El reclamo histórico impulsado por los feminismos en Argentina y que dominó la agenda de la lucha y reivindicaciones del movimiento de mujeres y disidencias en los últimos años ya es ley. Ahora queda la lucha por la implementación, que se sabe no será fácil. El aborto por causales, (ILE), que rige desde hace un siglo en Argentina y fue ratificado por el fallo FAL en 2012, fue obstaculizado innumerables veces, y el movimiento de mujeres de cada provincia tuvo que salir en infinitas oportunidades a exigir que se garantice el derecho a decidir. ¿Pasará lo mismo con la IVE? ¿Qué mecanismos se están implementando desde el Estado para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo?

El 14 de enero fue promulgada la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A partir del 24 de enero, los servicios públicos de salud, las obras sociales y prepagas tienen  la obligación de garantizar la práctica en un plazo máximo de 10 días corridos desde la solicitud de las mujeres y personas con cuerpos gestantes que decidan interrumpir el embarazo. Ahora solo resta la reglamentación.

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“Este va a ser el primer 8 de marzo con aborto legal y es un montón, todavía seguimos muy emocionadas y contentas por lo conquistado después de 15 años de lucha”, dice a Tiempo Yamila Picasso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. “La agenda de los derechos sexuales y reproductivos es enorme y la sanción de esta ley es un punto de partida. Aún hay mujeres presas por abortos o eventos obstétricos que tienen un vericueto muy perverso. Nuestro triple lema ‘Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no Morir’ sigue vigente, con la diferencia de que ya tenemos las tres leyes. Ahora hay que seguir por la aplicación a estos derechos sexuales y reproductivos”, remarca.

Con la vigencia de la ley 27610, los llamados a la línea  de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, (0800 222 3444), se duplicaron. El canal es una vía de consulta para el acceso a la IVE y también de denuncia ante cualquier obstaculización de acceso al derecho. “Las respuestas a las consultas realizadas a la línea 0800  en algunos casos se realizan a través de los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; en otros se requiere de la participación de los programas provinciales, otros organismos y programas gubernamentales”, informaron desde la dirección.

Clara Noceti, médica e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, señala que si bien aumentaron los llamados a la línea, muchas consultas quedan en el camino. “Desde que empezó a regir la ley no cambió tanto la situación. Las instituciones que venían garantizando ILE ahora están garantizando IVE. Hay cambios y preguntas de los efectores de la salud en relacion a cuanto hay que preguntar o cuánto no, por el acostumbramiento a lo que era antes de enmarcar en una causa de no punibilidad del aborto. Esas son miradas que están en construcción”. Noceti relata la preocupación de les profesionales de la salud ante una notable sobrecarga del sistema público de salud, por la creciente demanda. Además, agrega que los efectores privados “casi no tienen protocolo propio”.

Otro punto que señala la profesional es la falta de métodos para el acceso a la IVE: “El misopristol solo tiene menos efectividad. No tenemos misopristona, que garantizaría abortos con menos dolor. Tampoco tenemos técnicas adecuadas al segundo trimestre como el AMEU (aspiración). Sí tenemos un marco legal que dice que el aborto tiene que ser garantizado por los estándares más altos de calidad y con técnicas adecuadas al segundo trimestre”. «

La lucha continúa: la liberación de las presas por abortar


A fines de 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en conjunto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones, presentaron el informe «La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina». El estudio relevó 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos en 17 provincias del país. El informe detalla que la mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables. A partir de la sanción de la IVE, las causas penales por abortos practicados dentro de las 14 semanas deberían ser sobreseídas automaticamente, pero desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito explican que la gran mayoría de las mujeres presas no tienen causa caratuladas por aborto, sino «homicidio agravado por el vínculo» o «abandono». Desde la comisión «Libres las queremos» están trabajando en articulación con el Ministerio de Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos para avanzar en la liberación de las mujeres criminalizadas.

Miso y la suba de precios

Para el 2021, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud incorporó al plan anual de compras de misoprostol, más del doble de lo previsto en 2020, equivalente a 80 mil tratamientos, que se distribuye mediante el programa Remediar. Según el último informe elaborado por el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, si bien registraron una suba de precios, a diferencia de otros años lo hicieron por debajo de la inflación. Esta suba “controlada” se debió a los acuerdos del Ministerio de Salud de la Nación con los laboratorios.