El gobierno de Lenín Moreno acaba de abrir la puerta a la posible expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado desde 2012, algo que los contrincantes de derecha ecuatoriana habían prometido antes del recambio presidencial en 2017. La suerte del hacker y creador de WikiLeaks, la plataforma desde donde se filtraron numerosos y reveladores documentos, mayormente de la inteligencia estadounidense, que pusieron en jaque las relaciones internacionales, venía siendo alertada por el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, justamente quien permitió el asilo diplomático cuando el periodista corría el riesgo de ser extraditado a Suecia y de allí a los Estados Unidos, donde podría ser condenado con la pena de muerte.

Lenín ordenó cortar las comunicaciones al exterior de Assange luego de que este publicara tuits críticos sobre la detención del catalán Carles Puigdemont y la expulsión de diplomáticos rusos de Gran Bretaña. Por esto último, el secretario de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, lo llamó «pequeño miserable gusano». Assange le respondió en su Twitter, en uno de sus últimos posteos, ya que desde el 27 de marzo la cuenta no registra actividad.

La sanción fue ejecutada atribuyéndole el incumplimiento del compromiso, asumido por Assange a fines de 2017, de no emitir mensajes que supongan una injerencia en relación con otros Estados. «El comportamiento del fundador de WikiLeaks, con sus mensajes en redes sociales, pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con el Reino Unido, con el resto de los Estados de la Unión Europea y otras naciones», aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano en un comunicado oficial.

«Moreno entrega Ecuador a USA, parte de su traición a nuestro pueblo y a la Patria Grande. (Los) Días de Assange están contados en la Embajada del Ecuador en Londres», tuiteó Correa al conocer la resolución.

Pero el gobierno además dejó en claro que «mantiene abierta la vía para la adopción de nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso por parte de Assange», lo que no parece ser un buen augurio para el periodista de 47 años de origen australiano. Recientemente el propio Moreno se había referido al tema de Assange como «un problema» y «una molestia» para su gestión, heredada de su exaliado Correa. De hecho, intentó una salida diplomática otorgándole la ciudadanía ecuatoriana para nombrarlo agente de relaciones internacionales ante el Reino Unido, lo que le permitiría circular por ese país y así «librarnos definitivamente del problema», según Moreno. Pero los británicos no aceptaron otorgarle las credenciales. Assange no puede salir de la embajada porque la Justicia británica no levantó una orden de arresto librada hace años, a pesar de que la Justicia de Suecia, el país que reclamaba su detención, cerró la causa que le había abierto por dos denuncias de abuso sexual y violación, y levantó el pedido de captura. Mark Summers, uno de los abogados de Assange, tramita el pedido para que Gran Bretaña levante la orden y permita a su defendido salir del confinamiento en el que se encuentra hace más de cinco años, ya que le está causando «problemas serios de salud física y mental», afirmó.

Intelectuales, periodistas y políticos de una veintena de países, entre ellos la Argentina, Ecuador, Estados Unidos y varios de Europa, presentaron el fin de semana un documento de «alerta por la integridad de Assange» en el que sostienen que lo consideran «ciudadano del mundo y un emblema de la lucha por la democracia. Esos mismos valores que el Estado ecuatoriano reconoció en el momento de concederle el asilo. Hoy Julian Assange está en peligro y con él también la libertad de información, expresión y autodeterminación». «

El secuestro de tres periodistas en la frontera

A pesar de rumores de liberación que trascendieron en algunos medios, el gobierno ecuatoriano confirmó en la víspera del fin de semana que tres trabajadores de prensa del diario El Comercio, uno de los principales de Ecuador, fueron secuestrados en la zona fronteriza de Mataje, provincia de Esmeraldas. El ministro de Interior, César Navas, afirmó que la confirmación del secuestro se deriva de «un contacto», añadió que se tiene «información de que están bien», y alimentó la versión de que estarían en territorio colombiano.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que el equipo periodístico pasó por un retén militar fronterizo y recibió las advertencias para circular en la zona de límite internacional, pero igualmente ingresó a la zona.

«A nombre del presidente Lenín Moreno, expresamos nuestra solidaridad con los familiares y rechazamos estos hechos», apuntó Navas. También hizo un llamado a los periodistas a no exponerse a situaciones riesgosas y revisar el protocolo de seguridad entregado por las autoridades, el que, de ser necesario, “será revisado”, afirmó.

Según pudo saber este diario, algunos familiares de los trabajadores (dos periodistas y un chofer), no depositan toda la confianza en la gestión del gobierno, a la que creen “negligente”. Una medida dispuesta por el gobierno de Moreno es prohibir la difusión de la identidad de las víctimas “y un secuestrado a causa de un conflicto armado sin rostro y sin nombre, es vulnerable”, consideró una familiar. De hecho, el propio diario informa sobre el caso mencionando a “colaboradores” o “trabajadores” del medio. Incluso el video que produjo El Comercio donde varias personalidades manifiestan su solidaridad, evita los nombres. “Nos faltan tres” es el motivo del clip subido al sitio del diario.

La Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador (Asfadec) saltó esta prohibición y reveló la identidad de uno de los secuestrados.

“Como familiares y amigos de personas desaparecidas queremos expresamos nuestra profunda preocupación al conocer que uno de los periodistas secuestrados en el norte del país, es el fotógrafo Paúl Rivas, al cual conocemos por su trabajo sensible con la problemática social”, advirtió en un comunicado en su sitio web