Occidente primero –los que aliados a la Unión Soviética imaginaron que en 1945 se había puesto punto final al nacional socialismo de Adolf Hitler– y Alemania después creyeron que muerto el perro se acababa la rabia, y que con unos subsidios a las víctimas sanaban para siempre las heridas. Le erraron y el nazismo renació y crece, amparado en una democracia chueca de la que se vale pero no practica, y desde la vieja Europa amenaza al mundo, sumando nuevos blancos a los objetivos de antaño. Desde el Congreso donde consolidó una sólida presencia legislativa, Alternativa para Alemania (AfD) reclama ahora un subsidio estatal «con el fin de educar a las personas sobre asuntos políticos e ideológicos, en el país y en el extranjero».

Todo corre a su favor para lograrlo y que su Fundación Desiderius Erasmus (DES) reciba los voluminosos fondos –cientos de millones de euros anuales– que el erario público concede a fundaciones propias de los partidos que, cada uno a su manera, participan del juego democrático. Los reclama con retroactividad a 2017, cuando experimentó una votación del 12,6% e irrumpió en la vida política legal con una bancada de 94 legisladores. Así, al dársele vista a su petitorio, el partido nazi se encontrará con una fortuna que le permitirá convertirse en un jugador de alto nivel en la política mundial. El primer paso ya está dado, porque ningún partido se anima a oponerse y porque ya recibió el aval de la Justicia.

El 22 de febrero, el Tribunal Constitucional exigió el dictado de una ley que reglamente la financiación estatal de las fundaciones «a fin de corregir la discriminación que sufre la DES». El problema para los tibios dirigentes de los partidos del arco democrático, es que tanto el ultraderechista AfD como el Tribunal tienen razón, porque hasta ahora el reparto se ha hecho a través de una costumbre que establece que los fondos estatales deben entregarse a los partidos que hayan estado representados en el Congreso en dos períodos consecutivos. El AfD cumple ese requisito básico, pero esa norma no está plasmada en el papel, sólo es una tradición.

No considerar a la DES al asignar «las subvenciones para el trabajo educativo sociopolítico y democrático» interfiere con el derecho de la AfD a la igualdad en la competencia política, señaló el fallo judicial. Y agregó que «se necesita una ley para justificar esta injerencia: tal ley falta aquí», dice la sentencia con la cual los jueces señalaron que el partido nazi está en inferioridad para organizar eventos, financiar publicaciones y campañas de radio y televisión, desarrollar planes de becas y asistir a partidos afines del resto del mundo. «Si el fin de las fundaciones –entidades con un profundo contenido ideológico que promueven el pensamiento del partido al que pertenecen– es el de cooperar para imponer la democracia, AfD está en desventaja», señaló el Tribunal en una indisimulada defensa del partido nazi.

Cada uno de los 16 miembros de las dos salas del Tribunal Constitucional sabe que AfD es un partido nazi, y que el nazismo está reñido con los Derechos Humanos, las libertades y la democracia. Y deberían saber que AfD añadió nuevos receptores de su odio: los migrantes que llegan a Europa en busca de refugio, víctimas de guerras, hambruna, persecuciones religiosas o raciales y la devastación provocada por los fenómenos climáticos. El Tribunal, tan cuidadoso defensor del derecho nazi a la «igualdad en la competencia política», podría reparar, aunque fuera, en algunos de los eslogan más repetidos por la AfD, como el que sentencia que «el Islam no pertenece a Alemania», cuando la Constitución germana garantiza la libertad religiosa.  

Las fundaciones adscriptas a los partidos con representación parlamentaria, muchas de ellas con rica actividad en Argentina y toda América –Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Rosa Luxemburgo, Heinrich Böll, Friedrich Naumann, Hans Seidel– no han reaccionado ante la inminencia de compartir cartel con tan indigna compañía. Sólo la Otto Brenner, afín al sindicato metalúrgico, advirtió sobre «los justificados temores que genera una fundación nazi antihumana generosamente financiada por el Estado». La resistencia sumó a una amplia gama de organizaciones firmantes del «Manifiesto por la Sociedad Civil y la Educación Política», entre ellas la Fundación Ana Frank y la Universidad Libre de Berlín.

Hasta alguno de sus infiltrados y poco confiables servicios de inteligencia ha denunciado a AfD como un «factor desestabilizante». Tal el caso de la Oficina para la Protección de la Constitución que la define como «extremista de derecha, enemigo de los principios democráticos propios de Alemania». Para llegar a tal conclusión se basó, entre otros datos, en una frase dejada en la web por Erika Steinbach, presidenta de la Fundación Desiderius Erasmus: «Nuestro propósito es servir desde el patriotismo y el espíritu conservador liberal al pueblo alemán, sobre la base de la cultura alemana dominante, impulsora del rechazo efectivo a quienes llegan con la intención de destruir las raíces del ser germano». «