«El gobierno nos quiere desmoralizar. Piensa que por ser mujeres no entendemos, pero no sabe que ya tenemos una voz, que también es la voz de nuestros hijos y familias que esperan cumplir el sueño de la casa propia». Lo dice una pero es como si lo dijeran las tres. Julieta Rosas, María del Carmen Rossi y Nancy Echeverría viven en La Plata y son beneficiarias del programa Ellas Hacen, destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad y centrado en la construcción de viviendas. Pero lejos de reunirse para compartir los logros de la autogestión, denuncian el desmantelamiento del programa, la falta de entrega de materiales y la parálisis de las obras.

En septiembre de 2014, unas 1500 mujeres participaron del convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de Nación con los ministerios de Salud, Economía, Infraestructura y Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que habilitó la construcción de más de un centenar de viviendas en el predio lindante al Hospital de Melchor Romero, que comprende desde la calle 523 a la 526 y de la 173 a la 177. Por medio del documento se asignaron las tierras a la construcción de casas para las beneficiarias del programa (y un 10% para los pacientes del Hospital), al tiempo que los organismos gubernamentales asumieron las responsabilidades de entregar fondos, monitorear, coordinar y acompañar.

«Con el programa –recuerda Nancy– aprendimos a soldar, a instalar caños de agua, a hacer trabajos de albañilería y electricidad pero, más importante que eso, era un espacio de contención, de seguimiento a las compañeras con asistentes sociales, psicólogos, programas de alfabetización, guardería. Para nosotras fue un antes y un después porque nos permitió desnaturalizar la violencia. Aprendimos a trabajar en equipo, el valor de la solidaridad y conocimos nuestros derechos y las obligaciones del Estado».

Nancy conjuga en pasado porque a fines de 2015 los materiales dejaron de llegar, la construcción de viviendas se estancó y los capacitadores fueron despedidos por teléfono.

«Desaparecieron todas las áreas de contención y comenzó un proceso para desmoralizarnos. Cuando un trabajador llega a dar el presente y no tiene nada para hacer es muy duro. Así te están convirtiendo en una persona que no trabaja y sólo cobra un plan social, y nosotras sabemos el contexto en el que estamos donde están volando todos los planes sociales», remarca Julieta.

El vínculo de las beneficiarias del Ellas Hacen con el Estado es a través de sus cooperativas. En estos días comenzaron a llegar intimidaciones a las presidentas exigiendo documentación bajo la amenaza de perder la matrícula. Para ellas no es casualidad.

«Con el gobierno anterior –explica María del Carmen– teníamos un convenio con la UBA por el que nos daban una mano con el marco legal, pero eso se cayó. Igual, no les importa la regulación de los cooperativistas. Es parte del juego macabro de este gobierno porque saben que si se cae el sistema de cooperativas, se cae nuestra relación con el Estado. Es lo más parecido a una renuncia laboral».

El 8 de febrero las beneficiarias tenían una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley pero ni ella ni ningún otro funcionario asistieron. Tampoco dieron una explicación.

«No hay voluntad de reconocer el conflicto al tiempo que están boicoteando el programa con ataques a los cooperativistas. Son tan perversos que quieren que parezca que nosotras somos las responsables de perder nuestro trabajo», concluye Rosas. «

Víctimas de violencia sin contención

Muchas de las mujeres del Ellas Hacen son víctimas de violencia de género. «Tenemos compañeras que fueron prendidas fuego y algunas están desaparecidas», denuncia Rosas. El caso más emblemático es el de Johana Ramallo, a quien buscan desde julio del año pasado. «Que las obras estén frenadas –continúa– implica que las chicas que no tienen dónde ir vuelvan con los maltratadores. La indiferencia del gobierno muestra que no existe el compromiso de erradicar la violencia contra la mujer».