El exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, podría recuperar la libertad en los próximos días si su defensa logra hacer cumplir un nuevo habeas corpus dictado por un juez distrital que lo beneficia, pese a la persecución del gobierno contra el magistrado –fue arrestado- y la apelación de la medida por parte de organismos que responden al presidente Guillermo Lasso. Según dijeron a Tiempo representantes legales del dirigente correísta detenido por una condena de seis años de prisión por supuestas coimas de Odebrecht, “las garantías constitucionales son de aplicación inmediata. Ni la detención del juez ni la apelación del Ejecutivo lo suspenden por lo tanto la ejecución de la boleta se mantiene”.

Glas ya había sido beneficiado con un habeas corpus por razones sanitarias en abril pasado, pero la dura reacción del gobierno derechista consiguió retrotraer la medida. Esta vez fue el juez de la ciudad de Portoviejo (suroeste), Rubén Molina, quien el viernes de la semana pasada emitió la resolución que beneficiaba a otro preso, pero haciéndola extensiva a Glas, considerando que los padecimientos de salud del exvicepresidente no habían sido atendidos de forma especializada e integral. Daniel Salcedo, también sentenciado por corrupción, fue igualmente alcanzado por la decisión. El gobierno de Lasso, alineado con la estigmatización contra el espacio liderado por el expresidente Rafael Correa, rechazó la “boleta de excarcelación” al instante por considerar que había “inconsistencias” en el fallo. De acuerdo con el Ejecutivo ni la Procuraduría General del Estado ni el SNAI, organismo encargado de administrar las prisiones, fueron convocados a la audiencia y la decisión del juez «apareció, repentinamente, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, SATJE». Mientras Lasso tuiteaba en contra de la decisión del juez, la secretaría de Comunicación emitía un comunicado afirmando que «las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que intentan llevarnos algunos jueces».

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Pero las acciones fueron más allá. El miércoles último, la policía de Ecuador detuvo por el supuesto delito de usurpación de funciones al juez Molina con “fines investigativos”. El Consejo de la Judicatura, órgano encargado de administrar la función judicial, señaló además en un comunicado que sobre el juez pesa un llamado a juicio por el presunto delito de prevaricato, por lo que su facultad para impartir justicia se encuentra suspendida. También se le cuestiona el hecho de que su jurisdicción -la ciudad de Portoviejo (suroeste)- se encuentra lejos del lugar donde Glas está encarcelado, que es en la Prisión 4, ubicada en Quito.

Glas también fue condenado a ocho años de reclusión por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado «Sobornos 2012-2016», en el que también fue sentenciado en ausencia Correa. Las causas son cuestionadas por numerosos espacios políticos por considerarlas como parte del lawfare.