El Gobierno de la Ciudad no realizó el relevamiento de las personas en situación de calle que le reclamó la justicia porteña, ni trazó un diagnóstico para, de acuerdo a la Ley 3706, implementar políticas públicas para esta población en extrema vulnerabilidad social.

La medida cautelar dictada por la jueza María Elena Liberatori el 10 de agosto pasado a raíz de un amparo que presentaron la diputada Victoria Donda y la integrante del Consejo Económico y Social, Laura Velasco, que le daba al Ejecutivo que comanda Horacio Rodríguez Larretapor diez días para hacer el relevamiento, fue desoída.

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“Mientras la propia Dirección de Estadística y Censos reconoce que aumentó en 60.553 personas la desocupación en la Ciudad, el Gobierno se niega a realizar un relevamiento que reconozca que ha aumentado la gente en situación de calle, como vemos quienes todos los días quienes caminamos por la ciudad y las organizaciones que realizan acciones solidarias”, expresó Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

El gobierno porteño sólo se limitó a presentar el mismo relevamiento que había realizado el 14 de abril, con el dato de apenas 860 personas en situación de calle. Sí agregó algunos números que había omitido: 1123 personas alojadas en distintos dispositivos como hogares o centros de integración, 170 personas con sentencia firme de desalojo, y 131 familias viviendo en “ranchadas” precarias sin acceso a los servicios básicos.
En consecuencia, la población en situación de calle o en riesgo de padecerla ascenderí, según datos oficiales, a unas 2677 personas.

Para Velasco, “el Gobierno no puede hacer un buen diagnóstico para llevar adelante políticas públicas, si el relevamiento no está bien hecho y las personas en situación de calle y en riesgo no están correctamente contabilizadas. Los datos son incompletos”. La consejera advirtió que además ya se están recortando recursos, porque termina el Operativo Frío.