Fue uno de los casos más emblemáticos del recrudecimiento de la violencia institucional en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en mayo de 2020. Luis Armando Espinoza, trabajador rural, fue desaparecido tras un operativo policial en Tucumán y su cuerpo sin vida fue hallado cinco días después. A casi dos años, se resolvió que el hecho sea investigado como una desaparición forzada, en el ámbito de la Justicia Federal.

Así lo determinó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al recurso de casación que interpuso el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Declaró la competencia del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción para que continúe la investigación por la desaparición forzada de Espinoza, según difundió el Ministerio Público Fiscal.

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Todo comenzó el 15 de mayo de 2020, cuando pese a las medidas de aislamiento obligatorio vigentes un grupo de personas se reunió para ver una carrera de caballos en una zona rural de la localidad tucumana de Monteagudo. La Policía de la provincia de Tucumán acudió para dispersar a los presentes: fue lo último que se supo de Espinoza, hasta que su cuerpo sin vida apareció a los cinco días en una zona de alta montaña de Catamarca. Estaba envuelto en plásticos y atado con cintas, y había sido arrojado por un barranco.

Hay nueve policías de la comisaría de Monteagudo acusados (Rubén Montenegro, José Morales, Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José María Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya), a quienes se les imputaron también los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones en perjuicio de Juan Espinoza, hermano de Luis. Morales está señalado como autor del disparo de su arma reglamentaria contra Espinoza.

La investigación por la desaparición forzada recayó en un primer momento en el Juzgado de Instrucción Penal de la ciudad de Monteros. Pero la defensa de uno de los policías imputados pidió que el fuero federal se declarase competente. El Juzgado Federal N°2 de Tucumán rechazó la presentación y esa resolución fue apelada sin éxito. Tampoco se tuvo en cuenta el planteo del fiscal general Antonio Gustavo Gómez, quien también había pedido la intervención del fuero federal.

El representante del Ministerio Público Fiscal recurrió entonces ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los camaristas de casación Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi resolvieron hacer lugar al recurso del representante del MPFN, declarar la competencia del fuero federal y remitir las actuaciones al Juzgado Federal N°2 de Tucumán para que asuma la investigación por la desaparición forzada de Espinoza, informó el MPF.

En su escrito, expresaron que “la naturaleza de los derechos lesionados y el carácter de los delitos en trato justifican con creces la intervención de la justicia federal, siendo este último fuero –que, además, resulta ser el de competencia más amplia frente a eventuales cambios de calificación- el que deberá asumir el conocimiento de la causa y continuar con su trámite, con la mayor celeridad posible”.

«El comisario me juraba que no lo habían detenido, él sabía de la muerte. Todos los policías son cómplices. Quiero cadena perpetua. Dejó seis hijos y la madre no tiene con qué darles de comer. Pido justicia», decía la madre de Espinoza, Gladys Herrera, tras la aparición del cuerpo de su hijo.