El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, dio a conocer este lunes el nombre de autoridades internacionales que visitarán el país por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
De momento, siete jefes de Estado y cerca de 10 exmandatarios han confirmado su presencia en los diversos actos y actividades que se realizarán entre el 9 y 11 de septiembre, para los cuales se concretará un despliegue especial de Carabineros.
En detalle, los siguientes presidentes llegarán a Chile en los próximos días: Frank-Walter Steinmeier (Alemania), Alberto Fernández (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Manuel López-Obrador (México), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal) y Luis Lacalle Pou (Uruguay).
Acorde con Monsalve, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, aún no confirma su asistencia.
En cuanto a los exmandatarios u otras autoridades se encuentran: Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, ambos expresidentes de Colombia; Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; Felipe González, expresidente de España; Tarja Halonen, expresidenta de Finlandia; Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal de Honduras; José Mujica, expresidente de Uruguay; Massimo D’alema, primer ministro de Italia; y Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana.
Presentan agenda legislativa de DDHH
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentaron este martes la agenda legislativa del Gobierno en materia de derechos humanos, que prevé el levantamiento parcial de secreto de testimonio de víctimas de la dictadura con fines investigativos, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que se cumplen el próximo lunes.
Desde el Parque Cultural de Valparaíso, las autoridades dijeron que el objetivo es realizar “un levantamiento, para el Plan Nacional de Búsqueda, del secreto vinculado a la información obtenida en la Comisión Valech», en referencia al organismo creado en 2003 con el fin de esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas a manos del Estado, recopilando antecedentes y documentación de las víctimas.
El anuncio se da, además, después de que la semana pasada el presidente Gabriel Boric oficializara el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar chilena (1973-1990).
“Respecto al levantamiento parcial del secreto Valech, este consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes del informe Valech 1 y 2 en los mismos términos que los tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, explicó el ministro de Justicia.
“La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, que es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada mientras se encuentran hallazgos relevantes con previo consentimiento de las víctimas y sus herederos”, agregó Cordero.
El funcionario informó que se requirieron alrededor de 8.000 carpetas con sus testimonios y antecedentes, pero siempre respetando la voluntad de las víctimas y sus herederos, donde en caso de negativa de alguna víctima en levantar su testimonio secreto, la decisión deberá ser respetada.
“El Plan Nacional de Búsqueda en un instrumento de política pública que recopila muchísima información para configurar, entre otras, las trayectorias de las personas detenidas y hechas desaparecer”, dijo Cordero, y agregó que “este es un antecedente más, es importante destacar que el plan requiere mucha información y la que se encuentra acá es una más”.
Por su parte, Elizalde habló del resto de medidas que tiene la agenda legislativa del Gobierno, donde también destaca la tipificación de delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal, un plan nacional de memoria y patrimonio y la eliminación de restricción de información sobre leyes dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida.
Estos ejes y materias específicas que comprenden la agenda legislativa del Gobierno en materia de derechos humanos se enviarán a tramitación, presentando urgencias e indicaciones, según corresponda, y las que comprenden nuevas iniciativas de ley (como el levantamiento de testimonio) que serán enviadas al Congreso para su tramitación.
Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos «para contar con el registro más preciso posible», asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de las comisiones generadas por el Estado, aseguran «que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer» en el periodo 1973-1990.
Y agrega que se ha llegado a estimar «sin certeza» que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377.
Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a «agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades».
Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.
