“No sólo de baldosas se vive”, dijo risueñamente a este medio una fuente de la cartera de Espacio Público e Higiene Urbana que dirige Clara Muzzio, la elegida por Jorge Macri para acompañarlo como vicejefa de gobierno de la Ciudad. La expresión fue tras la consulta de este medio sobre el servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires: “Está todo privatizado, si mal no recuerdo son 7 empresas y un ente estatal”. La cifra exacta son seis privadas y el organismo del Estado al que hizo referencia la fuente es el “Ente de Higiene Urbana”, un espacio del Gobierno porteño que se encarga de la dirección, administración y ejecución de los servicios de higiene urbana en pocos barrios de la Ciudad. Un informe reciente de la Auditoría porteña, que relevó el funcionamiento de la Dirección General de limpieza, dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, durante el 2021; detectó varias irregularidades en las contrataciones con los privados: no existieron licitaciones públicas, de las siete zonas en las que se divide el trabajo, seis fueron asignadas a privadas y una sola al Estado porteño. Además, hubo actas de acuerdo que no se ajustaron a los pliegos, y casi 300 millones de pesos desviados a una Dirección del Estado incorrecta. La auditoría también señaló que fue difícil acceder a información ordenada para poder relevar al organismo del ejecutivo y recordó que también hubo varias irregularidades en un relevamiento anterior.

En el distrito porteño, a diario, se generan más de 8 mil toneladas de basura en una superficie aproximada de 20.200 hectáreas. Por esta razón, sin el control riguroso del Estado porteño y la regulación de las empresas privadas que tienen a cargo el servicio, es muy compleja la labor. La Auditoría porteña publicó un informe reciente sobre la gestión de la Dirección General de Limpieza y las empresas tercerizadas que brindan los servicios de recolección, barrido y limpieza de las calles. El análisis se realizó sobre el período 2021. De allí se desprende que la administración de los recursos fue muy desprolija y detectó que se firmaron actas en las cuales el Gobierno asumió gastos que no le corresponden y se extendieron contratos de forma irregular. 

Quién es Clara Muzzio, la elegida por Jorge Macri para que sea la Vicejefa de Gobierno porteño

El relevamiento se basó en los aspectos legales, financieros y técnicos de los contratos firmados entre el ejecutivo porteño y las firmas privadas. El organismo de control descubrió que se suscribieron actas acuerdo durante 2021 que no se ajustaron a los parámetros del pliego, y que el gobierno de la Ciudad se hizo cargo de obligaciones como el pago de antigüedad y vacaciones del salario de operarios de las contratistas, la provisión y reposición de contenedores o la adquisición de equipamiento; situaciones que debían ser abonadas por las empresas privadas.

La polémica licitación pública de Larreta que iguala a las personas en situación de calle con residuos

Además, la auditoría detectó que los contratos de todas las empresas prestatarias se prorrogan por cuatro años sin pasar por un nuevo concurso público y sin ningún tipo de argumento que fundamente dicha acción. En concreto: Como fecha de inicio de las prestaciones se determinó el 1 de octubre de 2014 y como vencimiento el 30 de enero de 2024. Sin embargo, en octubre de 2021 se celebraron, para todas las zonas, las actas acuerdo que establecieron prorrogar el contrato por cuatro años con vencimiento al 30 de septiembre de 2028. 

Las firmas privadas y la distribución del negocio

En 2013 se establecieron siete zonas y a cada una se le destinó una estación de transferencia para realizar las tareas de recolección de residuos y las descargas: La zona 1 (Comuna 1), le corresponde a la empresa AESA S.A. la zona 2, que abarca las Comunas 2, 13 y 14, las cubre la empresa CLIBA Ingeniería ambiental S.A. La zona 3 (Comunas 11, 12, 15) corresponde a la firma Industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. La zona 4 (Comunas 9 y 10) a Ecohabitat S.A. – U.T.E. De la Zona 5, que contiene solo a la Comuna 8, se encarga la empresa Ente de Higiene Urbana (EHU). Por último la zona 6 (Comunas 5 y 6 y 7) está a cargo de Ashira S.A. – Martin y Martin S.A. U.T.E; y la Zona 7 (Comunas 3 y 4) de Transportes Olivos S.A.C.I. y  Urbaser Argentina S.A, U.T.E.

De las siete zonas, seis fueron asignadas a empresas privadas y la restante quedó a cargo de la administración del Ente de Higiene Urbana (EHU). La auditoría detectó que se certificaron $282.827.571 con cargo a la Dirección General de Limpieza cuando se trataba de una suma que debió ser abonada por la EHU.

El relevamiento señala que “los datos cualitativos de los informes de gestión del 2021 no son homogéneos tanto en el armado disímil de los distintos registros mensuales de una misma empresa como en las diferencias de estructura con las demás prestatarias”. Además, afirma que el 52.61% de los reclamos realizados respecto de la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana durante el año 2021 fue resuelto fuera de los plazos estipulados.

Licitaciones irregulares

Hace dos años, en marzo de 2021, incorporaron contenedores para la recolección de residuos sólidos urbanos que no estuvieron sujetos a una licitación pública. Lo mismo ocurrió con las “modificaciones de microrutas, macrorutas, ruteos y trazabilidad sin la debida incorporación de nuevos equipos para su prestación”. La Auditoría verificó que gran parte de la flota destinada al servicio no cumple con los años de antigüedad previstos: “98 unidades con una antigüedad mayor a los cinco años” para actividades de control ejercidas por la Dirección de Limpieza en las zonas adjudicadas.

No es la primera vez que hay irregularidades

Hay un antecedente, en octubre de 2021 el organismo de control aprobó un informe sobre la Dirección General de Limpieza en el que registró fallas en el sistema de control por no estar debidamente sistematizada la información y licitaciones «poco claras» para verificar el cumplimiento por parte de las empresas. El período examinado por el organismo de control fue 2019. Situaciones similares ocurrieron años anteriores: Un informe aprobado en 2018 sobre la gestión de 2016, determinó que no fue posible saber cuántos vehículos tenía el Ente de Higiene Urbana. Desde el Ente declaraban 78 vehículos, mientras que desde la Dirección General de Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad registraba 54. Sin embargo, el organismo de control identificó 80 móviles.