Complicidad económica y financiera: más de dos años sin comisión bicameral

Su creación fue sancionada por el Senado en 2015 pero el oficialismo demora la conformación del cuerpo que debe investigar los otros delitos cometidos en la última dictadura. Presiones de la oposición. El exdiputado Héctor Recalde, autor del proyecto, asegura que hay un delito de "acción por omisión".

El 25 de noviembre de 2015, a tan solo 15 días del cambio de gobierno, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece la creación de la Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico-militar. La norma fue promulgada el 2 de diciembre. Dos años y medio después, el cuerpo legislativo no fue creado. 

La votación del Senado dejó claras las posturas de cada espacio político. Si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad, contó con sólo 39 votos ya que la oposición de aquel entonces se retiró del recinto porque no se le concedió la posibilidad de abstenerse.

En el paso previo, en Diputados, tampoco cosecharon votos en contra. La votación tuvo como resultado 170 votos a favor, ningún rechazo y 14 abstenciones, todas del macrismo. 

La posición de Cambiemos frente a la Bicemeral no varió pese a su responsabilidad al frente del Poder Ejecutivo y la conducción del Poder Legislativo que ejerce desde el 10 de diciembre de 2015.

Héctor Recalde, diputado con mandato cumplido, exjefe de bloque del Frente para la Victoria, y autor del proyecto de ley, reclamó en más de una oportunidad "a viva voz y en el recinto" la conformación de la Comisión. Nunca tuvo respuesta por parte del presidente de la Cámara Emilio Monzó.  "Nunca tuve respuesta formal, pero nunca hice una presentación formal porque es muy difícil hacer una nota pidiendo que se cumpla una ley", explicó Recalde a Tiempo.

En 2017, la diputada del Frente para la Victoria Mayra Mendoza presentó un proyecto de resolución para "expresar preocupación por la excesiva demora en la conformación  de la Bicameral que debe investigar los delitos económicos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. 

En los fundamentos del proyecto, Mendoza expresó que el retraso en la conformación fue señalado en las "Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina", realizadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio del 2016.

El proyecto no fue tratado y perdió estado parlamentario. Esta semana Mendoza lo volverá a presentar. 

Para Recalde, la conformación y la puesta en marcha de la Comisión "tiene que ver con el fin de la impunidad" porque "los que ponían la cara eran los milicos, pero los que estaban atrás eran el poder económico".  El autor del proyecto recuerda que para frenar la conformación de la Bicameral el oficialismo contó con la anuencia de parte de la oposición. 

Si bien Recalde considera que esta situación "tiene que tener una solución política", detalló que "hay un delito de acción por omisión". Como al pasar recuerda que planteó "la acción por omisión cuando (el genocida Jorge) Videla no convocaba al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Para el exjefe de bloque "prima un sesgo de derecha" en el oficialismo y advierte una "coincidencia" entre el freno de las causas por delitos de lesa humanidad, el beneficio de la prisión de domiciliaría a los genocidas, y la demora en la conformación de la Bicameral. 

Cada vez que se habla sobre desaparecidos y cómplices civiles de la dictadura el apellido Massot sobrevuela el recinto. Nicolás, presidente del bloque de diputados del PRO, es el sobrino de Vicente Massot, acusado de haber sido uno de los cómplices civiles de la dictadura. Más allá del parentesco, Recalde prefiere "no personalizar". "Me gustaría un debate con él para ver si su posición ideológica prima sobre el debate para terminar con la impunidad, pero más allá de eso no creo que haya que personalizar y menos sin darle el derecho a defensa", explicó el abogado laboralista. 

Dentro del Parlamento, por ahora, la única certeza es que la Comisión Bicameral no ha sido constituida y Cambiemos no pudo explicar aún por qué desde el Poder Legislativo se incumple una ley vigente. El oficialismo debe, a dos años de la sanción de la norma, una respuesta.

25 EMPRESAS

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a Flacso y la Secretaría de DD HH, elaboró un informe en diciembre de 2015, una semana después de la creación de la Bicameral, sobre 25 empresas que participaron en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Las empresas investigadas incluyeron filiales de corporaciones internacionales como Ford, cuyo juicio ya comenzó, y Mercedes-Benz y empresas argentinas como La Nueva Provincia, de la familia Massot, Acindar, Dálmine-Siderca, Ingenio Ledesma, Molinos Río de la Plata y La Veloz del Norte, entre otras.

En el parlamento

2015: Diputados le dio media sanción a la creación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar. Los 14 diputados del PRO se abstuvieron.

2014: Diputados le dio media sanción a la prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad. Hubo 16 abstenciones: los 14 diputados del PRO más Fernando Sánchez y Alicia Terada de la CC.

2009: se incorporó al Código Procesal Penal de la Nación (CPP) el art. 218 bis, que permite la obtención de muestras de ADN tanto del imputado como de otra persona por medios alternativos. De Cambiemos el proyecto sólo fue apoyado por tres diputados de la CC, una diputada del PRO y otra de la UCR. El resto votó en contra o se abstuvo.

2008: Proyecto de ley de reforma del CPP con el objeto de propender a la agilización de las causas: se abstuvieron la UCR y la CC.

2008: Proyecto para la integración de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con jueces subrogantes que hayan sido designados de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución Nacional para agilizar los procedimientos de apelación. El PRO votó en contra, la UCR y la CC se abstuvieron.

2008: Creación de un fondo de recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad. Votaron en contra la UCR, la CC y el PRO.

2003: Salvo nueve diputados que votaron a favor, la mayoría del bloque radical se abstuvo en la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final. 

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