En una jornada de discusión maratónica, el pasado lunes 8 de noviembre fue presentada en la Cámara de Diputades la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que fue finalmente aprobada a la mañana siguiente.

El develamiento de los Pandora Papers salpicó fuertemente al presidente trasandino al revelar su participación en la venta de sus acciones del proyecto Minera Dominga el año 2010, mientras se desarrollaba su primer mandato. La transacción en paraíso fiscal británico, consideraba un monto de 138 millones de dólares, acordados en tres pagos a su socio y amigo Carlos Alberto Délano; la última de estas cuotas contenía la condición de que el Estado no declarara como reserva natural protegida el terreno donde se emplazaría el proyecto extractivo, orientando el tratamiento que debía darle su gobierno.

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Este hecho otorgó el argumento central para dar inicio al juicio político contra el mandatario. Cabe considerar que esta es la segunda vez que se emplaza a Piñera. La primera, desarrollada entre noviembre y diciembre de 2019, en pleno contexto de revuelta social, lo acusaba como responsable político de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los Derechos Humanos. Sin embargo, en aquella ocasión la revisión previa de la acusación en el congreso, determinó que no cumplía con los requisitos constitucionales y finalmente se rechazó su admisión.

El histórico ‘Naranjazo’

La jornada desarrollada en la Cámara Baja no estuvo exenta de polémica. La oposición requería de 78 votos para la aprobación de la acusación constitucional. Sin embargo, 2 de estos votos eran inciertos, puesto que los diputados Jorge Sabag (DC) y Giorgio Jackson (RD) se encontraban cumpliendo cuarentena preventiva como contactos estrechos, al menos hasta la medianoche. Con una insólita cohesión, la oposición no tardó en buscar estrategias para lograr su objetivo. Fue así que el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, a cargo de la vocería, realizó un discurso de 1.300 páginas durante 15 horas, en el que detalló los delitos cometidos por el presidente y las argumentaciones para lograr su destitución, logrando así correr el horario de la votación para garantizar la llegada de los diputados.

Jaime Naranjo cerró este histórico discurso argumentando que “nunca antes en la historia de este país, un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez, haber comprometido el honor de la nación”

Finalmente, con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la acusación constitucional y fue despachada al Senado para su tratamiento, el que tendría que desarrollarse durante la próxima semana. Sin embargo, el escenario es desalentador, puesto que la oposición requiere de 2/3 de la cámara, es decir, 29 votos, y sólo cuenta con 25.

Proceso destituyente y escenario electoral

A una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, este juicio político contra Piñera no supera su carácter mediático. El escenario que se configura en el Senado respecto a esta acusación permite anticipar que Piñera, aunque en una paupérrima posición que apenas supera un 10% de aprobación, cerrará su mandato sin condena alguna.

El accionar de la oposición en la Cámara de Diputades constituye tan sólo un hito simbólico en la historia del país. Horas después de la polémica votación, la firmeza expresada respecto a este juicio político no tardó en flaquear y otorgó su respaldo al gobierno aprobando la segunda extensión del estado de excepción constitucional en el wallmapu, garantizando y fortaleciendo la militarización de territorio mapuche.

Las directas repercusiones en el escenario electoral no esperan y expresan rasgos de una cada vez mayor polarización. Les principales candidates de oposición, Yasna Provoste (DC) y Gabriel Boric (FA), no tardaron en capitalizar el presente escenario político para posicionarse moralmente desde un lugar contrario a la forma de hacer política representada por Piñera, ofreciendo centralmente dar contención y tratamiento a las demandas sociales expresadas fuertemente en las calles a partir de la revuelta popular iniciada en 2019. 

Por su parte, el bloque de derecha, aun con sus diferencias, ha sabido siempre cuadrarse y solidificar alianzas cuando se trata de garantizar sus intereses políticos y económicos. Frente al debilitamiento de la candidatura de Sebastián Sichel, perteneciente a la coalición Chile Vamos a la que pertenece Piñera, miembros de este bloque no han dudado en otorgar su apoyo a la candidatura del ultraderechista y abiertamente fascista José Antonio Kast, perteneciente al Partido Republicano.

En este contexto político institucional, frente a las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre y en pleno desarrollo del Proceso Constituyente, no queda más que seguir apostando a la organización de una verdadera alternativa política que nazca desde los territorios y desde los movimientos sociales para construir los cimientos de un nuevo Chile.

Sebastián Piñera quedará plasmado en la historia de Chile como el empresario multimillonario que jugó a ser presidente y que, ocupando el más alto cargo público, se lleva enormes ganancias en sus negocios privados y las manos llenas de la sangre de un pueblo que lucha por mayor justicia social en el país catalogado como ejemplo del modelo neoliberal de la región.