Parece que los prejuicios contra la marihuana, esa planta siempre tan estigmatizada, tan prohibida, tan satanizada, por fin comienzan a derrumbarse en Argentina, a tono con lo que viene ocurriendo en gran parte del mundo.

Así lo demuestra el acto que esta semana hizo el gobierno para presentar su proyecto que regula el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. El ministro Matías Kulfas habló de mercados, generación de empleos, posibles ganancias, inversión pública y privada, exportaciones, cadenas productivas, oportunidades, desarrollo económico y liderazgo regional. Y la ministra Carla Vizzotti presumió los nueve proyectos de investigación científica que ya están en marcha en varias provincias.

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Todo muy bien. Qué bueno que ya se pueda hablar tan abiertamente de la planta. Nomás que se les pasó un pequeño detalle: las y los consumidores y cultivadores perseguidos y criminalizados.

Porque es cierta la efectividad terapéutica de la marihuana y del potencial del cáñamo para producir desde alimentos hasta textiles y cosméticos. Pero más importante aun es la regulación integral del uso medicinal e industrial, pero también el consumo personal, lúdico o recreativo del cannabis. Una estrategia que contemple a las personas antes que a las ganancias. Como bien me comentó una tuitera: “Derechos primero, negocios después”.

Solo así el gobierno de Alberto Fernández se distinguirá efectivamente de sus antecesores porque, más allá del lenguaje bélico que caracterizó al macrismo y que apeló a la fallida “guerra contra el narcotráfico”, la verdad es que ningún gobierno argentino ha impulsado las reformas necesarias para transformar las políticas de drogas a fin de dotarlas con un enfoque en derechos humanos.

El resultado ha sido trágico: una de cada cuatro personas privadas de la libertad en el país lo está por haber cometido delitos vinculados al narcotráfico. En su inmensa mayoría, delitos menores: venta callejera, transporte, delivery. Son los eslabones más débiles y más fácilmente reemplazables en la cadena narco. Y cuatro de cada diez causas que se inician son por tenencia para consumo.

Esta persecución, que en nada mermó el exitoso negocio ilegal, consiguió que en la última década las prisiones argentinas se saturaran. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos y Violencia, de la Universidad Tres de Febrero, de 2013 a 2019 la población carcelaria aumentó en un 55%. En 2013, del total de las personas presas, el 13% lo estaba por delitos de drogas. Hoy, ya representan el 25,2 por ciento.

La criminalización recrudeció durante el macrismo: desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 fueron detenidas 64.063 personas por delitos vinculados al narcotráfico. Implicó un aumento del 145% en solo tres años.  Y no hay que olvidar, además, el componente de género: la mitad de las mujeres detenidas está acusada de violaciones a la Ley de Estupefacientes. Por el contrario, en el caso de los varones, solo el 17% fue imputado por estos delitos.

Entre todas estas personas privadas de la libertad, procesadas, judicializadas, hay casos de cultivadores de marihuana ya sea para consumo personal o terapéutico, porque no todas las familias con enfermos que requieren cannabis en sus tratamientos saben producirlo. La ley que aprobó la marihuana medicinal en 2017 quedó incompleta, porque no contemplaba el autocultivo. La omisión se corrigió a fines del año pasado, gracias a un decreto presidencial.

Pero todavía es insuficiente. Hace falta entender que el prohibicionismo de determinadas sustancias fracasó y que urge terminar con la criminalización de los consumidores. Ese sí que sería un gran y ejemplar paso.

Seguimos. «