En un IFEMA casi vacío, el cansancio y la frustración seguían en aumento este sábado. Las salas de negociación y las reuniones bilaterales no se detuvieron, porque el tiempo corre y la Cumbre del Clima, que tendría que haber terminado el viernes 13 de diciembre, todavía está que quema. Aunque los grupos de trabajo presentaron nuevos textos en todos los puntos de negociación, aún sigue habiendo amplios desacuerdos, sobre todo en el tema más polémico de esta COP25: los mercados de carbono. Fuera del centro de convenciones madrileño, la calle ruge, los jóvenes no esperan. “El mundo nos está mirando”, repetía Carolina Schmidt, la ministra de Medio Ambiente de Chile –que no albergó pero presidió la COP25–, mientras continuaba demandando a los enviados de los países responsabilidad, acción y compromisos concretos.

Pocos esperaban que fuera fácil. No sólo porque en Madrid se iban a tratar los puntos más calientes del Acuerdo de París, sino también por la recesión que se avecina y unas complejas relaciones geopolíticas, con gobiernos como los de Trump en EE UU o Bolsonaro en Brasil –pero no sólo otros ellos– que evidenciaron la intención de privilegiar sus modelos económicos a contramano de la emergencia ambiental, y que dificultan alcanzar consensos respecto de cómo serán los próximos 30 años en materia climática.

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En esta cumbre era fundamental llegar a un acuerdo en tres puntos: incrementar la “ambición” en los planes nacionales para combatir el calentamiento global, poner algo de claridad en la compleja aritmética de los mercados de carbono, y ajustar el mecanismo de “pérdidas y daños” que ayudaría a las naciones más vulnerables a enfrentar las consecuencias del cambio climático. Los tres tocan temas controversiales: son artículos que hablan específicamente de dinero.

La revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) para las Pérdidas y Daños, que nació bajo Kyoto, es un mecanismo es crucial sobre todo para los países en vías de desarrollo y aquellos especialmente expuestos a eventos climáticos extremos como huracanes, sequías, ciclones o el aumento del nivel del mar. El asunto involucra a América Latina. “Nuestros países –dice Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y  Cambio Climático de México y miembro de la delegación de ese país- son altamente vulnerables, sobre todo la zona del Caribe. Las islas van a tener daños y necesitan tener recursos para enfrentar estos impactos”.

El Acuerdo de París, entiende que todos los países deberían comprometerse en reducir las emisiones, pero los desarrollados tienen mayor responsabilidad y capacidad para hacerlo. Por eso, el WIM establecería que sean éstos los que faciliten financiamiento, asistencia y soporte técnico a los países en vías de desarrollo para que enfrentar los efectos del cambio climático. Esta petición, que puso sobre la mesa el grupo G77+China, no agradó demasiado a países como EE UU, Canadá, Japón, Australia y algunos europeos.

Pero, sin dudas, el tema más polémico y complejo de esta COP25 han sido los famosos mercados de carbono, porque aunque sea un complejo y ficticio mercado de equivalencias, reducciones de emisiones que se compran y venden entre países o compañías, se trata del único artículo que incide directamente en el mundo real y que, aunque no sea obligatorio, tendría reglas y un corpus legal definido.

Muchos países ven con agrado este tipo de mercados. Otros no. Los expertos y organizaciones sociales coinciden en que si no se controla exactamente su implementación, se puede caer en el doble conteo, es decir, que tanto el país vendedor de la reducción de la emisión y el comprador de dicha reducción contabilicen la misma emisión, computada así dos veces, con graves consecuencias para el calentamiento global.

Según Amparo Martínez, por ejemplo, México estaría de acuerdo con los mercados de carbono, «siempre y cuando, además de tener un sistema legal bien definido que se cuide del doble conteo y de los peligros de reducciones de emisiones ficticias, signifique una transformación de fondo en la región a nivel tecnológico y productivo, para avanzar en la transición hacia energías renovables». Otro tema fundamental, añade, pasa por integrar a este instrumento la perspectiva de género y, desde luego, la preservación de los derechos humanos. Parece difícil, sin embargo, que estos conceptos vayan más allá del preámbulo voluntarista del acuerdo y tengan formulaciones concretas al nivel de los mercados de carbono y su financiamiento, que incidan en la vida real de las personas y las comunidades.

Mientras tanto, las negociaciones continuaban este sábado, las posiciones no son elásticas y la ambición, que todos los países deberían haber aumentado, parece decrecer. “La Cumbre de la ambición estaría cerrando en las próximas horas con niveles inaceptables», remarca Enrique Maurtua Konstantinidis, experto en política climática de la Fundación de Medioambiente y Recursos Naturales (FARN).

Las incógnitas son muchas, la oportunidad era buena pero la geopolítica no ayuda, la recesión llama a la puerta y los cambios más profundos no se ven sobre la mesa. Y mientras la ciencia avisa y los jóvenes claman justicia climática, ya se habla de otro fracaso.

«Escucharon a los contaminadores y no a la gente»

«La presidencia chilena tenía un solo trabajo: proteger la integridad del Acuerdo de París y no permitir que fuera roto por el cinismo y la codicia, y ahora mismo, está fallando. Ha escuchado a los contaminadores y no a la gente», tuiteó ayer Jennifer Morgan, presidenta ejecutiva de Greenpeace. Todas las organizaciones ambientalistas coincidieron en que el primer borrador presentado por los funcionarios de Chile –que preside la COP25– era decepcionante, sin ningún llamamiento a los países a que aumentaran sus metas de reducción de emisiones gases contaminantes. Otra vez, los modelos extractivistas se imponen al bienestar de los pueblos.

Los principios de San José

Así se llama el documento lanzado por una coalición liderada por Costa Rica y a la que se ha sumado un número fluctuante de casi 30 países, y que busca un acuerdo más «justo y sólido» sobre los mercados de carbono, que contemple la ambición en las reducciones de emisión y que no acepte los bonos antiguos (los de Kyoto) en el Acuerdo de París. Básicamente, se trata de no aceptar la posición que han sostenido Brasil y otros países, como la India, los que más invirtieron en aquellos bonos, y que supondría no descarbonizar ni reducir las emisiones en un volumen aceptable.