El gobierno vuelve a apuntar contra los extranjeros. La Dirección Nacional de Migraciones dejó trascender que encabeza un «proyecto de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina», que buscaría relocalizar a los migrantes, tanto foráneos como de provincias del interior, radicados o con intenciones de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Conurbano. Los especialistas coinciden en señalar que esta descentralización es una materia pendiente en el país, pero no descartan que tal como se plantea el tema, el oficialismo vuelva a culpar de todos los males a quienes vienen a buscar un futuro mejor.

En concreto, el portal Infobae sostuvo que Migraciones coordinó, el pasado miércoles 24 de mayo, el primer encuentro con los ministerios de Desarrollo Social e Industria para avanzar con esta medida. Luego se sumarían las carteras de Salud, Educación, Trabajo, Producción y la Agencia Administradora de Bienes del Estado. Para «descentralizar el país» el gobierno ofrecería desde «tierras del Estado en diferentes provincias, hasta programas sociales, asistencia sanitaria y educativa».

Esta idea siempre estuvo en la cabeza del macrismo: «Como ocurre en todo el mundo, la intención es trabajar para que haya una migración ordenada, regulada y segura», reconoció el director de Migraciones, Horacio García. Más allá de esas declaraciones, no hay información oficial y los voceros de Migraciones consultados dejaron de responder a Tiempo a la hora de dar mayores precisiones. La misma suerte tuvieron las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. La abogada Deborah Huczeck, especializada en Derecho Penal y Migratorio, pone sus reparos al proyecto: «Mientras los traslados no sean forzados y compulsivos, me parece beneficioso que el migrante pueda acceder a viviendas, créditos blandos o incentivos para instalarse en una u otra región. Esto ocurre en otros países, como Australia. Pero esta cuestión excede a Migraciones», aclara.
Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del programa de Migraciones y Asilo de la Universidad de Lanús, explicó que «un plan de desarrollo del territorio argentino siempre es bienvenido. Falta desde hace 150 años. Este es un país que tiene un problema histórico de mala distribución de la tierra y hemos generado un grave problema de concentración». Ceriani Cernadas, quien además es vicepresidente del Comité de Protección de los Derechos de los Migrantes y sus familias, sostuvo que «parecería que se está asociando a los extranjeros y migrantes internos con el problema de la concentración de la población, cuando en realidad esto es consecuencia de políticas desiguales que persisten hasta el día de hoy».

Este ordenamiento que el Estado no resolvió lo estarían llevando adelante los propios migrantes pero por obra y gracia del mercado. «Mis clientes de la comunidad china hace tiempo que se van al interior. Ellos se destacan en el rubro gastronómico, de supermercados y la venta de productos importados, y siempre los acompañan otros migrantes, ciudadanos bolivianos y peruanos, que suelen instalar, por ejemplo, verdulerías en sus supermercados», indicó Huczeck, quien teme, al igual que todas las fuentes consultadas «la discrecionalidad» que pudiera aplicar el gobierno. Recuerda que tras la modificación por decreto de la Ley 25.871 de Inmigración, ya presentó unos 30 amparos por el «temor fundado» de sus clientes a ser deportados. «No nos olvidemos de que hoy, la sola acusación de Migraciones o una denuncia, vale como condena y expulsión. Es grave».

«Creemos que el gobierno maneja el tema migratorio con mucha irresponsabilidad. Están más abocados a hacer negocios y figuretismo con las colectividades al referenciarlas con algo pintoresco que a ampliar derechos de los migrantes», lanzó Natividad Obeso, presidenta de la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina. La militante peruana, en el país desde 1994, aseguró que se reunirá en los próximos días en una «mesa de diálogo» junto a otras organizaciones para debatir el tema: «Estamos de acuerdo con esta idea siempre y cuando se trate con respeto. Deben convocar a académicos, investigadores y referentes de todas las nacionalidades –precisó Obeso–. No es que queramos definir una política de gobierno, pero tenemos derechos». «