La acusación de vínculos con el terrorismo, lo que en el Perú se conoce como “terruqueo”, es la espada insistente y sistemática de la derecha para desestabilizar al gobierno de Pedro Castillo. Los intentos de desarmar el gabinete han llevado al gobierno a una pulseada crítica en la que, se especula, podría recurrir a la medida extrema, si bien constitucional, poco conciliadora, de forzar una renovación parlamentaria. A pesar de que el presidente y sus ministros se manifestaron reiteradas veces en contra de los hechos de violencia del pasado e incluso haber tenido estricta prolijidad en el tratamiento de los restos del exlíder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, fallecido en prisión el pasado 11 de septiembre, la oposición sigue instalando con ayuda de los principales medios la idea de que el gobierno se vinculó con Sendero y lo sigue haciendo con sus organizaciones residuales de superficie como el Movadef y Conare.

El nuevo objetivo de la extrema derecha reunida en los bloques legislativos de Fuerza Popular (de Keiko Fujimori), Renovación Popular y Alianza para el Progreso es el ministro de Trabajo Iber Maraví, quien el jueves se sometió a una extensa interpelación en la que argumentó en su defensa. Pese a ello, la oposición continuó en su avanzada para que Maraví deje el cargo y comenzó a reunir firmas para tratar su destitución esta semana. “Las respuestas del ministro no nos han convencido, vamos a formular la moción de censura y la vamos a trabajar en los días que vienen”, dijo a la prensa el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular.

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Maraví es el tercer ministro al que la oposición apunta por supuestos vínculos con el terrorismo. Igual que ocurrió con el jefe de gabinete Guido Bellido, ratificado por el presidente, y el excanciller Héctor Béjar, quien se vio obligado a renunciar por el acoso opositor que se encargó de recordar que en su juventud fundó una efímera organización revolucionaria.

Fuentes cercanas al gobierno confirmaron a Tiempo que la crisis puso en debate la posibilidad de recurrir a la “cuestión de confianza”, una herramienta constitucional extrema por la que el Ejecutivo puede disolver el Parlamento y convocar a elecciones para su renovación si este rechaza a su gabinete o varios de sus ministros.

Luego de la sesión de 10 horas, el propio Bellido declaró en una conferencia de prensa que, de ser necesario, “vamos a pedir cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”, afirmó, lo que fue calificado por los voceros de la derecha como palabras “antidemocráticas y desafiantes”.

Luego la diputada Sigrid Bazán, del aliado Juntos por el Perú, señaló que “la cuestión de confianza debiera ser un último recurso, ¿Pero qué otro recurso le está dejando el Congreso al Gobierno?, si realmente no hay como moverse”, dijo en una entrevista en la que llamó “obstruccionista” a la dirigencia opositora.

El Congreso presentó al ministro Maraví siete preguntas sobre hechos de terrorismo en los que lo vinculan. La acusación se centra en dos atentados ocurridos en 1980 y 1981. Maraví respondió “con los documentos en la mano”, que no tiene “ningún proceso pendiente ni sentencias condenatorias por ningún caso en mi vida”. Alegó que entonces se le incluyó en los informes policiales en base a torturas a seguidores de Sendero. “No he participado y tampoco he cometido los hechos que se me atribuyen tendenciosamente. Hay supuestas imputaciones que luego fueron negadas ante un juez penal”, sostuvo.

La oposición no registró las explicaciones. Después de la interpelación, Keiko Fujimori tuiteó que el gobierno defiende “a un ministro acusado de participar en atentados de Sendero”. El ministro le respondió anticipándole una querella: “Señora Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones, cuando se refiere a mi como acusado de participar activamente en atentados de Sendero. Prepárese porque la voy a querellar”.

Maraví ya había puesto a disposición su renuncia ante el presidente Castillo, quien la rechazó y lo ratificó en el cargo. Envalentonado, el diputado Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso anticipó: “No renuncie, ministro, espere la decisión del Congreso, que ya debe saber cuál va a ser”.