Gendarmería, los pliegues de una "reconversión" anunciada

La fuerza que está en el foco de atención por su actuación en el caso Maldonado carga una larga secuencia de intervenciones en operativos represivos y de conflicto social.
21 de Octubre de 2017

Las piedras y balas de goma que surcaron la Ruta 40 durante la represión que desató la Gendarmería Nacional el 1 de agosto para desalojar el corte que había organizado la comunidad mapuche son parte de los interrogantes que la Justicia intenta, con poco éxito, esclarecer. En ese lugar, casi a la vera del río Chubut, fue visto con vida por última vez el joven Santiago Maldonado, cuyos restos fueron hallados 78 días después. El cuerpo fue encontrado 300 metros río arriba de la zona donde se desarrolló el operativo. Este viernes, apenas Sergio Maldonado reconoció que el cuerpo era de su hermano, señaló a Gendarmería como la fuerza responsable de la muerte y repudió la cerrada defensa que hizo el gobierno nacional para desvincular a los uniformados del caso. La última palabra la tendrá el juez federal de Esquel Gustavo Lleral, pero si confirma la responsabilidad penal que acusan los familiares, la Gendarmería habrá sumado otra víctima a la lista de 70 muertes registradas desde 1995 en la represión estatal aplicada por todas las fuerzas policiales y de seguridad a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo y vivienda a lo largo de todo el país. La cifra forma parte del archivo de casos que releva desde entonces la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), donde Gendarmería acumula, al menos, el 15% de las muertes. Sin embargo, entre las sórdidas escenas del último operativo resuelto a los piedrazos, cuando Maldonado todavía estaba vivo, quedó plasmado el momento político que transita esa fuerza de seguridad militarizada en su relación con el gobierno civil de Cambiemos, el último capítulo de un ciclo que registra una decena de hitos, y tragedias, desde la recuperación democrática. 


Orígenes 

Hasta 1984 Gendarmería dependió del comando en Jefe del Ejército. El Decreto 2259/84 puso a esa fuerza debajo de la órbita del Ministerio de Defensa, una dirección política que poco después sería compartida con la cartera de Interior, a partir de la sanción de la Ley de Seguridad Interior, que buscó limitar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. En esa tensión originaria de la restauración democrática (que 30 años después volvió al centro de la discusión política con la presidencia de Mauricio Macri) la Gendarmería integró el sistema de Defensa Nacional, y también el de Seguridad Interior, una doble rol que jamás abandonó, aunque desde 1996, cuando Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad, la fuerza verde olivo pasó a depender directamente del Ministerio del Interior. No fue un eufemismo ni un tecnicismo ese cambio en medio del incremento de conflictividad de esos años, que estarían signados por la aparición del corte de ruta como una nueva instancia del reclamo social ante el empeoramiento de la crisis económica. 

Apenas Gendarmería sumó la salvaguarda de rutas y "áreas estratégicas" al histórico control fronterizo que ejerce desde 1930, la primera represión que desataron sus efectivos en el Conurbano fue inmediatamente después de la creación de la Secretaría de Seguridad. El 7 de marzo fue enviada por orden del juez federal de Lomas de Zamora a desalojar las protestas que realizaban los vecinos del partido bonaerense de Ezeiza para evitar la instalación de torres de alta tensión de Edesur en la zona. Bajo la tutela del entonces ministro Carlos Corach, los efectivos aplicaron la orden del juez Alberto Santamarina y pusieron en marcha un operativo que se repetiría con virulencia durante todos los años siguientes: un avance cerrado y blindado con palos, gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. El bautismo de fuego urbano de la Gendarmería fue virtualmente leve en relación con lo que vendría después. En Ezeiza hubo siete heridos de distinta consideración y cinco detenidos, el arranque de una saga que continuó tres meses después en Cutral Có y Plaza Huincul, con el envío de 400 efectivos para reprimir uno de los primeros levantamientos masivos de trabajadores desocupados provenientes del sector petrolero y energético. La cacería continuó en la zona sur bonaerense con la represión de los primeros cortes de ruta en la "Rotonda de Alpargatas", en Berazategui. Para entonces ya habían pasado dos años del asesinato de Víctor Choque, el 12 de abril en Tierra del Fuego, a manos de la policía provincial, cuyos efectivos fueron enjuiciados, paradójicamente, gracias a una pericia de Gendarmería. Dos años después, en la misma fecha, la enfermera Teresa Rodríguez caía de un balazo disparado por policías provinciales en Neuquén, durante el apogeo de las primeras puebladas que se transformarían en extensos piquetes. 

