En abril de este año, Tiempo adelantó una situación que se repite cada dos años: las mismas 19 empresas privadas que se reparten el negocio de los comedores escolares de la Ciudad podrían hacerse cargo nuevamente del sector hasta el 2025, y todo indica que en esta ocasión nada cambiará. En las últimas horas, se conocieron las firmas inscriptas en la Licitación 7192-1818-LPU21; sí, son nuevamente las mismas, pero en esta ocasión cada una de ellas ofertó el mismo valor para las diferentes viandas: cada desayuno a $ 35,57, cada almuerzo a $ 302,95 y cada refrigerio a $ 105,17.

Desde diferentes sectores de la sociedad, aseguran que ésta situación deja al descubierto los acuerdos previos existentes entre las empresas privadas y la administración pública de la Ciudad, más cuando muchas de las firmas que manejan los comedores escolares son aportantes de campaña de Juntos por el Cambio. «Esto conlleva a dos posibles situaciones. La primera, que los valores de los pliegos están mal calculados porque si todas las empresas ofertaron el mínimo, eso implica que en una libre competencia sin mínimos estas empresas podrían haber ofertado un valor menor, al menos alguna de ellas», asegura en un informe el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que encabeza Jonathan Baldiviezo.

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Si se da el primer caso «el GCBA pierde recursos al garantizar mayor rentabilidad a las empresas. O la segunda, que el GCBA acordó con las empresas un valor y luego se elaboró el pliego hecho a medida para justificar legalmente dichos valores con el establecimiento de precios mínimos para ofertar», agrega.

Cabe destacar que el presupuesto asignado para los próximos años es de más de 50 mil millones de pesos, que deben sumarse a los porcentajes inflacionarios que habrá hasta el 2025. Sólo en este año se repartirán entre todas alrededor de 12 mil millones. Que cada empresa haya presentado la misma oferta con la cantidad exacta de pesos y centavos pone sobre el tapete una situación imposible de ignorar, que viola los principios generales de la Ley N° 2095 de «Compras y Contrataciones» de la Ciudad: Libre Competencia, que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de oferentes potenciales; de Eficiencia y Eficacia, que asegure que los bienes y servicios que se adquieran o contraten reúnan los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega; y el principio de Economía, que ordena que en toda compra o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos.

«La licitación es un mecanismo legal para que los organismos de gobierno adquieran o contraten bienes o servicios. Los interesados formulan sus propuestas cumpliendo las bases del pliego de condiciones y se selecciona la mejor», afirman desde el Observatorio. «Se deben cumplir procedimientos estrictos para asegurar la transparencia, legalidad y legitimidad y que todos puedan ofertar libremente y en igualdad de condiciones para que la licitación sea considerada válida», agrega.

Empresas aportantes de Cambiemos

Arroz blanco con sabor a agua, fruta machucada, gusanos en la lechuga, pollo crudo, yogurt vencido, puré con sabor a leche rancia; son algunas de las denuncias cotidianas que llegaron a la Legislatura, donde el Frente de Todos presentó un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de alimentación escolar. A la trama se agrega que algunas de las empresas que manejan la alimentación en escuelas porteñas fueron aportantes de campaña del PRO en 2015. Entre ellas se encuentran Teylem SA, perteneciente al Grupo L; y Friends Food SA.

Esta última perteneciente a Rubén Forastiero, que además obtuvo varios contratos distritales, negocios vinculados con el Pami y también adjudicaciones del Ministerio de Salud para la provisión en hospitales durante la presidencia de Mauricio Macri. En su momento G 25 y Formar, ONG vinculadas a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich, recibieron durante la campaña más de 14 mil dólares en concepto de donaciones por parte de la empresa Friends Food SA. En un informe realizado por este diario en noviembre de 2018, se destaca que esas organizaciones también obtuvieron financiamiento de Teylem SA y de la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios, de la cual participan ambas firmas. En ese período aportaron más de 18 mil dólares, según consignó Chequeado, que accedió a los balances presentados ante la Inspección General de Justicia.

Las empresas discriminadas por Larreta

Las empresas privadas que se adueñaron de las viandas escolares ofrecen el desayuno, almuerzo y refrigerios, y cubre a más de 291 mil estudiantes de escuelas públicas porteñas. Tanto el valor del pliego, los plazos para presentar la propuesta y el sistema de puntuación están direccionados para favorecer a los mismos de siempre y los requisitos que exigen las licitaciones están diagramados para excluir a las cooperativas de trabajo y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El último informe de la Auditoría General de la Ciudad sobre «Comedores Escolares y Servicio de Viandas» advierte que «el pliego de bases y condiciones particulares no implementa un mecanismo de control suficiente debido a que el análisis bromatológico de alimentos recae solo sobre el concesionario, lo que no resulta suficiente para garantizar y asegurar alimentos aptos para el consumo».

Un claro ejemplo de que el gobierno porteño no quiere que los comedores estén manejados por fuera de las empresas privadas, es lo que ocurre en la Escuela N° 4 Álvarez Thomas. Hace años que el ejecutivo local hostiga a las familias de la cooperadora escolar que, desde hace un tiempo, decidieron administrar su propio comedor, donde las y los chicos comen productos de calidad. A raíz de esta situación, la cooperadora del Álvarez Thomas estuvo intervenida durante 15 meses y, al no encontrar un solo hecho de mala administración, en diciembre del año pasado volvió a manos de las familias.