Entre sus muchas funciones, las escuelas deben ser entornos promotores de la salud. Y para los miles de chicos que asisten a los comedores escolares, una garantía de acceso a una alimentación segura y de calidad. En el distrito más rico del país, sin embargo, este derecho se ve vulnerado, merced a un ajuste presupuestario que se manifiesta en cada vez menos raciones –en un contexto de pobreza creciente– y de peor calidad nutricional.

Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria da cuenta del progresivo deterioro alimentario que padecen los pibes en los comedores de las escuelas públicas porteñas.

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En la actualidad, 200 mil chicos y chicas se alimentan en las escuelas públicas porteñas. Desayuno, almuerzo y refrigerio son provistos por 21 empresas privadas, salvo los servicios que brindan en un puñado de colegios cuatro asociaciones cooperadoras, una asociación civil y dos cooperativas de trabajo.

La relación inversa entre la cantidad anual de raciones que ofrece la Ciudad y los índices de pobreza desnuda la insensibilidad de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En el año 2015, se asignaron a los comedores escolares 189 millones de raciones, mientras la cantidad de personas en situación de pobreza en el distrito, medida en el segundo semestre de ese año, era del 15,1% de la población. En igual período de 2018, ese índice había crecido hasta el 21,1%. No obstante, en octubre del año pasado, la Ciudad presupuestó para 2019 un total anual de 77 millones de raciones, es decir menos de la mitad que cuatro años antes. En el camino se han perdido 111 millones de raciones para niñas y niños que ahora las necesitan mucho más.

Sólo en el último año, la Ciudad sumó 60 mil nuevos pobres en la franja de niños, niñas y adolescentes. Y la cantidad de menores en hogares indigentes se duplicó: según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, pasaron de 53 mil a 104 mil.

El correlato de la merma de raciones en términos presupuestarios es evidente. Los $ 3473 millones destinados a comedores escolares para 2019 representan poco más del 6% del total del presupuesto educativo porteño. El informe de Soberanía Sanitaria detalla que, con una inflación promedio del 41,5% para 2019 –una estimación hecha en el momento de fijar el presupuesto que quedó alejado de la realidad con los incrementos de precios de los primeros cinco meses del año–, el monto asignado a comedores supone a caída en términos reales del 19% respecto de 2018.

Esto se debe a un fuerte recorte de las becas estudiantiles que deberían garantizar las raciones alimentarias en los comedores para los hijos de familias de bajos recursos. La modalidad de inscripción online para la obtención de ese beneficio –complejizada en un formulario de diez pasos que luego debía ser validado en una sede comunal– generó que muchas de esas familias, sin acceso a Internet en sus hogares, lo perdieran, viéndose obligadas a pagar por las viandas o retirar a los niños y niñas del comedor.

El informe señala los efectos de la mala alimentación en la salud de poblaciones vulnerables. En particular, ilustra la grave situación en los comedores escolares con los resultados de un estudio del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE), que describió las variaciones de datos antropométricos en 10.961 niños y niñas que fueron controlados en 1° grado, en 2012, y luego en 6° grado, en 2017, observando un aumento significativo en sobrepeso y obesidad, con valores que pasaron del 35,6% del total de niños al 49,3% en sólo cinco años.

El déficit alimentario en las escuelas porteñas comenzó en 2016, cuando a través del programa “Mi Escuela Saludable” se decidió eliminar el pan en el almuerzo, con el argumento del avance de la obesidad en los niños. El nuevo menú redujo también las pastas y productos industrializados, como salchichas y medallones de pollo, que iban a ser reemplazados por frutas y verduras. En rigor, y según denuncian las cooperadoras y los gremios docentes, los productos suprimidos del menú no fueron reemplazados debidamente en su aporte de calorías y las raciones se tornaron más pequeñas y de peor calidad, con el agregado de que en muchas escuelas a los niños no se los deja repetir. El caso más flagrante es el del pastel de papas a base de lentejas en vez de carne picada, tal como exige el pliego que deben cumplir las empresas prestadoras del servicio de comedor. «

De “negociar” para Unilever a los menúes escolares

Buena parte del presupuesto del Ministerio de Educación porteño lo maneja Sebastián Tomaghelli, subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos de esa cartera. Es quien decide las obras de infraestructura y mantenimiento que se realizan en las escuelas públicas, y las que se dejan de hacer. También quien administra la asistencia alimentaria a los comedores escolares. Ingeniero industrial con un posgrado en Negociación en la Universidad de Belgrano, antes de ingresar a la función pública Tomaghelli desarrolló toda su carrera profesional en sectores que no necesariamente están vinculados a una alimentación saludable, algunos de ellos claramente opuestos a esos valores. Además de “desarrollador de nuevos negocios” en Aeropuertos Argentina 2000, fue gerente comercial del laboratorio GlaxoSmithKline y “líder de negociación” en el canal supermercados de la filial local de Unilever, una de las grandes multinacionales de alimentos ultraprocesados. Bajo su órbita también se administra el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), el subsidio que se otorga a las asociaciones cooperadoras, cuya incidencia es cada año menor en el total de lo recaudado, y que las comunidades educativas se ven obligadas a suplir con fondos propios, aportados por familias cada vez más empobrecidas.