El crimen del militante social Rodolfo «Ronald» Orellana Zapata, de 36 años, en medio de una toma de terrenos en Ciudad Evita, puso una vez más de manifiesto y de modo brutal la batalla por el acceso a la tierra y a la vivienda en el Conurbano, una materia pendiente en términos de derechos, y trágica cuando a la ecuación se suma un actor de riesgo: la Bonaerense. Los investigadores no descartan que el asesino se encuentre entre las filas de esa fuerza, que desató una feroz represión en el lugar.
Orellana murió en las primeras horas del jueves de un balazo que ingresó por su omóplato izquierdo y salió por las fosas nasales, por lo que se presume que al momento del impacto estaba de espaldas y agachado. La víctima era de Villa Celina y militaba en la Organización Libres del Pueblo, que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), aunque Tiempo pudo saber que el hombre se acercó al enorme predio de Puente 13 en carácter personal.
Su muerte no se puede entender de manera aislada. Según pudo reconstruir este medio, los terrenos ubicados en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Ricchieri son foco de conflicto desde hace años. Pertenecen al gobierno nacional y están a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En la actualidad está dividido en tres sectores bien delimitados: A, B y C.
En el sector B, conocido como Barrio de Los Italianos, se instalaron unas 55 familias que hace dos años y medio atrás lograron sobreponerse a un intento de desalojo en el que varias viviendas llegaron a ser derribadas por las topadoras. «Aquella vez acudimos a un llamado de auxilio de un grupo de vecinos, en su mayoría de la comunidad boliviana, que habían sido estafados. Compraron de buena fe y les estaban demoliendo sus viviendas», explicó a este diario Íber Mamani, entonces herido de cinco postas de goma.
Mamani, quien también es referente de Patria Grande en La Matanza y forma parte de la CTEP, precisó que en ese momento llegó a intervenir el Consulado de Bolivia y se conformó una mesa de diálogo de la que participaron representantes de organizaciones sociales, de la Municipalidad de La Matanza, la AABE, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y una delegación de vecinos. «Quedó claro que los vecinos habían sido estafados por una señora de nombre María Isabel Carballo, argentina, que vendió los terrenos de manera irregular. Supuestamente ella tenía la usucapión pero no podía comercializarlos. Directa o indirectamente, se trató de un gran negociado», agregó Mamani, quien aseveró que la AABE entendió la situación y fueron incorporados al Registro de Barrios Populares.
En ese entonces, las partes se comprometieron a que la ocupación irregular del predio no podía extenderse hacia el sector C, mucho más grande. Además, en 2014 el lugar había sido declarado sitio arqueológico municipal dado que hay allí vestigios de un cementerio querandí, por lo que desde el Colectivo Tres Ombúes, integrando por vecinos y estudiosos de los pueblos originarios, se hizo hincapié en el resguardo de la zona.
El conflicto que desembocó en la muerte de Ronald explotó cuando los vecinos del sector B detectaron que un hombre llamado Rolando Pardo, de nacionalidad boliviana, loteó y llegó a vender terrenos del sector C a unas 150 familias, esgrimiendo tener derechos similares a los de Carballo. Por esta razón, la APDH y Tres Ombúes venían denunciando desde hace unos meses una avanzada de este grupo, y un juzgado contencioso administrativo federal de San Martín determinó que el lugar debía tener una custodia permanente, que primero estuvo a cargo de la Policía Federal y luego pasó a manos de la Bonaerense.
Por eso había dos patrulleros apostados en el lugar. En los últimos días, diferentes pobladores del sector A, donde tienen sus chalets Carballo y Pardo, agitaron que existía la posibilidad de la realización de un nuevo censo y que para ello había que resistir en el sector C. Unos 150 vecinos de la zona acudieron a la convocatoria y se encontraron con la resistencia del sector B. La gresca fue tal que la consigna policial se vio desbordada, y se presentaron entonces unos cien efectivos más de refuerzo.
Cuatro personas fueron detenidas por usurpación y resistencia a la autoridad. Por el momento no hay imputados por el crimen. Investiga el fiscal de Homicidios de La Matanza, Jorge Yametti. Sugestivamente, tanto Pardo como Carballo ya habían sido denunciados penalmente por amenazas, estafas y lesiones, pero al parecer la Justicia tiene tiempos especiales para ellos. «
Interviene Asuntos Internos
Desde la CTEP y organismos de Derechos Humanos acusaron por el crimen a la Policía Bonaerense, por haber desatado una brutal represión aquella madrugada y abrir fuego con postas de plomo para dispersar a los vecinos.
El dato echado a rodar desde el Ministerio de Seguridad provincial poco después de que trascendiera el caso sumó más dudas que certezas: se indicó que un informe médico preliminar establecía que el muchacho murió a raíz de una «lesión en el cuerpo compatible con un elemento punzante», deslizando la posibilidad de que Ronald hubiera sido apuñalado. Horas más tarde, el propio procurador bonaerense, Julio Conte Grand, desmintió la versión al asegurar que murió de un disparo.
El viernes, el ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, advirtió en conferencia de prensa que si se llegara a detectar «un mal proceder policial, serán sancionados», e indicó que Asuntos Internos ya estaba detrás del episodio. Las fuentes consultadas sostienen que ninguno de los efectivos que participó del operativo entregó sus pistolas. De hecho, hubiera sido en vano ya que en la escena del crimen no se pudieron levantar ni vainas ni proyectiles para ser cotejados.
