Horas después de sufrir un golpe de Estado, Evo Morales denunció la existencia de una orden de detención en su contra y el asalto de «grupos violentos» contra su domicilio.

«Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio», afirmó Morales en su cuenta de Twitter.

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Además, denunció que «los golpistas destruyen el Estado de Derecho».

Las declaraciones de Morales se producen momentos después de que el golpista Luis Fernando Camacho, quien comandó las movilizaciones contra el Gobierno, informara que había una orden de aprehensión contra el depuesto presidente y que policías y militares trataban de detenerlo.

Previamente, la exministra de Salud Gabriela Montaño había denunciado que la policía intentaba detener a Morales en Chapare, región productora de coca de Cochabamba (centro), desde donde el dirigente indígena anunció su renuncia en la tarde.

La misma Montaño denunció más temprano, también vía Twitter, que «la oposición» había intentado en la tarde ocupar y saquear la vivienda de Morales en una zona popular de la ciudad de Cochabamba.

Cadenas de televisión mostraron imágenes de destrozos en el inmueble de Morales, que luego del aparente intento de saqueo fue precintado por los vecinos como medida de protección.

Durante la madrugada del lunes, la policía boliviana negó la existencia de una orden de detención en contra de Evo Morales y los ministros de su gabinete. Lo dijo el comandante nacional de la Policía, Yuri Calderón, quien sí confirmó 25 órdenes de detención para «los presidentes de tribunales departamentales electorales y los vocales departamentales de las cortes electorales», como el caso de María Eugenia Choque, hasta ayer presidenta del Tribunal Supremo Electoral.