Los medios comunitarios enfrentan una difícil realidad, al desfinanciamiento, la discriminación y la persecución se suma la desatención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), justamente el organismo que debe regularlos. La primera semana de mayo, las redes que agrupan a estos medios reclamaron una reunión urgente, que les fue prometida y cancelada, prometida y nuevamente cancelada, prometida y… postergada indefinidamente.

Según calculan los referentes de los distintos medios, el organismo conducido por Silvana Giudici adeuda alrededor de 1000 millones de pesos, no ejecutados o subejecutados. Natalia Vinelli, referente de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), explica que “esos fondos de fomento no son una concesión graciosa del gobierno, sino que están obligados por ley a destinar el 10% de lo que la AFIP recauda por gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual a este sector”.

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Vinelli cuenta: “Los fondos se están pagando con un retraso de dos años, esto significa que las dos líneas de fomento para equipamiento de radio y televisión que anuncia el Enacom fueron presentadas en 2017, con un dólar a 18 pesos. Todo esos equipos ahora salen más del doble. El desfinaciamiento sumado a la lentitud del organismo hace que los medios comunitarios estemos en una situación de ahogo y asfixia financiera muy grande”.

Interredes está haciendo circular una petición con varios puntos, entre ellos, además del más básico de que los reciban y el de los fondos del Fomeca,  demanda que el Enacom intervenga y obligue a Cablevisión y Telecentro a integrar en su grilla a los canales comunitarios que ya tienen la habilitación de su planta transmisora. “Sólo reclamamos que cumpla la ley con Parestv y Barricada TV”. Y también la apertura de concursos para canales de televisión sin fines de lucro y un proceso de normalización de las FM que involucre a todas las radios que se encuentran en funcionamiento.

Un punto importante del petitorio es el cese de las intimaciones y decomisos a radios, que es una práctica que la Enacom está llevando a cabo, como con FM Ocupas de Moreno. Pablo Antonini, de FARCO, cuenta que esta radio “no sólo fue cerrada, sino que fue declarada ilegal y no puede volver a salir al aire porque los miembros van presos y les secuestran todos los equipos. Pese a que hicieron todo lo que les exige el protocolo, a los miembros de la radio los procesaron. Luego el juez dictaminó que no había delito, lo que era una obviedad”.

Entre otros casos similares que también sufren persecución, Antonini menciona al medio El Grito, de Córdoba, pero también sucede con medios de Formosa, de Chaco, de La Matanza, y hubo otros más recientes de medios locales.

Para Antonini es importante resaltar que tras la primera ola de decomisos, ellos tuvieron una reunión “en las que se nos exigió que presentáramos un propuesta, nosotros la presentamos,  pero jamás tuvimos respuesta. Entonces, como del Enacom no conseguimos nada, luego de que nos pidieron de todo, presentamos un proyecto de ley en la comisión de Comunicación”.  

Natalia Vinelli cuenta que desde que asumió Giudici, hace más de un año, nunca los recibió: “Es una muestra de cómo el organismo que regula al sector se desentiende de sus obligaciones. La desatención al sector comunitario debilita el derecho a la comunicación de las audiencias y limita el derecho a la libertad de expresión”, explica y enuncia algo que debiera ser una obviedad, especialmente para el Enacom: “Sin medios comunitarios, no hay democracia».