Las elecciones en segunda vuelta de hoy serán el paso definitivo para que el nuevo presidente o presidenta asuma en diciembre en un Ecuador enfrentado al crimen organizado como nunca en su historia, con una sociedad polarizada y castigada, aumento de la pobreza y un magro augurio de crecimiento para los próximos meses. El exbanquero de derecha, Guillermo Lasso, deja la presidencia en la mitad de su mandato con el 70% de imagen negativa y unas cuantas cuentas por saldar, que tanto la correísta Luisa González o el empresario hijo del hombre más rico de Ecuador, Daniel Noboa, se verán obligados a saldar al llegar a Carondelet. Una economía frenada y una creciente e inédita ola delictiva que involucra a peligrosos grupos narcotraficantes.

El gobierno que gane recibirá un país “absolutamente destrozado”, advierte Nicolás Oliva, investigador y miembro en Ecuador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Los dos temas centrales a resolver serán “el de la seguridad y el tema económico”, que están directamente vinculados. “sin resolver el tema de seguridad no puede funcionar la salud, en los hospitales están con miedo, hay zonas donde los chicos no pueden ir a clases por las guerras entre bandas, los negocios cierran porque los extorsionan o asaltan. Todo el mundo se está retrayendo, se retira de las calles, entonces no hay consumo”, describe.

Según distintos análisis, el narcotráfico ha logrado permear entre la institucionalidad, las fuerzas de seguridad y las armadas. “Hay que limpiar ese espacio, que es la fuente de todos los males, la policía, el ejército, y en ese tránsito puedes verte afectado por ataques (de los narcos) para intentar tumbarte si es que tienes las ganas de hacerlo”, explica Oliva a Tiempo. A los seis meses de comenzar gestión, en 2021, después de haber ganado el balotaje al correísta Andrés Araúz (hoy candidato a vicepresidente de González), Lasso afrontó el recrudecimiento de la violencia delincuencial y, en particular, la crisis carcelaria. Solo en ese año se produjeron cuatro motines en distintos penales que terminaron con la vida de unos 250 presos, en un marco de violencia inusitada. Con un sistema carcelario superpoblado y sin políticas eficaces aplicadas a la resocialización, el gobierno falló en su intento de contenerlos, aplicando estados de excepción de dudosa eficacia, como los impuestos luego de las amenazas y asesinatos de candidatos previos a la primera vuelta. Otro reflejo de la criminalidad descontrolada.

Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, “Ecuador ha experimentado un aumento del 528.10% en el número de homicidios intencionales en comparación con el primer semestre de 2019. Al final de 2023, el país puede superar las 7000 muertes violentas, alcanzando una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes mayor a 35”.

Para el historiador de la Universidad Andina Simón Bolívar, Pablo Ospina, la expansión en los últimos tiempos de las bandas narco debe su origen a la dolarización, que rige en el país desde 1999, ya que “facilitó enormemente el lavado de dinero del narcotráfico y por lo tanto, la progresiva instalación o el desarrollo de distintas agrupaciones delictivas ligadas al crimen transnacional”. En una entrevista al sitio Nueva Sociedad, Ospina agrega que las políticas neoliberales de Lasso que buscaron el achicamiento del Estado, produjeron el retiro de instancias institucionales de lugares clave.

Lasso fracasó de inmediato cuando quiso imponer su ley de Creación de Oportunidades, una norma ómnibus que proponía flexibilizaciones en las condiciones de trabajo y modificaciones tributarias, que fue rechazada por la Asamblea Nacional, creando el primer y más extendido cortocircuito entre Ejecutivo y Legislativo, una disputa que acabó con la instauración de la “muerte cruzada”, que dictaminó la disolución de ambos poderes, y reforzó a su vez el descreimiento de la sociedad en las instituciones. La Asamblea es uno de los estamentos con peor imagen del país. A esto contribuyó además una lista de denuncias, en muchos casos con pruebas contundentes, sobre casos de corrupción y tráfico de influencias en el entorno de Lasso, razón por la cual había sido sometido al juicio político que evitó apelando a la cláusula constitucional por la que hoy se elige presidente.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC), la pobreza y la extrema pobreza aumentaron en el primer semestre de 2023 llegando al 27% y al 10,8% respectivamente, un aumento promedio de dos puntos respecto de 2022. Esto se vio reflejado en una manifiesta movilización callejera. También en el flujo migratorio: “Hace solo unos meses, la oficina de Migraciones de Panamá revelaba que los ecuatorianos eran ya la segunda nacionalidad que más atraviesa por la peligrosa selva del Darién de forma irregular. Al menos 29.356 cruzaron esa selva durante 2022”, afirma un análisis publicado en el sitio de CELAG.

Ecuador, como el resto de los países, no fue ajeno a las generales de la ley. Fue igualmente afectado por la pandemia, los conflictos bélicos y los fenómenos climáticos. Pero los fallos de gestión social y económica y la escasa cintura política que terminó dejándolo prácticamente sin representación parlamentaria, lograron la estrepitosa salida de un presidente que será recordado por ser el primero en decretar su propio derrumbe.