A principio de los noventa, la promesa compartida entre el gobierno provincial y las mineras transnacionales era hacer de Andalgalá, una ciudad con poco más de 15 mil habitantes anclada en el centro de Catamarca, “la Denver de Argentina”. Así se concretó Bajo la Alumbrera, uno de los yacimientos de oro y cobre más importantes del mundo que llegó a remover más de 300 toneladas de roca por día y consumir por minuto casi 70 mil litros de agua. Pero la ilusión del progreso pronto se convirtió en una realidad diferente con causas en la justicia por probada contaminación, disminución de superficies cultivadas y aumento de las emisiones por voladuras y la denuncia de un incremento en la cantidad de casos de cáncer en un 800%, entre otros desastres. La experiencia de Bajo la Alumbrera convenció a los pobladores de la zona a oponerse jurídicamente, desde 2010, al proyecto Agua Rica y lograr, en 2016, la ordenanza municipal que prohibió la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá. Sin embargo, aprovechándose de las distracciones por las fiestas de fin de año, la Corte Suprema de Catamarca volvió a defender los intereses extractivistas y declaró “inconstitucional” aquella ordenanza, habilitando la actividad. Para las asambleas organizadas tanto la empresa como el Estado provincial “no quieren oír al pueblo de Andalgalá, ni respetar sus derechos humanos a vivir en un ambiente sano y acceder al agua libre de contaminación”.

A horas de la navidad, el máximo tribunal judicial de Catamarca hizo lugar a la acción interpuesta por la multinacional Yamana Gold declarando la Inconstitucionalidad de la ordenanza 029/2016 que prohíbe “la actividad minera metalífera (Oro, Cobre, Plomo, Plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto (…) en toda la extensión de la Alta Cuenca Hídrica del Río Andalgalá”, como también “el uso de cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico (…) y el uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva”.

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Entre los fundamentos de la resolución destaca que “la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Andalgalá lesiona normas constitucionales y por lo tanto no puede surtir efecto jurídico alguno sobre la actividad minera, ni sobre los derechos de la Provincia de Catamarca de promover, regular y desarrollar la actividad minera”.

Organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos lamentaron que “esta sentencia pone en jaque el orden democrático local, dado que la ordenanza municipal dictada como inconstitucional fue aprobada por todos los bloques políticos (Frente de Todos y Cambiemos) del ámbito local y de manera unánime” e insistieron en que “es hora de que las autoridades ejerzan la función para la que fueron votadas y respeten la voluntad popular, no los intereses de las empresas transnacionales”.

Mariana Katz, abogada de la Asamblea del Algarrobo, referente de la resistencia ambiental en Andalgalá, reconoce que el fallo no los sorprendió porque “en todos estos años de lucha la justicia provincial jamás hizo lugar a una sola petición de los vecinos ni les concedió algún derecho” y agrega, parafraseando al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que en Catamarca “se pone al capital financiero por encima de la vida de los pueblos”.

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Irresponsables 

En agosto pasado, la ONG Mining Watch Canadá, dedicada a vigilar las actividades de las mineras alrededor del mundo, les envió una carta a los miembros de la Cámara 2 de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minas, quienes deben decidir sobre un amparo presentado para defender el cordón montañoso Nevados del Aconquija del proyecto Agua Rica de la empresa Yamana Gold dedicado a la extracción de oro, cobre, plata y molibdeno. El texto advirtió que “lamentablemente, después de 20 años de experiencia podemos afirmar que no existen mineras canadienses responsables ya que hay mucha documentación que demuestra cómo las empresas contaminan al medio ambiente y violan los derechos humanos de una manera sistemática”.

Justicia y minería, una relación estrecha

En Catamarca, la justicia y la minería supieron construir una relación muy estrecha. Enrique Lilljedahl es procurador general de la Corte provincial y padre de Guillermo Lilljedahl, uno de los abogados que representa a la minera Agua Rica en el litigio contra el pueblo de Andalgalá; y de Enrique Lilljedahl (h), quien fue patrocinante de la transnacional Yamana Gold hasta que en 2018 el presidente Mauricio Macri, con acuerdo del Senado de la Nación, lo designó como juez de Cámara del Tribunal Oral Federal de la provincia.