Signo de la pobreza en Chile: 3 millones de pedidos de retiros jubilatorios en un día

Piñera, como forma de asimilar la dura derrota, se abroquela en el núcleo más derechista. Son diarias las protestas en las calles y los cacerolazos contra el gobierno.
(Foto: AFP)
2 de agosto de 2020

La derrota política de Sebastián Piñera empieza a cobrarse los costos en Chile. Tras la aprobación del retiro anticipado de fondos de pensiones en el Congreso, gracias en parte a votos del oficialismo, el presidente se abroqueló en el núcleo más derechista de su coalición Chile Vamos, mientras la situación económica continúa crítica y el gobierno iniciará una etapa de “desconfinamiento” para motorizar la economía, cuya caída se confirma en las más de 3 millones de solicitudes de adelanto de los fondos de AFP apenas un día tras su puesta en marcha. Mientras este antecedente podría predisponer aún más a la población para volcarse por aprobar el plebiscito por la reforma constitucional ya confirmado para el 25 de octubre, según evalúa el dirigente opositor Marco Enríquez Ominami, Piñera promovió varios cambios en su Gabinete incorporando representantes de la ultraderechista UDI, entre ellos el pinochetista Víctor Pérez para la cartera de interior. Todos manifiestos opositores a reformar la Carta Magna sancionada en tiempos de la dictadura.

“Que Piñera sea de derecha no es novedad, que gobierne con la derecha nostálgica de la dictadura, tampoco. Pero frente a una derrota de este tamaño, una crisis económica que requiere diálogo entre opositores y oficialistas, que decida un gobierno ideológico y no pragmático sí es grave, porque hoy está defendiendo su tercio electoral, el de la ultra derecha, para bloquear los cambios constitucionales”, comentó Ominami a Tiempo. “Chile necesita que las fuerzas políticas dialoguen. Pragmatismo, humanismo mucho más que ideología”.

Los chilenos igualmente se mantuvieron estos días en estado de protesta. El viernes por la noche, mientras el presidente hacía su presentación anual ante el Congreso, se desarrollaron en varias ciudades protestas y cacerolazos entre otros contra el mal manejo de la pandemia, por una salud digna y en homenaje a las víctimas de la represión. Ese día se conocieron datos sobre el desempleo establecido en un 12,2% en el trimestre abril-junio. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, se trata del registro más alto desde 2010. Sin embargo la cifra deja fuera a las 801.800 personas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, creada en marzo para enfrentar los efectos de la pandemia, sin la cual, el desempleo llegaría al 22,8 por ciento.

La crisis se comprueba en el hecho de que apenas habilitado el sistema, las solicitudes de retiro del 10% de los fondos de pensión se presentaban a razón de 5000 por minuto, según reflejó El Mercurio. Al cierre de esta edición habían ingresado al sistema 3.024.000 millones, casi un tercio de los 11 millones de afiliados, de una población total de 21 millones. "Esperábamos que mucha gente acudiera pero, sin duda, que lo que ha acontecido este primer día está en el tope de nuestras expectativas", reconoció el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

En octubre, los chilenos votarán por aprobar o rechazar la reforma a una Carta Magna que, desde origen, funcionado como una suerte de “blindaje” a la posibilidad de satisfacer demandas sociales. El gobierno y el Servicio Electoral decidieron que el referéndum se realizará en un solo día con un horario extendido, pese al avance del coronavirus. Según la encuestadora Cadem, el respaldo popular al plebiscito creció hasta el 71% entre quienes se inclinan por aprobar una nueva constitución. La izquierda, centroizquierda y el progresismo se lanzaron en pleno a la campaña por lo que puede ser un cambio histórico. Una reforma que podría además recoger las principales demandas que provocaron el “estallido” de 2019 y que reclaman, entre otros, un Estado que esté más al servicio del pueblo, que deje la lógica liberal y privatista, y que garantice derechos básicos como educación, salud y seguridad social.  “La reserva legal reforzada a que están sujetos algunos derechos sociales por mandato de la Constitución dificulta el cambio”, opinó la constitucionalista Miriam Henríquez, de la Universidad Alberto Hurtado, en el sitio Ciper. El plebiscito incluye también el modo en que se haría la reforma: a través de una "convención mixta" de parlamentarios y ciudadanos; o una "convención constitucional". El proceso puede llegar a durar dos años. «

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