“La historia de Ayotzinapa se cuenta por lo extraordinario, pero estamos en un país que tiene más de 80 mil personas desaparecidas y los esfuerzos por lograr identificar restos óseos de mucho tiempo prueban que el Estado mexicano puede hacer esto mismo para otras víctimas”, explica a Tiempo María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), quien destaca que “solo se va a lograr cuando haya instancias muy profesionales e independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”.

Aguilar subraya la importancia del trabajo de los expertos argentinos que acaban de convalidar la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los estudios fueron llevados adelante en el laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, por recomendación del EAAF.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Mercedes Doretti, directora para Norte y Centroamérica del EAAF, indica que “en Innsbruck cuentan con un laboratorio dedicado a muestras altamente degradadas, de las cuales es muy difícil extraer ADN. Esos resultados, analizados también por nuestro laboratorio, coinciden y señalan esta fuerte coincidencia genética con muestras de los familiares del joven Jhosivani Guerrero de la Cruz”.

Desde Austria, también confirmaron la identificación de los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio, previamente identificados por la misma universidad. Todas las víctimas pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y esa noche viajaban en cinco colectivos a una tradicional manifestación que conmemora otra masacre estudiantil.

Tras la desaparición de los jóvenes, la fiscalía local, con la anuencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto, impuso la hipótesis de que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el Basurero de Colula, Guerrero. Las cenizas, según esta hipótesis, habían sido esparcidas en el Río San Juan.

Los investigadores de la Procuraduría General de la Nación habían aportado como prueba restos presuntamente encontrados en esa zona, cuyo análisis sostenía que se trataba de Jhosivani. El EAAF no avaló esos estudios al considerar que no podía dar certezas de que se tratara del joven normalista. Es que el ADN extraído de la muestra era mitocrondrial y podía coincidir con otro individuo del linaje materno.

El EAAF actúa desde octubre de 2014 como perito independiente a pedido de los familiares de las víctimas, representadas legalmente por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Entre 2015 y 2016 el EAAF también colaboró con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En febrero de 2016, el EAAF concluyó que no había evidencia asociada sobre restos óseos y las muestras encontradas en el Basurero de Cocula, Guerrero. A partir de ese momento, los representantes de los familiares pidieron a las autoridades que reencaucen la investigación y se investiguen las posibles irregularidades del caso.

Las muestras analizadas por la universidad austríaca fueron extraídas de la Barranca de la Carnicería, a unos 800 metros aproximadamente del Basurero de Cocula. “Los restos se han encontrado de manera aislada, en superficie, son fragmentos, algunos de ellos afectados por el calor o alterados térmicamente y multifragmentados en la mayoría de ellos”, describe Doretti, quien aclara que “las muestras de las cuales se han podido confirmar identificaciones no presentan alteración térmica y se encuentran bastante completas”.

La especialista del EAAF concluye que “todo esto abre otra línea de investigación que está llevando en este momento la fiscalía especializada que trabaja sobre el caso”. Aguilar, por su parte, si bien reconoce que se trata de “una investigación muy compleja, ha sido acompañada por muchos mecanismos internacionales y ha retomado un rumbo en los últimos años con el cambio de administración –hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador– y sobre todo con los cambios en la Fiscalía General de la República”.

La referente del Centro Prodh analiza que “el Estado tuvo un interés en decir que estaban involucrados solo una policía local, coludida con un grupo criminal pequeño del municipio de Iguala. Pero todo lo documentado hasta el momento establece que en realidad se trató de una estructura mucho más compleja que involucra a diversas policías municipales, a la Policía Federal, a algunos elementos del Batallón 27 y a otras instancias estatales que tienen vínculos con un grupo criminal mucho más complejo y de alcance transnacional” relacionado con la producción de amapola en México y su tráfico a Estados Unidos. «

Las múltiples tareas pendientes

La directora para Norte y Centroamérica del EAAF, Mercedes Doretti, precisa las cuestiones que aún están pendientes, aunque bien encaminada, en la investigación que hoy está a cargo del maestro Omar Gómez Trejo, quien “está llevando adelante las tres tareas al mismo tiempo: la búsqueda de los estudiantes, la búsqueda de los culpables de lo que les pudo haber pasado y el seguimiento de las irregularidades denunciadas por nosotros, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, y también por el mismo Gómez Trejo cuando se hizo cargo de la investigación hace unos años”.

“La noticia de la identificación de uno de los estudiantes es muy dolorosa para la familia, pero ellas están abiertas a tener y a reconocer información que tenga validez científica y confían plenamente en el EAAF. Eso es muy relevante porque en este caso se les mintió por mucho tiempo y se les ocultó y tergiversó información sobre el paradero de sus hijos”, agrega María Luisa Aguilar del Centro Prodh.