En el barrio de Belgrano, en la intersección de Luis María Campos y José Hernández, hace 60 años funciona el IADAL, Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje, una escuela fundada en la década del 60 por un grupo de padres de niños sordos. Quienes conocen la historia, aseguran que el centro de formación se gestó de la necesidad de buscar el mejor futuro educativo y social para niñas y niños con discapacidad auditiva. Durante todos estos años, recibió a estudiantes, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de San Martín, Martínez, Olivos y zonas aledañas al barrio de Belgrano. Muchos coinciden que es una de las pocas escuelas privadas focalizada en educación especial para chicos sordos. La administración de la escuela está en manos de COESO, bajo la figura de una cooperativa. Si bien recibía el 100% de subsidio por parte de la dirección de educación privada porteña, las familias le piden al gobierno de la Ciudad que evite el cierre de esta escuela y que “busque soluciones creativas para poder sostener las fuentes de trabajo y el derecho a la educación”.

“No estamos en condiciones de tener una escuela especial menos en la Ciudad. Esta es una escuela inclusiva, una escuela que no niega la entrada a ningún chico con discapacidad”, señala a Tiempo Fidel Aguilar, Secretario Gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que agrupa a todo el personal docente en actividad o jubilado, que ejerza o haya ejercido en Institutos, academias, colegios y/o establecimientos educativos. “A esta escuela también asisten estudiantes de la zona norte del Gran Buenos Aires, porque no hay muchos institutos como este. Lamentablemente la mala administración de los últimos años pone en riesgo severo la continuidad de esta institución”, agrega Aguilar.

La escuela cuenta con una veintena de estudiantes y 25 trabajadores y trabajadoras, y viene arrastrando una crisis desde hace algunos años. Todo indica que tiene una deuda millonaria en servicios esenciales como luz, gas y también en seguro obligatorio. En 2022, las autoridades no permitieron el ingreso de docentes y profesionales del instituto y las familias denuncian que habían tomado personal en negro.

“Desde SADOP, estamos acompañando a las y los compañeros y compañeras docentes para rechazar contundentemente el cierre del IADAL. Las vacantes son escasas y de hecho hoy, muchos papás y mamás que tienen a sus hijos en esta escuela y que ven que existe la posibilidad del cierre, cuentan que buscando vacantes en otros lugares están todos en lista de espera, o sea, no hay vacantes disponibles para este tipo de problemáticas”, suma el secretario gremial del sindicato de docentes privados y añade: “Además de la vulneración de los derechos de trabajadores y trabajadoras, estamos también ante la vulneración del derecho a la educación de muchos niños, niñas y jóvenes, que tenían en esta institución una alternativa saludable y un buen proyecto pedagógico”.

La escuela tiene una deuda salarial con los docentes que supera los tres meses. Es por eso que sus trabajadores y trabajadoras están bajo retención de tareas. El próximo lunes 6 de marzo a las 9, la comunidad educativa se movilizará hacia las puertas de la escuela ubicada en Av. Luis María Campos 1582, para rechazar el inminente cierre del instituto “y pedirle tanto a la entidad propietaria y a la Dirección de Educación privada del ministerio de Educación a encontrar soluciones creativas que nos permitan salir adelante y poder sostener las fuentes de trabajo y el derecho a la educación”, termina Aguilar.

La historia se repite

El 6 de febrero pasado, a veinte días del comienzo de clases, un colegio privado porteño anunció su cierre a la comunidad educativa. Se trata del Centro Educativo Nuevo Horizonte del barrio de San Cristóbal, donde asistían chicos con y sin discapacidad y trabajan con un proyecto educativo integrador. Pese al reclamo sostenido de las familias, que le exigían a la ministra Soledad Acuña que impida el cierre y pague las deudas de la institución. Más de 400 estudiantes se quedaron sin vacantes. El rector de ese instituto, Ramón Benítez, en diálogo con Tiempo confirmó que tras el anuncio de cierre del colegio, la cartera educativa que conduce la ministra Acuña no se puso en contacto con la comunidad educativa: “ni siquiera me llamó a mí  para ofrecer alguna solución rápida. Yo en este momento estoy trabajando junto a mis docentes y familias, en un apoyo emocional y administrativo porque hoy necesitan un papel para que los chicos puedan ingresar a otro colegio”, destacó