El secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Roberto Cipriano García, contó los detalles de la segunda autopsia que le realizaron al cuerpo de Daiana Abregú, de 26 años, quien apareció sin vida el pasado cinco de junio en una celda de la comisaría de la localidad bonaerense de Laprida. La joven había sido detenida por una contravención y a las pocas horas los policías informaron que se había ahorcado.
“Quiero destacar que el informe preliminar de la reautopsia al cuerpo de Daiana Abregú, se realizó cumpliendo con el protocolo Minnesota. Se trata de una herramienta pericial diseñada para el análisis de muertes que ocurren bajo custodia del Estado”, explicó Roberto Cipriano García, secretario general de la CPM, a Tiempo. Continuó asegurando que “no se encontraron marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento en el cuello”.
La nueva autopsia desmonta la versión de la Policía sobre que Daiana se había ahorcado en el calabozo de la comisaría de Laprida. El estudio había sido solicitado por la CPM: “Se realizó a pesar de la oposición del fiscal de la causa Ignacio Calonje, quien demoró la medida judicial poniendo en riesgo los resultados que necesitábamos que salgan a la luz”, denunció García.
El informe preliminar de la reautopsia al cuerpo de Daiana -que se conoció la semana pasada- reveló que la joven no presentaba “lesiones en el cuello compatibles con un ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico” remarcó el funcionario. Estos resultados echan por tierra “la hipótesis del suicidio que sostiene la Policía de Laprida desde el primer momento” se quejó García.
También denunció que la escena “en que fue hallado el cuerpo estuvo armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido”. Además, los nuevos resultados del equipo forense que realizó la reautopsia “se complementan con indicios obrantes de la causa”. Están a la espera de los estudios complementarios y el informe definitivo “que revelarán bajo qué mecanismo se produjo la muerte”.
El caso
Daiana Abregú fue detenida el pasado cinco de junio por una contravención menor de “alteración del orden público”. Fue alojada en la comisaría de Laprida donde a las pocas horas y, de acuerdo a la versión policial, “la joven fue encontrada ahorcada en la celda”.
La reautopsia fue solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como particular damnificada institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Desde el organismo denunciaron que hubo graves irregularidades en la primera autopsia, a pesar de haber estado bajo una Unidad Especializada en Delitos de Violencia Institucional a cargo del fiscal Ignacio Calonje, “quien defendió el primer estudio que fue incompleto y deficiente”, ahondó García. Y recordó que este magistrado “se opuso durante semanas a la realización de esta nueva autopsia mientras el cuerpo de la joven permanecía sin frío en un depósito del cementerio local”.
La primera autopsia se realizó sin aplicar el protocolo de Minnesota, por lo tanto, se hizo sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia del Estado: “Tampoco se hicieron radiografías, fotografías completas ni filmaciones como lo estipulan los protocolos vigentes” dijo García. Además, no se completaron “extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento”, siguió. Del resultado de esa primera autopsia, “en la que participó una única perita, se desprendía que Daiana había muerto por un paro cardíaco por asfixia mecánica” subrayó.
Por todo esto el organismo de Derechos Humanos solicitó la reautopsia que se realizó siguiendo el protocolo de Minnesota. Se llevó a cabo en la Asesoría Pericial de La Plata, y con “un cuerpo de peritos y médicos forenses. Estuvo integrado por María Andrea Noms, Rubén Neme, Claudia Becerra y Mariano Salgado que es el perito de la CPM”, contó García.
El secretario de la Comisión asegura que “las maniobras del fiscal Calonje dilataron la realización de la segunda autopsia. Pusieron en grave riesgo la producción de esta prueba”. El funcionario aseguró que el fiscal general del “Departamental Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, recomendó la realización del nuevo estudio y eso permitió avanzar con esta medida de pruebas”.
“Todo este mal procedimiento confirma que el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, debe cumplir con la Ley provincial que indica crear fiscalías especializadas en violencia institucional”, reclamó García. Finalizó remarcando que lo tiene que hacer “nombrando a funcionarios judiciales calificados, comprometidos y que tengan una perspectiva de Derechos Humanos. Para que intervengan con responsabilidad y celeridad ante estos graves delitos cometidos por las fuerzas de seguridad”.
