“Cassandre hubiera querido que Clemente Vera fuese liberado”. En esa oración, la última de una larga carta que envió al presidente Alberto Fernández, Jean-Michel Bouvier, padre de una de las dos turistas francesas golpeadas, violadas y asesinadas hace ya diez años en Salta, denuncia que la justicia condenó a prisión perpetua a un “perejil” con el único propósito de proteger a los verdaderos culpables.

“Estamos hablando del caso criminal más importante de la historia de la provincia. Es un escándalo”, dice Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, la organización creada en Estados Unidos con el fin de revertir condenas injustas y que desde 2017 patrocina a Vera, tramitando un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que ésta debe resolver en los próximos meses.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

“Contra Vera –explica Garrido– solo hay el testimonio de Gustavo Lasi, que no es un testigo, sino que es el otro condenado cuyo ADN fue encontrado en el cuerpo de las víctimas, y que es el dueño de la escopeta con la que las mataron. Vera es un paisano de la zona, de familia humilde y origen indígena, que hacía trabajos de jardinería y desfilaba como gaucho en las fiestas patrias. Hasta fue el baqueano que acompañaba a la policía durante la búsqueda de las chicas”.

El 2 de junio de 2014, la Sala II del Tribunal de Juicio de Salta condenó por unanimidad a Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del robo calificado por el uso de arma (al momento de la detención tenía el celular de una de las víctimas), abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa de Houria Moumni y Cassandre Bouvier, cuyos cuerpos fueron encontrados en la Quebrada de San Lorenzo el 29 de julio de 2011. En el mismo fallo, se absolvió a Daniel Vilte Laxi y a Vera por el beneficio de la duda. Sin embargo, en febrero de 2016, la Sala III del Tribunal de Impugnación provincial revocó la absolución de Vera y lo sentenció a la pena de prisión perpetua por resultar coautor material y penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y el uso de arma (dos hechos) y homicidio “criminis causae” (dos hechos), todo en concurso real. Desde entonces está detenido en el penal de Las Flores.

Para Innocence Project, “en un procedimiento sin inmediación, sin publicidad, sin oralidad, sin dar la oportunidad de ser oído, se condenó a prisión perpetua a Santos Clemente Vera, con una valoración diametralmente opuesta de idéntica prueba con que el Tribunal de Juicio lo había absuelto y dejando afuera prueba de su inocencia”.

“Desde 2011, viajo regularmente a Buenos Aires y a Salta para exhortar a las autoridades nacionales y provinciales argentinas a la transparencia de los hechos y a la exhaustividad de las investigaciones –dice en otro apartado el texto de Bouvier–. Asistí al juicio oral en 2014. Hasta mi muerte voy a rendir homenaje a los tres jueces que emitieron un veredicto justo fundado exclusivamente en la presencia o ausencia de evidencias científicas incontestables. Ellos también han sacado a la luz las maquinaciones policiales contra los acusados y el recurso sistemático a métodos de interrogatorio (torturas físicas y psicológicas) indignos de un Estado de Derecho y contrarios a los derechos humanos”. A través del embajador argentino en Francia, Bouvier está gestionando un nuevo encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el presidente Fernández y el gobernador de Salta, Gustavo Sáez.

“Que el propio padre de Cassandre esté encabezando una campaña pidiendo la libertad de Vera es muy fuerte. Siempre estuvo en desacuerdo con que le pusieran un perejil. Él dice que la Argentina no cumplió con su obligación internacional de una investigación eficaz”, destaca Garrido y aporta: “Aun no se sabe las circunstancias exactas de los femicidios, ni la fecha ni el lugar, y nunca se pudo hacer un nuevo análisis de ADN porque la justicia de Salta perdió las muestras. Es de una gravedad institucional sin precedentes”.