La creciente crisis sanitaria por Covid-19 en Bolivia pone en juego la realización de las elecciones presidenciales para el 6 de septiembre, a pesar de las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral y del Congreso, debido a la postergación que estaría imponiendo el gobierno de facto de Jeanine Añez, quien aún no promulga la ley sancionada por ambas cámaras legislativas.

La disputa entre el partido del expresidente Evo Morales, fuerza que lidera la intención de voto, y el gobierno, se presenta en momentos en que resurge con fuerza el debate sobre la falta de legitimidad de la presidencia interina, erigida tras el golpe de Estado, y de la reaparición de un actor de la política regional que se venía manteniendo silencioso: Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos. Almagro no pudo evitar responder a las conclusiones a las que arribaron investigadores independientes de dos universidades de los Estados Unidos, publicadas por el diario The New York Times, que afirman que aquel informe de la OEA que habla de “fraude” en las elecciones de octubre en Bolivia no es contundente y no logra comprobar lo que sentencia. “En los últimos días se ha articulado una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos, en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia”, lanzó el organismo con sede en Washington en un comunicado poco habitual, por lo extenso, que parece dictado por el propio Almagro, gran defensor de la tesis del fraude. “En algún caso en particular se llega a citar el estudio que presenta más contradicciones e imprecisiones, obviamente marcado por cierta orientación ideológica. Esa combinación demuestra una encomiable aparente lealtad hacia el ex presidente Evo Morales, pero se separa del conocimiento y los lleva a cometer graves errores políticos”, asegura. La OEA llega al nivel de acusar a los investigadores de ser partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) y de hacer “un intento desesperado por ‘lavar’ el fraude electoral que se fraguó sin éxito en Bolivia y generar la percepción de que existe más de un estudio que respalde su posición”. En febrero, el mismo diario había presentado otro estudio de investigadores del MIT que exponían conclusiones similares que refutaban a la OEA.

La actividad de Almagro en sus canales habituales de comunicación volvió a cobrar un tinte político con este tema, recurriendo incluso a instituciones y medios afines que avalen su posición. En cambio no se pronunció sobre la posibilidad de que, como denunciaron sus dirigen-tes esta semana, el MAS sea proscripto tras una querella tardía del TSE al que adjudican “presiones” del Ejecutivo de facto con respecto a las elecciones pasadas. Tampoco sobre la necesidad de realizar elecciones presidenciales en Bolivia y la negativa de Áñez de promulgar la ley y de hablar de postergar los comicios por “uno o dos meses más”. En una carta oficial que responde al pedido de promulgación de la presidenta del Senado, Eva Copa, Áñez pide un “estudio médico y científico en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar las elecciones el 6 de septiembre”. La presidenta de facto asegura además que no es su “afán” prorrogar la gestión, al contrario, dice “usted sabe que ese afán de prorrogarse es cosa del pasado y del líder de su partido, el ex presidente Evo Morales” afirma en el texto al que accedió Tiempo.

La Constitución boliviana faculta al Congreso a promulgar leyes si la firma del Ejecutivo se dilatara por alguna razón, aunque una promulgación presidencial podría contribuir a definir detalles puntuales de la convocatoria. No obstante, la senadora Copa respondió, también en nota oficial fechada el 17 de junio, con un duro mensaje. “Es comprensible que usted y otros líderes políticos no quieran elecciones porque llegaron al poder sin que el pueblo los haya elegido y ahí pretenden quedarse sin pasar por las urnas”, dijo y apuntó que es también comprensible que “la mayoría de Bolivia, que no la eligió, demande la recuperación de la democracia”. En el texto le recuerda a Áñez que su única misión como presidenta interina era la de convocar a elecciones, que el pedido al TSE para fijar fecha fue de su gobierno y que había asegurado que promulgaría la ley. Por lo demás criticó la actuación de la gestión desde el punto de vista sanitario, que produjo dos contagios dentro del propio Congreso, y a modo de devolución solicitó para evaluación de la Asamblea “un informe respecto a los miles de millones de dólares de donaciones y créditos para enfrentar la pandemia”.

La cuestión sanitaria en Bolivia empeoró en las últimas semanas. La región amazónica del Beni y la tropical de Santa Cruz son las más azotadas por el coronavirus. Con más de 11 millones de habitantes, el país se acercaba a los 21.000 contagiados y 700 muertos, en medio de críticas a las formas de abordaje y denuncias por corrupción en la compra de insumos, por lo que el viernes fue detenido el cónsul en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, por una compra con supuestos sobreprecios de 170 respiradores.