La Comisión de la Verdad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha no bien asumió el cargo, determinó que la desaparición de los 43 estudiantes del colegio normal de Ayotzinapa producida el 26 de setiembre de 2014 fue un crimen de estado del que no son ajenos miembros de las fuerzas de seguridad y con vinculaciones en el tráfico de heroína.  Entre las primeras consecuencias de este crudo informe, este viernes fue detenido el exprocurador general, Jesús Murillo Karam y se emitieron órdenes de arresto para 64 militares y policías implicados en el crimen.

Murillo Karam, jefe de los fiscales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas, ocurrida en el estado de Guerrero (sur). Está acusado de «desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia», informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado donde indica que fue apresado en su residencia de un exclusivo barrio de Ciudad de México.

La FGR informó luego sobre órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, además de otros 19 pedidos contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.

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La captura se produjo horas después de que el presidente López Obrador pidiera «verdad» y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un «crimen de Estado».

«Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos», añadió López Obrador en una gira por Tijuana.

La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en protestas.

Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.

Los familiares someterán el documento de la Comisión de la Verdad a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado a raíz de los reclamos, durante el gobierno de Peña Nieto junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El GIEI ya había advertido que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora. El informe menciona «responsabilidades claras de elementos» de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.

El informe que presentó ahora el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sostiene que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. “Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo Encinas.

El funcionario gubernamental también dijo que ofreció un trato a Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que está prófugo en Israel,  para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos.