Este lunes por la mañana, arrancó a ser juzgado el represor Adolfo Donda por la apropiación de su sobrina, la titular del INADI, Victoria Donda, quien nació en la ESMA durante el cautiverio de su madre, María Hilda Pérez, aún desaparecida.

El Tribunal Oral Federal 6 de CABA, integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado, dio inicio al debate pasadas las 9.30. La audiencia se extendió por menos de una hora: sólo se escuchó la lectura de la acusación y continuará la próxima semana con las cuestiones preliminares de la fiscalía, a cargo de Pablo Parenti, titular de la Unidad Fiscal de Apropiaciones, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la defensa.

“(Quisiera) mirarlo a los ojos y poder decirle de frente que su apellido Donda va a ser muy conocido por tener una sobrina que pelea por las mismas banderas que él quiso enterrar es una de las peores condenas que puede tener”, dijo la funcionaria a Télam antes del juicio.

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La madre de Victoria, María Hilda Pérez, estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada a fines de marzo de 1977 junto a su marido, José María Laureano Donda. Fueron llevados a la Comisaría de Castelar y luego de unos meses, la joven fue llevada a la ESMA, donde dio a luz en agosto de 1977 a su hija.

Alrededor de quince días después del parto, María Hilda fue trasladada del centro clandestino de detención de la Armada y aún permanece desaparecida, al igual que José.

En ese momento, Donda también integraba el Grupo de Tareas de la ESMA como miembro de los grupos operativos que se encargaban de los secuestros, bajo el apodo de “Jerónimo” o “Palito”, y luego, desde fines de 1978, fue nombrado jefe de Operaciones. Por esos delitos, ya fue condenado dos veces a prisión perpetua en “ESMA II” y “ESMA Unificada”.

En el centro clandestino de detención, Donda tuvo varias conversaciones con su cuñada, a quien le garantizó que su hija “sería entregada a sus familiares”, según relataron los sobrevivientes. Sin embargo, esto no ocurrió y la bebé fue sacada de la ESMA y anotada como hija biológica por otro de los miembros del grupo de tareas, el prefecto Juan Antonio Azic, quien ya fue condenado por esos hechos en 2012.

Victoria permaneció bajo otra identidad durante 27 años y recuperó su verdadera identidad en 2004 gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En esta causa también estaba acusado el médico obstetra Horacio Pessino, quien participó en la falsificación del certificado de nacimiento, pero fue apartado por incapacidad. El médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, quien intervino en el parto que se realizó en la ESMA, fue condenado en otra causa por estos delitos.

Donda siguió el juicio desde el penal de Ezeiza. En octubre fue beneficiado por la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que le otorgó salidas transitorias a pesar del rechazo de las víctimas. Tras conocerse la decisión de los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, la fiscalía pidió al TOF 6 la prisión preventiva en esta causa y por ahora la decisión de Casación no se hizo efectiva.

Salta

Pasado el mediodía, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta dio inicio al juicio conocido como “Medina Ortiz”, en el que está acusado Juan Carlos Alzugaray, exmiembro de la Policía Federal de esa provincia, por el secuestro y desaparición de Manuel Gustavo Medina Ortiz, ciudadano boliviano que había escapado de la dictadura en su país.

Medina Ortiz era abogado y había llegado a Salta en 1971 tras la persecución de la que era víctima en su país, donde había sido administrador de la Caja Social de la ciudad de Tarija (CST), asesor de la Central Obrera de esa localidad y también integraba una agrupación de intelectuales llamada “Espartaco”.

Ya en Salta, continuó con su militancia política, realizaba reuniones con otros exiliados, imprimía panfletos en contra de la dictadura de Banzer y participó y apoyó la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia.

Se encontraba bajo permanente vigilancia por las fuerzas de seguridad y había sido amenazado de muerte por directivos de la empresa Panobras, que tenía a cargo una obra pública para el Gobierno de Salta y contra quienes llevaba adelante un juicio laboral.

La madrugada del 10 de octubre de 1975 fue secuestrado por una patota de seis personas, algunas uniformadas y otras de civil, y aún se encuentra desaparecido. Su familia sostiene que las fuerzas represivas argentinas actuaron en coordinación con las bolivianas en el marco del Plan Cóndor.

En ese momento, Alzugaray era miembro de la Delegación Salta de la Policía Federal y fue reconocido por la esposa de Medina Ortiz, Zoila Luz Hoyos Aguilera, como uno de los autores del secuestro.

Luego de su paso por la Policía Federal, Alzugaray ingresó al Servicio Penitenciario Provincial y participó el 6 de julio de 1976 en la “Masacre de Palomitas”, en la que 11 presos y presas políticas fueron sacados del penal de Villa Las Rosas y asesinados en un enfrentamiento fraguado. Fue condenado en 2011 a 20 años de prisión como partícipe secundario.