La complejidad en torno a los reclamos de las comunidades originarias está a la vista por estos días. Pero poco se habla de las problemáticas de fondo, que atraviesan a los distintos pueblos a lo largo de todo el territorio nacional: 38 etnias y más de 1700 comunidades. Mientas tanto, crece la preocupación ante el inminente vencimiento de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. Está vigente hasta el 23 de noviembre y aún debe pasar por las dos cámaras para la aprobación de su extensión. Las comunidades temen que la dilación deje días hábiles sin normativa que frene desalojos ya aprobados por la justicia. Desde el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) adelantaron que, si el Congreso no la prorroga a tiempo, se analiza hacerlo mediante un decreto.

El tema iba a incluirse en la última sesión de la Cámara Alta. Pero una cuestión técnica lo impidió: faltaba una firma digital para la emisión del dictamen en tiempo y forma. “Las comunidades entendieron que era una falta de interés. Esperemos que no lo sea. Nosotros ya estamos analizando la posibilidad de que los plazos administrativos del Congreso no permitan llegar a la fecha y salga por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Porque la urgencia amerita. Hasta que se pueda reunir el Congreso y para no dejar ningún atisbo de indefensión en cuanto a la emergencia territorial, que subsiste”, planteó en diálogo con Tiempo Julián Fernández, Director Nacional de Asuntos Jurídicos del INAI. Advirtió que “hay muchas sentencias que se encuentran suspendidas por el artículo 2 de la ley”, por lo que podrían concretarse rápidamente si no se prorroga esa normativa que prohíbe la suspensión de desalojos de comunidades originarias. “Presión de terratenientes siempre hubo y siempre va a haber”, agregó.

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Ese es el temor principal ante la inminencia de la fecha de vencimiento: que la aprobación de la prórroga llegue tarde, dejando en el medio días sin vigencia de la ley que permitan avanzar con desalojos ya aprobados. “Están dilatando las sesiones. Para la derecha, el mejor escenario sería llegar a fin de año y en el medio hacer desalojos. Porque algunos ya están aprobados, solo los frena la Ley Indígena”, advirtieron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), del que forman parte comunidades originarias. “En medio de la campaña electoral, está quedando un poco olvidada esta ley”, cuestionaron.

“Si no se trata la semana que viene, llega noviembre y todavía falta Diputados. Mientas los terratenientes hacen su lobby. Es evidente que el error técnico (que impidió que el tema haya entrado en la última sesión) fue a propósito por estos sectores. Empezaron a aparecer por TN diciendo que la propiedad privada vale más que la comunitaria, habló (Miguel Ángel) Pichetto en Bariloche en un foro reivindicando la Campaña del Desierto. El ministro de seguridad de Chubut dice que no son comunidades indígenas las que reclaman sino que son chilenos que viene a armar guerrillas en Argentina. Ellos vienen haciendo su trabajo en los medios y en las cámaras”, denunciaron desde el MoCaSE.

Para Mauro Millán, lonko del lof Pillán Mawiza, en la localidad chubutense de Corcovado, y activista por los derechos del pueblo mapuche, la ley es necesaria pero no suficiente. La definió como “tibia” y “clausurante”, porque el relevamiento territorial que propone no contempla reclamos territoriales regionales que no estén anclados en la posesión ancestral en terrenos específicos. De todos modos, reconoció que “hay casos que se detuvieron a partir de la aplicación de esta ley” y advirtió que en este contexto están “intentando nuevamente reflotar la cuestión del enemigo interno; las propias comunidades se están dando cuenta que están haciendo una manipulación que está generando mucha indignación. Eso está planteando la unidad del pueblo mapuche, que no van a permitir que desalojen a nadie. Ahí nos ponemos todos de acuerdo: de nuestro territorio no se cede nada. Sería bueno que aplicando esta ley se genere un ámbito de cierta paz, no es que se busque el enfrentamiento”, dijo en relación a la escalada del conflicto en Río Negro.

Sobre esa situación, el Director Nacional de Asuntos Jurídicos del INAI dijo que involucra a “miembros de pueblos mapuches que no conocemos; no son de pueblos y comunidades que vienen reclamando por el cauce administrativo formal. Pero el relevamiento –la aplicación de la ley 26.160- en Río Negro aclararía un poco la situación: pondría blanco sobre negro para poder saber la realidad comunitaria de cada caso”. Agregó que “el pueblo mapuche es inmenso como sujeto colectivo de derechos, tiene muchas comunidades diversas y es uno de los pueblos con mayor presencia en el país”. En cuanto al relevamiento pendiente, aseguró que “depende de la provincia de Río Negro. Ya remitimos en dos oportunidades el proyecto de convenio para consensuar entre provincia, Nación y comunidades el listado”.

En relación al planteo de Millán, sobre casos que no están contemplados dentro de los reclamos ancestrales canalizados por vía administrativa, señaló que la provincia en su constitución “reconoce al poblador mapuche disperso” y “si se conforman en un espacio como comunidad, es totalmente válido” pero “para que el Estado pueda cerciorarse tiene que haber una mesa de trabajo donde pueda consensuarse. Ese trabajo no se está logrando en Río Negro”. Ante este panorama, consideró que “depende cómo se paran los poderes del Estado frente al conflicto. Uno puede hacerlo como lo está pidiendo la gobernadora (Arabela Carreras), al seguritizar la cuestión. Pero nosotros pedimos una mesa par que sea a través del diálogo y el consenso. Para eso hay que escuchar a todos”.