El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, todavía no le dio curso al pedido del fiscal Juan Pedro Zoni para volver a investigar las irregularidades en la causa Correo Argentino. Zoni pidió el 16 de abril pasado que se reviera la decisión de apartarlo de la fiscalía federal que ocupaba para enviarlo a una de instrucción penal, alejada de las cuestiones calientes que involucran a funcionarios del actual y los anteriores gobiernos. Pero Casal todavía ni siquiera envió el expediente al área jurídica para que dictamine, un paso previo a la decisión final. Ergo: Zoni sigue lejos de la Causa Correo.
Sin embargo, durante la semana pasada, la Cámara en lo Comercial avaló la continuidad de la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín en el expediente en el que está en juego la multimillonaria deuda de las empresas de la familia Macri que administraron el Correo en su etapa privada. El fallo no sólo respalda a la fiscal sino que la habilita a intervenir en una instancia en la que su participación no está taxativamente prevista. La Fiscal General de Cámara posee legitimación para requerir medidas que considere esenciales, en procura de obtener los elementos necesarios que permitan dirimir cuestiones pendientes, sostiene el fallo.
¿Qué significa eso? Que por una vía oblicua, Boquín podría obtener pruebas sobre maniobras irregulares en el expediente comercial, que salpiquen a la causa penal. Dicho de otro modo: de manera indirecta podría entreabrir la puerta que se cerró con la salida de Zoni.
El respaldo a Boquín contiene numerosas citas y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. «La Constitución Nacional asigna al Ministerio Público la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad», «la Corte Suprema admitió su intervención (aludiendo al Ministerio Fiscal) en supuestos no específicamente establecidos por la norma, por considerar indispensable su actuación para preservar el ejercicio de las funciones que la ley le encomienda, para custodiar el orden público y defensa del orden jurídico en su integridad».
Una de las dos juezas que firma ese fallo es la camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. Se trata de la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la representación corporativa de jueces y fiscales. Un organismo en el que suele recostarse el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. ¿Hay en el fallo que avala a Boquín algún mensaje encerrado?
Por lo pronto, de la lectura del expediente se desprende que los abogados de Correo Argentino (las empresas Sideco y Socma, de la familia Macri) intentarán llegar hasta la propia Corte Suprema con su intención de apartar a Boquín. Corrección: no sólo pretenden sacar del terreno a esa fiscal; el objetivo es que ningún fiscal intervenga en el proceso.
Para llevar el caso ante la Corte los abogados deberían plantear un «recurso directo» o «recurso de queja». Se trata de esos planteos que el máximo tribunal suele declarar «inadmisibles» en resoluciones muy escuetas, de apenas dos párrafos, en los que invocan el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para decir que no es un tema que amerite la intervención de la máxima instancia judicial. Pero, claro está, hay casos y casos
Por lo pronto, Boquín quedó fortalecida pero sola. Junto con Zoni y con el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, formaban una troika que avanzaba en varios frentes en la Causa Correo.
Pero Zoni, queda dicho, parece tener pocas posibilidades de volver a su cargo. Y a Rodríguez, cuya estabilidad es sólida, le llegó la semana anterior un misil inesperado. El juez federal Claudio Bonadio lo denunció penalmente y le promovió una investigación administrativa ante la propia Procuración General (junto con su colega Federico Delgado). A ambos les reprocha supuestas irregularidades en la declaración por videoconferencia del arrepentido brasileño Leonardo Meirelles, uno de los que destapó el escándalo de corrupción denominado «Lava Jato» en su país, y aseguró que le pagó coimas al titular de la AFI, Gustavo Arribas.
En condiciones normales, el fiscal Rodríguez no debería preocuparse. Pero en los hechos, Bonadio lo puso en manos del procurador interino Casal, el mismo que borró de la Causa Correo al fiscal Zoni. «