Las balas de plomo que Gendarmería peritaba hasta entonces en investigaciones sobre otras fuerzas, fueron disparadas por sus efectivos una semana después de la asunción de Fernando de la Rúa en 1999. El 17 de diciembre de ese año el flamante ministro Federico Storani envió tropas de gendarmes a desalojar el corte del Puente General Belgrano que une Chaco con Corrientes. El operativo marcó a fuego el estreno de la tragedia política de la Alianza: Mauro César Ojeda y Francisco Escobar fueron asesinados con balas de plomo calibre 22, que fueron disparadas a mansalva sobre los manifestantes. Además de los dos muertos, hubo 40 heridos (siete baleados) y 30 detenidos. Casi un año después, en noviembre de 2000, Aníbal Verón sería asesinado en Tartagal a manos de la Policía salteña.

Pasado y presente 

"La Gendarmería es una fuerza a mitad de camino. Hay que ubicarla entre los militares y las policías. A los propios gendarmes les gusta esta distinción porque los mantiene alejados del desgaste de ambas fuerzas. Es una policía de frontera, dedicada durante mucho tiempo al control en los puntos de fronteras u otros lugares estratégicos como la estación terrena de Balcarce o  Atucha", define el abogado y especialista Esteban Rodríguez Alzueta, autor del libro Temor y control, la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. 

En diálogo con Tiempo, el experto analizó los orígenes represivos, y recuerda que el primer operativo fue en 1935 para reprimir a los obreros de La Forestal, a partir de la decisión del entonces presidente Agustín Justo para crear esa fuerza, que poco después contaría con un servicio de inteligencia propio que sigue en activo funcionamiento. 

Según el Presupuesto, para el año próximo la Gendarmería cuenta con 38.904 uniformados para custodiar 9376 kilómetros de frontera y con responsabilidad en otros 22.443 kilómetros de "autopistas y corredores viales", donde hace valer su control represivo desde los '90, además de la asignación de misiones especiales en caso de acuartelamientos policiales, como los 1300 efectivos enviados a Mendoza el 21 de octubre de 1998 para sofocar el sublevamiento de esa policía provincial, o las misiones que les encomendó en 2003 un recién llegado Néstor Kirchner para contener los problemas salariales de las fuerzas del norte. Para entonces, la Gendarmería venía de tener un papel secundario, pero activo, en el operativo conjunto que ordenó el interinato de Eduardo Duhalde para desalojar el corte del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, que provocó el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a manos de la Bonaerense. 

Cinturón verde y Proyecto X

Los casi 40 mil efectivos que tiene la fuerza en la actualidad contrastan con los 17 mil que tenía en 2003. Las razones del incremento tuvieron que ver con el desembarco de la Gendarmería en el Conurbano bonaerense y en la Capital a través del Plan Centinela, que impulsó el entonces ministro Aníbal Fernández con su secretario de Seguridad, Héctor Masquelet, y su reedición posterior con el Cinturón Sur, que condujo la gestión de Nilda Garré.  

"Gendarmería funciona como una rueda de auxilio, pero hay matices, porque en materia de protesta social, cuando se planteó la no represión de la protesta, Gendarmería funcionó de manera importante como el cuerpo que ejercitaba con mayor profesionalidad esa directiva del poder civil", sostiene Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Algunos cuerpos mostraron ese profesionalismo, pero después en la Panamericana con (Sergio) Berni, las cosas se pusieron más complicadas", explicó la especialista.

Para Litvachky, en esa fuerza "se canaliza la tensión de la militarizacion de la seguridad interior". Y argumentó: "Desde el punto de vista positivo hace como cierta barricada para evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, pero si les das vía libre y los dejás intervenir como pueden, es otra situación". 

Sucede que, en la visión de Litvachky, el gobierno de Macri introdujo otros elementos en la gestión de la fuerza. "Le dan un perfil muy complicado a Gendarmería, no sólo en materia represiva, sino en términos de inteligencia interior".  

La estructura de espionaje de esta fuerza de seguridad no se aplacó cuando fue denunciado en 2013 el Proyecto X, una base de datos actualizada periódicamente denunciada en 2011. 

Sin embargo, desde la llegada de Patricia Bullrich al cargo, el área de inteligencia criminal es prácticamente un eufemismo, ya que el aparato de espionaje de Gendarmería cuenta, según sostiene el CELS, de una estructura muy similar a "los plumas" de la Policía Federal:  el cuerpo de investigaciones creado en los '60 para hacer espionaje interior que nunca fue desmantelado. La operación más cercana y vigente de ese aparato quedó en evidencia durante el caso Maldonado, desde el seguimiento que denunció la familia, hasta los archivos que filtró la prensa, donde aparece un férreo control de la zona que el Gobierno se empecina en negar, pero que llegaba cotidianamente al escritorio de la ministra Bullrich, y de su jefe de asesores y mano derecha, Pablo Noceti. «

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