Tras la contundente victoria del “apruebo” por la reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, Chile ingresa en el intenso debate sobre cuál será la Carta Magna que rija sus destinos. Pero antes que eso, viene la etapa de elección de los 155 constituyentes que la redactarán, que se realizará el 11 de abril junto con la de gobernadores, alcaldes y concejales. Es porque el plebiscito incorporó la consulta sobre la instalación de una Convención Constitucional -integrada sólo por miembros electos por voto popular-, apoyada por el 79% de los votos, frente a la alternativa que incluía a parlamentarios en ejercicio. Y aunque esta modalidad supone un desaire a los partidos políticos tradicionales en favor de los candidatos independientes, aquellos que quieran presentarse solos, fuera de alguna lista, no la tendrán fácil.

El reglamento de la Convención definió un mecanismo para los independientes, pero el requisito de un mínimo de firmas de ciudadanos igual o superior al 0,4% de quienes votaron en el distrito electoral, es una barrera difícil de sortear, aún más en pandemia, ya que el patrocinio se debe presentar en una escribanía. Por la forma de distribución de los escaños, un independiente deberá competir en cantidad de votos con los obtenidos por una lista presentada por un partido, que pueden llegar ser hasta de nueve personas. Por esto, es prácticamente imposible que resulte electo un candidato que se presente solo sin el respaldo partidario.

Habría una alternativa, que sería conformar una lista de independientes, en cuyo caso la ley pide que se junten una cantidad de firmas equivalente al 1,5% del total de votantes de la elección pasada, para grupos que vayan entre los dos y los nueve candidatos.

En el Congreso, no obstante, avanza un proyecto para rebajar a la mitad el número de firmas y habilitar un procedimiento electrónico para su recolección. Los partidos políticos buscan, además, buscarán tentar a independientes para incluirlos en sus listas. Todavía también se discute si habrá o no escaños reservados para indígenas, un clamor que surgió para dar respuesta al extenso conflicto, por una mayor autonomía y la restitución de territorios, de las comunidades mapuches, la mayor etnia chilena.

La Convención, que tendrá un presidente, deberá redactar y aprobar la nueva Constitución en nueve meses, que se podrán prorrogar por tres más, una sola vez. La nueva Constitución deberá ser aprobada por dos tercios de los miembros, pero «no está claro si cada disposición se debe aprobar por 2/3 o es sólo el conjunto de la Constitución, una diferencia de interpretación que podría tener alguna diferencia importante respecto a aquellos asuntos que se acuerden», según el abogado constitucionalista Sebastián Zárate.

Luego, un nuevo plebiscito de carácter obligatorio debe ratificar la nueva Constitución. Si no se aprueba, continuará vigente la de 1980.Los postulantes deben ser ciudadanos chilenos mayores de 18 años y no haber sido condenados a pena efectiva con prisión mayor a tres años. Existirán incompatibilidades con cargos en organizaciones y gremios, a los que deberán renunciar si quieren participar de la Convención. Recibirán un pago mensual de 2,5 millones de pesos (3.200 dólares), casi un tercio de lo que recibe hoy un diputado. En un acuerdo que hará único en el mundo al proceso chileno, existirá la paridad de género en la elección de constituyentes. Cada lista que participe en la elección debe incluir igual número de hombres y de mujeres. Si no es par, uno de los sexos puede superar al otro en una candidatura como máximo