una ONG alemana que ayuda a financiar proyectos en distintas partes del mundo. “Decidieron donar esa plata para que pudiéramos costear gran parte del estudio: gastamos 120 mil pesos y ellos nos dieron como 80”.

La toma de las 13 muestras en distintos puntos de General Belgrano (agua superficial, subterránea, suelo y material vegetal en torno a escuelas y plazas, por caso) se concretó entre fines de febrero y principios de marzo. Con registros de cada paso y participación de distintos actores –incluso, una escribana- para que el proceso luego no pudiera ser cuestionado. Aunque, como en casi todos lados, hubo intentos por deslegitimarlo. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Planta y Agua de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Balcarce.

“Le dijimos al Municipio que teníamos la plata, porque si querían formar parte era mejor que participara la mayor cantidad de instituciones y el Estado. Que estuvieran involucrados para que tenga un respaldo al momento de los resultados. Lo hemos logrado, porque cuando se dieron los resultados en el Concejo, salvo el Municipio que decidió no acudir, todos los demás actores vinculados al agro estuvieron”, detalla el referente de Convocatoria Ambiental.

La organización recibió los resultados del INTA en junio y trabajó desde entonces en la elaboración del informe, para interpretar y tornar accesible la información. Además de visibilizar qué se encontró en cada muestra, el documento plantea la necesidad de un monitoreo estatal sobre el tema, así como de la reglamentación de la ordenanza 152/2012. Remarca, también, que “mientras que no existan más certezas sobre las consecuencias de la exposición cotidiana a múltiples plaguicidas, una actitud precautoria es la mejor herramienta”.

“Contar con información científica sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente nos abre la puerta a debatir como comunidad qué queremos producir, para quién y de qué manera; y nos invita a preguntarnos qué condiciones ambientales deseamos habitar y dejar a nuestras futuras generaciones”, expresa en el cierre la Asociación Civil Convocatoria Ambiental General Belgrano, que por primera vez cuenta con una base científica sobre la situación local, como hicieron antes organizaciones sociales y ambientalistas de Tandil, Exaltación de la Cruz, Ayacucho y Baradero, entre otros.

Suelo, agua y aire

De las muestras tomadas de suelo, la que resultó con más cantidad de plaguicidas (nueve) fue la que correspondía a una escuela. Seguida por otra con siete plaguicidas, en el suelo de una plaza del Barrio Callegari. En tanto, “donde mayor presencia de glifosato y su metabolito AMPA se encontró fue en las muestras de sedimento analizadas en la zona turística: Camping, Balneario Norte (frente al complejo de termas)”.

El informe alerta que “otro de los compuestos más alarmantes detectados en General Belgrano en el agua es el Carbofuran. Mientras que este insecticida está prohibido por el SENASA desde el 2018 para su comercialización y uso, en este estudio se encontró en todas las muestras de agua subterránea. El clorpirifos y el 2,4,D-B también están prohibidos a nivel nacional17, pero están presentes en la matriz del agua en General Belgrano”.

El documento aclara que “en ninguna de las muestras de agua analizadas se alcanzaron los umbrales críticos que establece la Unión Europea”, tomados como referencia ante la falta de límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en la legislación nacional. Sin embargo, como advierte el informe, “no existen límites definidos para evitar la exposición y toxicidad crónica a largo plazo”.

“Las comunidades se organizan y generan datos en gran parte del territorio, los plaguicidas están presentes en todas las matrices evaluadas (agua superficial, agua subterránea, agua de lluvia, suelo, sedimento de arroyos y lagunas, tejido vegetal de espacios públicos). Las explicaciones científicas a muchas de esas presencias ya están dadas, se han generado en forma más silenciosa en muchos equipos nacionales e internacionales. Pero lo que aun la ciencia no tiene claro es lo que sucede ante exposiciones crónicas a mezclas de plaguicidas (exposición a concentraciones pequeñas de plaguicidas durante largos periodos de la vida) y por ello, es imperativo trabajar en la reducción del uso de plaguicidas en los sistemas de producción agropecuaria de Argentina”, sostiene Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agropecuarias, responsable del laboratorio INTA-Balcarce que realizó la investigación sobre plaguicidas en Lobos y en General Belgrano, así como en muchos otros distritos que van sumando evidencia en el mismo sentido.

“La investigación sobre procesos físico–químicos entre plaguicidas y suelo sigue siendo un eje fundamental, aunque en el presente nos hacemos nuevas preguntas y tomamos nuevos desafíos. Uno de esos desafíos es, sobre la base científica lograda, apoyar a las comunidades (productores agropecuarios en particular y comunidades de vecinos en general) a comprender mejor lo que sucede con los plaguicidas en los ambientes que habitan y sobre los que pueden tomar decisiones con base en datos concretos. Debemos transitar un camino de acuerdos básicos de convivencia, con compromiso y entendiendo que existen diferentes intereses en juego. El ambiente científico-tecnológico ya cuenta con mucha información y, como servidores públicos, sería imprudente no ponerla a disposición de nuestro pueblo”, cierra Aparicio.